Carmena pide a Sánchez que desbloquee 7.000 millones para los Ayuntamientos antes de las elecciones
Madrid reclama al Ejecutivo que apruebe el real decreto que le permitirá ejecutar 1.000 millones en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha urgido al Gobierno central de Pedro Sánchez a que apruebe el real decreto del que dependen 7.000 millones de euros de superávit que los municipios pueden emplear en proyectos que no cuentan para la regla de gasto, las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Madrid, según el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, debería tener acceso a 1.000 millones de euros, por eso ha pedido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que se saquen el decreto adelante cuanto antes y, en cualquier caso, antes de las elecciones del 28 de abril.
El retraso en la aprobación del decreto impide al Ayuntamiento comenzar las tramitaciones de proyectos de 2019, según ha explicado García Castaño. "Esto para el Ayuntamiento es grave", ha señalado el concejal. Madrid se conforma, con tal de que salga ya adelante, con que se publique la misma norma que el año pasado, aunque sea sin mejoras.
García Castaño ha hecho esta petición durante la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, que ha dado el visto bueno a la liquidación del Presupuesto General de 2018 del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, que cumple la regla de gasto, el equilibrio presupuestario y el endeudamiento.
El ejercicio presupuestario, como ya se sabía, se salda con un superávit de 1.072 millones de euros. Este dato sitúa a Madrid como la entidad local con el mayor superávit de toda España y contribuirá a reducir el déficit consolidado del Estado en un 0,1 % del PIB.
El remanente de tesorería, ha recordado el concejal, asciende a 1.250 millones, mientras que la ratio de deuda viva se redujo en 720 millones y se queda en el 59,86 %. Según el Ayuntamiento, se trata de un porcentaje muy por debajo del 75% contemplado por la legislación estatal como el límite a aplicar al régimen de endeudamiento en las entidades locales.
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