El Govern ofrece a los comunes un simbólico cambio en el impuesto de sucesiones
La coalición de izquierdas mantiene serias discrepancias con el Govern en educación, sanidad y renta garantizada de dependencia en la negociación de los Presupuestos
Las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat continúan encalladas a la espera de que se reanuden este enero. Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, se reunió en noviembre con Catalunya en Comú, visualizándose la enorme distancia que les separa. Los comunes piden un aumento del gasto de 1.425 millones de euros y plantean una reforma fiscal para gravar a las rentas más altas y cambiar el impuesto de sucesiones y donaciones. El Govern, de momento, solo quiere modificar este último tributo y calcula que podría ingresar 40 millones de euros.
El Govern considera a los comunes socios preferentes después de que el PSC se haya descolgado al vincular directamente la aprobación de las cuentas a las de los Presupuestos del Estado. No es esa la posición de Catalunya en Comú, que no los supedita. Con todo, David Cid, diputado de la coalición de izquierdas, admite que ve “muy difícil” que los cuentas catalanas se aprueben si encallan las del Congreso por que las arcas de la Generalitat dejarán en ese caso de percibir ingresos. Por ejemplo, peligran los 350 millones de euros —200 para mossosy 150 para infraestructuras— que Aragonès pactó con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión bilateral.
Unas cuentas sujetas a la regla de gasto
El Presupuesto de la Generalitat prevé aproximadamente una mejora del gasto de 1.600 millones de euros respecto 2017. La regla de gasto le impide aumentar el desembolso por encima del 2,7% respecto al último presupuesto aprobado. Los comunes sostienen que el Govern tiene comprometida buena parte de esa inversión en consolidar plantillas y en el aumento salarial. Con todo, las dos partes comparten el criterio de contratar 250 bomberos y 750 de mossos. La Generalitat acordó con los sindicatos pagarles el 40% de la paga extra que tienen pendiente de 2013 (el 60% restante y la de 2014 lo abonarán de forma escalonada hasta 2022). Los comunes querían ya el pago total que ascendía a 495 millones de euros.
Aragonès y Cid y la diputada Jéssica Albiach se citaron en noviembre y las dos partes relataron la reunión de forma tan opuesta que parecía que no hubieran estado en la misma. El vicepresidente aseguró que el proyecto recogería nueve de los 10 puntos del decálogo de “mínimos” de los comunes, quienes después negaron esa visión tan optimista porque la inversión que proponían estaba lejos de sus reivindicaciones. Lo que quedó claro es que el Govern no piensa afrontar la reforma fiscal que piden los comunes. No tiene la intención de hacer cambios en el tramo superior del IRPF y en el impuesto de sucesiones y donaciones se plantea únicamente modificar las bonificaciones para recaudar 40 millones. Cid afirma que esa negativa no será una línea roja pero sí si no les garantizan la inversión social que reclaman. Y avisan que serán intransigentes en educación, sanidad, vivienda y renta garantizada. La coalición de izquierdas, que espera aún que el Govern les traslade algún documento, presentó un decálogo de “mínimos” para superar una década de austeridad. Estas son las principales diferencias que les separan del Gobierno.
1. Educación. Según los ejes estratégicos para las cuentas, divulgados en una reunión con los sindicatos y las patronales el día 17, el Ejecutivo asegura que el gasto en Educación se sitúa en niveles de antes de la crisis al asignar 210 millones más respeto al gasto de 2010. Según los comunes, el Govern prevé invertir 400 millones de euros pero en su mayoría los tienen comprometidos para consolidar las plazas de docentes (4.692 profesores) y en el aumento salarial. Los comunes afirman que solo quedarían 30 millones para el resto de partidas educativas. Y no alcanzan ni de lejos para atender sus reivindicaciones: 245 millones para la escuela inclusiva y 45 para guarderías —el Govern plantea 20 millones—. Ni tampoco para pagar los 40 millones de deuda contraída con el Ayuntamiento de Barcelona.
2. Sanidad. Economía maneja aumentar la inversión en este capítulo en 500 millones respecto a 2017. La partida, para los comunes, también queda corta para colmar sus reivindicaciones: la incorporación de 850 médicos cuando el Govern quiere contratar a 200.
Diferencia de 200 millones en renta ciudadana
La Generalitat baraja que el Departamento de Trabajo, Acción Social y Familia alcance un presupuesto de 3.200 millones de euros, el mayor de su historia. De esa suma, 1.500 serían para dependencia. Su plan es invertir unos 300 millones de euros en desplegar la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La propuesta es insuficiente para Catalunya en Comú, que aspira que a esa cantidad se le agreguen 200 millones más para alcanzar como mínimo 500 millones. Fue esa la suma, cuando se aprobó la ley, que calculó el Govern que necesitaría para atender las peticiones de los ciudadanos. Los comunes tienen más discrepancias con el Govern en el capítulo de servicios sociales: la coalición de izquierdas pide una inversión de 84 millones en la creación de 3.500 plazas de residencia para gent gran y fijar en 118 millones el gasto en políticas de infancia (el doble de lo asignado hasta ahora). Ese modelo no es el del Ejecutivo que en este capítulo se propone apostar por los centros de día.
3. Vivienda. La comisión de Urbanismo del Parlament aprobó la propuesta estrella de Ada Colau para que las nuevas promociones inmobiliarias destinen el 30% de su oferta de vivienda a pisos sociales. El Govern descartó destinar conjuntamente con ayuntamientos y diputaciones 450 millones a políticas de vivienda.
4. Matrículas universitarias. Las catalanas son las tasas más altas de España y los comunes quieren revertir esa situación con un primer paso: reducir el precio de las matrículas en un 30% con una inversión de 50 millones. El Govern rechaza esa rebaja lineal y plantea gastar 25 millones en tres frentes: 6,5 millones para reducción de tasas; 9,5 millones en becas-salario y otros tantos para igualar precios de másters y grados.
5. Banca pública. El Govern coincide con los comunes en convertir el Institut Català de Finances en una banca pública. Para ello, deberá contar con el beneplácito del Banco de España. Además, Ejecutivo y comunes discrepan en la asignación a la carteta de Cultura para que se acerque al 2% de los Presupuestos; en destinar 28 millones de euros a la violencia de género —14 millones— o la conexión del Tranvía por la Diagonal.
