Comunes y el Govern marcan sus líneas rojas sobre las cuentas

El Govern necesita imperiosamente un socio para aprobar los Presupuestos del 2019 y ha fijado su mirada en los comunes, que pueden darle los ocho votos que precisan para darles luz verde. El presidente de la Generalitat Quim Torra ha decidido que el Ejecutivo no impulsará un proyecto de cuentas sino tiene antes la garantía de que prosperará para que no le pase lo que le sucedió dos años antes a Carles Puigdemont cuando la CUP se lo tumbó. Los comunes aprovecharon ayer esa condición de socios preferentes y marcaron sus líneas rojas en una inminente negociación. El diputado David Cid, de los comunes, advirtió que no les vayan a llamar si no quieren impulsar “una reforma fiscal en serio o no tendremos acuerdo”.

La modificación tributaria a la que aspira la formación de izquierda es una mayor presión fiscal en el impuesto de sucesiones y donaciones para quienes reciban grandes herencias y un aumento del tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas. El debate se visualizó ayer en el Parlament durante una moción de la diputada socialista Alicia Romero que arrojó dos datos claros: la mayoría independentista se opone a retocar sucesiones —votó en contra— pero se abstuvo en la votación para aumentar el IRPF —“para que se convierta en un impuesto más justo y progresivo especialmente en las rentas más altas”, dice la moción, que acabó prosperando.

El posicionamiento de Esquerra y Junts per Catalunya, que votaron en bloque, deja una clara pista de por dónde quiere enfocar las negociaciones con los comunes. Cid fue muy claro: “No vengan a buscarnos si no van a hacer una reforma fiscal en serio”. El ecosocialista defendió que el Govern dispone de margen para aumentar recursos con la modificación de los dos tributos. Según sus cálculos, la contrareforma del impuesto de sucesiones aplicada por Mas ha comportado dejar de ingresar estos últimos años 4.000 millones de euros. Respecto al impuesto del IRPF, el diputado de los comunes alegó que solo pagan la tasa más alta quien tiene ingresos por encima de los 170.000 euros. “En Valencia, el tramo más alto se paga a partir de 100.000 euros”, afirmó. “Si no quieren tocar sucesiones ni el IRPF ¿Qué quieren hacer? Una reforma simbólica?”, dijo con ironía Cid.

El diputado Lluís Salvador, de ERC, afirmó que están abiertos a incorporar en el debate de los presupuestos la “progresividad” con los grupos que quieran responsabilizarse de las cuentas, incluidos también los socialistas. “Estaríamos encantados”, dijo. Sin embargo, Alicia Romero afirmó que aún espera que alguien del Govern coja el teléfono.

La diputada socialista reivindicó que su moción está destinada no a subir los impuestos a todo el mundo —como le reprocharon Ciudadanos y PP— sino a quienes más tienen. “Es que ni se han leído la moción ni me han escuchado”, dijo. La Cámara aprobó con 85 votos a favor y 44 en contra que los partidos catalanes con representación en el Congreso avalen la necesidad de modificar el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar la posibilidad de veto del Senado a unos nuevos límites. La Mesa de las Cortes, monopolizada por Ciudadanos y el PP, impidió en septiembre pasado la reforma exprés de esta norma que impulsaba el Gobierno y que permitía aumentar el dinero destinado a la Generalitat en los Presupuestos Generales.

Los comunes también han enmendado una de las mociones de la CUP para incluir el compromiso de la Govern de pagar la paga extra de 2014 que se adeuda a los funcionarios catalanes antes de que finalice 2019. La de 2015 se tendría que abonar al año siguiente. Todos los grupos —menos Esquerra y Junts per Catalunya, que se abstuvieron—, votaron a favor. La Vicepresidencia Económica envió el miércoles una carta al Gobierno para pedir un cambio legal para poder pagar la paga extra. La Generalitat cumplió los objetivos de déficit y deuda pero no la regla de gasto, las dos condiciones establecidas para poder destinar dinero a las pagas.