Los comunes suspenden las negociaciones de los Presupuestos

Los comunes han decidido suspender las negociaciones que mantenían con el Gobierno catalán para poder aprobar los Presupuestos de este ejercicio. La formación de izquierdas, eventual socio preferente del Ejecutivo para lograr el aval de las cuentas, han acordado frenar esas conversaciones al sostener que todavía no han recibido las cifras globales y que en cualquier caso están muy lejos de las del gabinete de Quim Torra en inversión social. "Por ese motivo damos suspendidas las negociaciones", han afirmado fuentes de los comunes a Europa Press que han confirmado a este diario. Fuentes del Govern han insistido hoy en continuar con las negociaciones previstas para esta semana y han reclamado a los comunes que sus cálculos fiscales sean "correctos y razonables" al tiempo de que les acusan de subordinar su posición a la aprobación de los Presupuestos del Estado.

El Govern pide seguir las negociaciones y reclama a los comunes que no subordinen su voto a los Presupuestos generales

Miembros de la formación de izquierdas han reiterado su voluntad de acuerdo pero ven "muy difícil" alcanzar unos mínimos tras sopesar la información que les traslada el Govern y el margen de negociación. "No se han movido desde la primera reunión que tuvimos en noviembre", señalan las mismas fuentes que apuntan que, hasta ahora, han mantenido seis reuniones sectoriales por departamento donde no les han planteado medidas sustanciales para acercar posiciones. En las seis citas siempre ha estado presente la secretaria de Presidencia, Meritxell Masó (JxCat), y el secretario de Economía, Albert Castellanos (ERC), además de miembros del departamento en cuestión.

El eurodiputado Ernest Urtasun ya avanzó este sábado que tampoco había habido ningún acercamiento en el aumento de la presión fiscal en IRPF y en Sucesiones y que no habían recibido ninguna oferta. Los comunes siguen sin tener el dato global del presupuesto para comparar con el ejecutado en 2018 y solo tienen datos parciales de cada departamento. "Poco margen vemos", dicen fuentes de partido, sorprendidos por lo que consideran una cerrazón del Ejecutivo.

Los comunes presentaron en noviembre un decálogo de mínimos que implicaba una inversión social de 1.700 millones. El Govern sostiene que esas prioridades están contempladas en las cuentas pero no al nivel que pretende la formación de izquierdas a la que reprocha no haber realizado ninguna contra propuesta. La distancia más notable se centra en el departamento de Sanidad. El Govern plantea aumentar la inversión en 535 millones respecto a 2017 lo que supone un aumento del gasto en un 6% además de revisar el tiempo en las listas de espera. El presupuesto alcanzaría los 9.411 millones, lo que lo convertiría, dice el Govern, en el tercero más alto de la historia.

La secretaria del departamento, Laura Pelay, planteó en una reunión el 9 de enero la contratación de 200 médicos inscritos en el acuerdo de diciembre que supuso el final de la huelga del sector. Entonces, Sanidad se comprometió a contratar a 250 doctores y, de momento, ha incorporado a una treintena. Los comunes exigen, sin embargo, la incorporación de 850 profesionales para destensionar el sector. "Pero no hay ninguna propuesta para extenderla a la sanidad concertada", que prevé paros en febrero. "La excusa para no aceptar los 850 profesionales nuevos es que no se encuentra a tantos profesionales. Les decimos que incluyan la partida y que luego ya veremos si se encuentran o no", alegan.

Las negociaciones tampoco marchan mejor en Educación. El Govern quiere recuperar la corresponsabilidad en financiar las plazas de guardería, que se traspasó a los ayuntamientos y consejos comarcales en el mandato de la consejera Irene Rigau, y contempla destinar al menos 20 millones, con la voluntad de ir aumentado su participación. En la reunión del pasado viernes con la secretaria de Educación, Núria Cuenca, el Govern quiere destinar 425 euros por plaza cuando los comunes reclaman 1.300. "Y tampoco hicieron propuestas concretas de becas comedor en Secundaria". En Universidades, los comunes consideran irrenunciable la reducción del 30% de las tasas mientras el Govern prevé alcanzar esa reducción en tres años y aplicar mientras tanto un cambio de modelo: el secretario de Universidades, Francesc Xavier Grau, plantea equiparar el precio de grados y máster, introducir las becas salario. Universidades contrapone un aumento de 72 millones de euros distribuidos así:  42 millones para enjuagar el déficit estructural; 15 para la reducción de tasas y otros tantos para captar talento joven.

Los comunes exigen la contratación de 850 médicos y el Govern solo prevé 200 

Con todo, la "peor reunión", según los comunes, se produjo este lunes con el secretario de Asuntos Sociales, Josep Ginesta (ERC), que plantea destinar 295 millones a la Renta Garantizada de Ciudadanía cuando los comunes exigen 500 millones. "Ellos respondían que no hace falta. Hablan de que se está aumentando en 55 millones, pero no sabemos si se refieren al ejecutado", señalan los comunes. Paralelamente, reclaman 3.500 plazas para residencias de ancianos, mientras que el departamento les dijo que no preveían ninguna, aseguran. Sobre la inversión en menores migrados no acompañados (Mena), la inversión aumenta "unos 30 millones, pero es un cambio de partida, es decir, lo sacan de los fondos de contingencia que pasan a los presupuestos ordinarios".

El Ejecutivo rechaza rebajar las tasas universitarias en un 30% y planea alcanzar ese porcentaje en tres años

Pese a que están cerca, las dos partes tampoco están de acuerdo en el asunto de la devolución de la paga extra que se les adeuda a los funcionarios. Así se constató en la reunión del pasado 11 de enero, el secretario de Interior, Brauli Duart, y el de Políticas Digitales y Administración Pública, Xavier Gatius. 'En el tema de funcionarios es cierto que estamos cerca, pero nos insinuaron que el retorno de la paga doble no está 100% garantizada a final de año', y han añadido que el Govern plantea que esa paga doble no compute en la regla de gasto --alegan que no es un gasto recurrente sino el retorno de una deuda--, pero para conseguirlo necesita un acuerdo con el Estado, que los comunes ven difícil si el Ejecutivo no respalda los Presupuestos del Estado.

El parque de vivienda pública es crucial para los comunes y las posiciones están muy alejadas. el secretario de Territorio, Ferrán Falcó, y el director adjunto de la Agencia de la Vivienda, Jaume Font, explicó a la formación de izquierdas el 17 de enero que su intención era ampliar el parque en 40 viviendas cuando los comunes reclaman 450. "No van más allá de eso", dicen. Los comunes pedían que al menos se dotara para acabar con las listas de espera de las mesas de emergencia a la que va gente que no tiene dónde vivir: el Govern planteó "como máximo reducir esas listas a la mitad".