Un tribunal exige al Ayuntamiento que inspeccione las viviendas turísticas denunciadas en Centro

La asociación vecinal del barrio de Las Letras denunció en diciembre ante el Tribunal Contencioso Administrativo al Ayuntamiento de la capital por “inacción” ante los pisos turísticos. Se quejaban de que en julio de 2017 habían exigido inspeccionar 250 viviendas "alegales" que se alquilan por días, generando molestias a los vecinos sin pagar permisos. Ahora, el tribunal ha emitido una sentencia en la que da parcialmente la razón a los vecinos e insta al Consistorio "a instruir y resolver los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística y sancionador", que "deberán quedar concluidos en le plazo de seis meses". Además, impone las costas a la Administración. 

La asociación presentó el 27 de julio de 2017 siete solicitudes para abrir expedientes de disciplina urbanística con medida cautelar de suspensión de los actos de cambio de uso residencial a terciario de hospedaje en su categoría de viviendas de uso turístico (VUT) sin la preceptiva licencia municipal. Se trata de los edificios situados en las calles Carretas, 25; Costanilla de los Desamparados, 4; Nuñez de Arce, 7; Nuñez de Arce, 9; Santa María, 36; Ventura de la Vega, 10, y Ventura de la Vega 13.

Cinco meses más tarde, ante la ausencia de cualquier tipo de notificación municipal a la asociación, acudieron a los tribunales de lo contencioso administrativo para exigir una respuesta judicial a la inactividad del Ayuntamiento en su obligación de tramitar las siete denuncias.

La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, fechada el 30 de octubre, explica que "en relación con la solicitud de tramitación de expediente sancionador, la parte recurrente está legitimada para intervenir, como denunciante, con el fin de instar a que se tramite y resuelva el procedimiento, pero no está legitimada para impugnar la resolución que se dicte en el procedimiento sancionador". Por ello, "la Administración viene obligada a instrumentar los procedimientos referidos, eso sí, con la resolución que corresponda". Así, "este es el motivo por el que se ha ordenado a la Administración que tramite y resuelva expresamente" dichas denuncias, para lo que le da un plazo de seis meses.

El Ayuntamiento puede ahora recurrir esta sentencia en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de 15 días. "La decisión del Ayuntamiento de recurrir o no recurrir la sentencia en apelación ante el TSJM, nos va a dar un testigo muy claro de la relación entre las palabras y los actos del Ayuntamiento en materia de VUT y reclamaciones vecinales", explica la asociación vecinal.

Además, la entidad vecinal advierte de que "esta sentencia no es una aguja en un pajar, es más bien un gota malaya, una más en la lluvia fina de las acciones del movimiento vecinal en su afán de limpiar de vidientas de uso turístico ilegales el tejido residencial de los barrios del distrito de Centro". Y recuerda que ha sido la lucha de este tipo de asociaciones la que "ha espoleado" que el Ayuntamiento de la capital se tome en serio la inspección urbanística para que se cumpla la ley en este tipo de inmuebles.

Refuerzo de inspecciones

El Ayuntamiento de Madrid ordenó en julio el cese de actividad de 147 pisos turísticos en la capital y puso en marcha un programa de refuerzo de personal para redoblar las labores de inspección de este tipo de pisos. Además, en aquel momento informó de que había otros 362 expedientes abiertos para comprobar que la actividad de estas viviendas cumplía las normas. La mayor parte de los 509 expedientes se refieren alojamientos ubicados en el distrito de Centro, además de  Salamanca, Moncloa y Chamberí. El Consistorio estima que hay unas 8.000 viviendas de este tipo en la capital.