Un traje a medida para un contrato de 2.500 millones

La sombra de la sospecha se extiende sobre la gestión de Enrique Crespo, principal implicado en el caso Emarsa, en el que es investigado por un supuesto fraude de más de 25 millones en la empresa que gestionaba la depuración de las aguas residuales de Valencia y otros municipios de su área metropolitana.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha anulado un acuerdo adoptado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hídricos (Emshi) que presidía Crespo por el que la empresa Aguas de Valencia se convirtió en socio privado de la misma. Motivo: El informe decisivo que permitió la constitución de una empresa mixta entre la Emshi y Aguas por un periodo de 50 años con una facturación anual cercana a los 50 millones no se ajustaba “al ordenamiento legal aplicable”. El acuerdo significaba para la empresa Aguas de Valencia una facturación de 2.500 millones, pero Crespo encargó el informe externo a una empresa especializada en “el desarrollo, venta o alquiler de aplicaciones informáticas”. Nada que ver con sistemas hídricos. El TSJ lo ha visto así y ha deshecho el traje a medida.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ estima el recurso de apelación presentado por Aguas de Barcelona, que competía con Aguas de Valencia, por el mismo negocio. El grupo catalán recurrió tanto el pliego de condiciones del concurso —proceso que perdió— como la elección de Aguas de Valencia como socio privado de Emimet, encargada del suministro de agua potable a los 44 municipios del área metropolitana de Valencia. Aguas de Barcelona perdió en primera instancia pero gana ahora la apelación.

Emimet, que formaron el Emshi (30% de las acciones) y Aguas de Valencia (70%), se constituyó a finales de 2008. La empresa gestionaba el servicio por un periodo de 50 años y a cambio de un negocio de 2.500 millones de euros. El despacho del exdiputado del PP José María Michavila intervino en la creación de la empresa.

El tribunal entiende que el acuerdo es contrario al ordenamiento legal aplicable porque se apoya sobre dos informes técnicos prácticamente idénticos, uno de ellos redactado por Secuenzia Píxel, SL, cuyo objeto social "no dispone de la habilitación profesional necesaria" para valorar quién era la empresa idónea. Secuenzia es una firma conocida en los ambientes de Madrid, donde se ha adjudicado contratos del gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. Esta empresa llegó a la Emshi de la mano de su entonces presidente, Enrique Crespo.

El segundo informe en el que se apoya la selección de Aguas de Valencia lo redactó en julio de 2008 el jefe de servicio del Emshi, Alexandre Mulet Hernandis. Se presentó cuatro días después del de Secuenzia, SL, y ambos informes eran, según el tribunal, muy parecidos. Aguas de Barcelona alegó también defectos en la mesa de contratación.

Pese a todo, la asamblea de la Emshi secundó la propuesta de la mesa de contratación, que salió adelante gracias a la mayoría de votos del PP. Los consejeros del PSPV, de EU y el Bloc se abstuvieron.

Preguntado sobre la sentencia, el presidente de la Emshi, Arturo Ros, del PP, dijo ayer: “Yo no estaba en 2008” para, a continuación, aclarar que conoció el sentido del fallo la noche del jueves y que hasta el lunes que se reúna con los técnicos de la entidad no habrá pronunciamientos.

Aguas de Valencia, en un comunicado, atribuyó la anulación de la adjudicación a un “vicio del procedimiento”, lo que obligará a volver a valorar las ofertas. El servicio no se verá afectado, coincidieron las fuentes consultadas.