Cataluña es Estado

Alabama intentó evitar que dos estudiantes negros accedieran a la Universidad de este estado, donde se seguían rechazando las admisiones de afroamericanos, aunque el Tribunal Supremo Federal había declarado la inconstitucionalidad de la segregación racial. En Estados Unidos, como en todo régimen descentralizado, los estados cuentan con poderes propios, pero existen unos elementos comunes a todos ellos, cuya garantía última queda en manos de la Federación. En el caso de la segregación, el Supremo americano había sido claro: no tiene cabida en ninguna parte del territorio. Pese a ello, el Gobernador Wallace bloqueó la entrada de los estudiantes y espetó ante los medios: “Segregación ahora y segregación siempre”. Ante este rechazo, el Fiscal llamó al presidente Kennedy, quien dio orden de federalizar —léase, poner bajo su mando— a la Guardia Nacional para que hiciera cumplir su orden y la del Tribunal Supremo. Si los elementos comunes no son respetados, el presidente cuenta con poderes para hacerlos cumplir.

Los últimos años los gobernantes independentistas se han quejado amargamente de que no lograban hablar, dialogar, entablar conversaciones con el Gobierno central. Sin duda, el cambio de interlocución en Madrid ha supuesto un giro de muchos grados en la política del Gobierno respecto del Govern de la Generalitat: los encuentros para la comunicación son múltiples. Sin embargo, el president Torra, en pleno éxtasis procesista, promueve el desencuentro y favorece el desgobierno eN su sentido más amplio: el desconcierto social y la falta de políticas públicas son marca de la casa.

Conviene recordar que el presidente Sánchez se reúne con Torra porque es el presidente de una Comunidad Autónoma, de una entidad estatal, y como tal, el representante ordinario del Estado, como establecen la Constitución y el Estatuto. Torra es presidente de un ejecutivo autonómico (no de una República independiente non nata), es Estado, lo representa. Además, fue elegido de acuerdo con un ordenamiento jurídico concreto y, precisamente, porque dicho ordenamiento prevé un sistema descentralizado políticamente en el que los entes subestatales cuentan con un sistema parlamentario, en el cual la asamblea legislativa escoge al titular de su ejecutivo. Realidad que debe quedar clara tanto a los miembros del Govern catalán, quienes deben colaborar lealmente, como a la oposición más beligerante que olvida el deber de lealtad para con el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

El Gobierno de Rajoy escogió jugarse el procés a la carta de la juridificación y de la judicialización. Esto provocó una cada vez menor presencia de la política estatal en Cataluña, y también, por cierto, en la comunidad internacional. La diplomacia pública del anterior ejecutivo se centró en las esferas institucionales, asegurando que los responsables políticos entendieran que en Cataluña se había producido una ruptura del sistema constitucional, y no una especie de revolución popular, masiva ante la represión de los derechos y libertades ciudadanas. Algo parecido a un contexto como el de Kosovo. Sí, esa es la imagen que los independentistas en el exterior han logrado inocular en parte de la opinión pública internacional. La frivolidad del independentismo no tiene límites.

El estado debe recuperar su normal presencia en Catalunya. No se trata de nacionalizar ni de suspender la autonomía, sino de hacer valer la naturaleza de estado que también poseen las instituciones de la Generalitat. Estamos ante un Comunidad Autónoma, con poderes, instituciones y fondos que derivan de un pacto constitucional determinado. Si se desea un nuevo pacto, una nueva base fundacional, Catalunya puede tomar la iniciativa para modificarlo e incluso sustituirlo, siempre a través de las vías existentes, que garantizan la participación de los representantes de toda la ciudadanía, y no la imposición de menos del 50% de una determinada comunidad autónoma sobre el resto.

En esta misma línea, los Mossos d’Esquadra son la policía catalana pero también son policía estatal. Por ello, deben ejercer todas las funciones que como fuerzas de seguridad del estado les están encomendadas, básicamente, hacer cumplir las leyes constitucionalmente válidas. Han demostrado que son una verdadera estructura de estado, del estado constitucional del que traen causa. Su credibilidad reside en que desarrollen sus funciones con normalidad y aseguren el orden y la seguridad en una jornada que debería ser celebrada como un acto de restablecimiento democrático entre instituciones de dos niveles de gobierno estatal. Confiemos en que el Govern no obligue a que, más pronto que tarde, los Mossos sean utilizados como guardia nacional estatalizada. Porque, en todo caso, recuerden que en Alabama, el Gobernador, finalmente, se apartó y la señora Vivian y el señor Hood pudieron acceder al centro universitario.

Argelia Queralt és doctora en Derecho y profesora agregada de la UB.