Una empresa de VTC de Cabify despide a 392 personas

Vector Ronda, propietaria de licencias de vehículos de transporte concertado (VTC) que provee a Cabify, presentó ayer un expediente de regulación de empleo que afectará a 392 trabajadores. La compañía hizo ese paso, que completará la próxima semana con 400 despidos más, el mismo día que el Parlament convalidó el decreto que regulará las VTC en Cataluña. Esa aprobación se llevó a cabo pese al dictamen contrario del Consejo de Garantías.

Fuentes de Vector Ronda señalaron ayer que prevén presentar nuevas regulaciones de empleo entre el lunes y el martes, que afectarán a unos 400 empleados más, por lo que la afectación prevista será de 800 personas. La compañía se suma al ERE que ya planteó Moove Cars para 730 conductores.

No hubo mucho tiempo de diferencia entre la presentación del expediente de regulación de empleo y la votación del Parlament en la que se convalidó el decreto que limita el uso de las VTC en Cataluña y que originó las críticas de los operadores y la presentación de EREs. El texto fue aprobado gracias a los votos de Junts per Catalunya, ERC, PSC, Catalunya en Comú y la CUP. Solo se opusieron los diputados de Ciudadanos y el PP.

El texto legal obliga a que las VTC se hagan con una prereserva de 15 minutos y habilita al Área Metropolitana de Barcelona a ampliar ese periodo. La corporación supramunicipal prevé elevar ese umbral hasta la hora y asistir así las pretensiones de los taxistas, que se han movilizado con el bloqueo de las principales vías de comunicación de la ciudad con el objetivo de que las VTC no tuvieran un marco legal propicio.

Libertad de empresa

El beneplácito parlamentario al decreto llega pocos días después de que se conociera un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. Este documento del órgano consultivo, cuya adopción no es obligatoria por parte de las administraciones, considera que el decreto vulnera el derecho a la libertad de empresa. Ciudadanos interpuso un recurso para que el consejo mostrara su opinión sobre el decreto ley. Sus conclusiones defienden que la regulación aprobada por el Govern fija “restricciones no razonables” que atentan contra un derecho contemplado en la Constitución.

El consejero de territorio, Damià Calvet, remarcó que el decreto pretende cerrar “los enormes vacíos administrativos y ganar tiempo con rigor” para culminar la ley integral de regulación del transporte con turismos de menos de nueve plazas en la que el Govern ya está trabajando. Calvet negó que el decreto limite la libertad de empresa, tal y como defiende el Consejo de Garantías.

La diputada de Ciudadanos Marina Bravo denunció que es “increíble, peligroso y muy irresponsable” que el Govern “ignore” al Consejo de Garantías. El popular Santi Rodríguez lamentó que se regule el VTC y, en cambio, no se haga lo mismo con el taxi.