Un grupo de afectados pide el cierre de parte de la depuradora que da servicio a un millón de valencianos

Un grupo de vecinos de Pinedo, en Valencia, afectados por las emisiones y olores de la depuradora construida en esta pedanía, han presentado este lunes en la Ciudad de la Justicia un escrito que pide la "ejecución forzosa" de una sentencia dictada hace dos años y que declaró ilegal la última ampliación de una estación que da servicio a 1,2 millones de habitantes de València y el área metropolitana.

18 vecinos aprobaron ayer domingo presentar el escrito de ejecución del fallo que hace dos años ordenaba al Ayuntamiento de València el cierre de la tercera fase de la depuradora al carecer del permiso de explotación, lo que significa en la práctica paralizar la estación porque todas las fases están conectadas. "Ahora quedan 18 familias pero esto era antes una pedanía. Llevan 40 años con esta situación y no les han dado ninguna solución", ha dicho el abogado de los vecinos, Santiago Rodríguez. 

El letrado insiste en que los vecinos entienden que las aguas residuales "se tienen que depurar y la ciudad necesita un servicio", pero no puede ser a costa de la pedanía y sus residentes, sobre todo cuando se puede evitar con una buena depuración, que no genere ni emisiones ni olores".

"No se puede decir es una gran necesidad y os fastidiáis", ha subrayado el abogado para añadir que tras la sentencia y los posteriores recursos no ha sido firme hasta hace tres o cuatro meses y hace dos meses les requirieron el cumplimiento voluntario. "No han hecho nada y cuando empezamos a movernos para pedir la ejecución de la sentencia, la Administración ha hecho algún movimiento pero ninguna medida concreta para mejorar la depuradora", dice el abogado.

El Ayuntamiento de València ha salido al paso del escrito de los vecinos de Pinedo: "Si el juez ordenara el cierre de la depuradora manifestaríamos la imposibilidad de ejecutar la sentencia porque supondría abocar directamente al mar las aguas residuales de una población de cerca de 1,2 millones de habitantes", ha advertido el concejal de València y presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), Vicent Sarrià.

"Hay que poner remedio a la actual situación", ha manifestado Sarrià, "pero ese remedio no pasa en ningún caso por el cierre. La Generalitat debe ultimar un plan especial, presentarlo, y prever al mismo tiempo las inversiones necesarias para minimizar los efectos".

La depuradora de Pinedo, centro del caso Emarsa, uno de los mayores escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana, tiene carácter supramunicipal y da servicio a una población de cerca de 1,2 millones habitantes del sur del área metropolitana, "ya que la ciudad también aporta aguas residuales a la espación de depurado del Carraixet".

El plan especial, según Sarrià, está muy avanzado pero es necesario concretar en qué punto está y cuándo se presentará. Cuando la Consejería lo tenga ultimado lo podremos valorar. El concejal de València ha desechado un posible cambio de ubicación de la depuradora: "Cualquier actuación razonable pasa por que se mantenga donde está".