Miquel Buch y Neus Lloveras defienden ante el TSJC que no desobedecieron

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, han defendido este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que no desobedecieron al Tribunal Constitucional porque el correo electrónico que enviaron con un modelo de decreto de apoyo de los ayuntamientos al 1-O fue previo a la suspensión del referéndum por parte del alto tribunal y que solo hicieron recomendaciones y nunca dieron órdenes a los alcaldes.

Lloveras ha asegurado que la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) son espacios de debate político y que, con los tres correos electrónicos que están bajo sospecha en la causa, se limitaban a "hacer política", expresar opiniones y voluntades, y posicionarse sobre temas de actualidad. En la misma línea, ha rechazado que pueda ser considerado delito hacer política y expresar opiniones y voluntades, además de recordar que la AMI y la ACM son entidades privadas, que solo buscaban "escenificar" el apoyo del mundo municipal al 1-O y que en ningún caso fueron apercibidos por el TC. 

Por su parte, Buch ha negado hoy que diera órdenes para promover el 1-O entre los alcaldes  soberanistas cuando presidía la ACM y ha alegado que sólo pretendía "escenificar" el apoyo del mundo local al 1-O, mediante una "declaración política".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el resto del Govern han arropado a Buch y a Lloveras a las puertas del tribunal. También los han acompañado el vicepresidente del Parlament, Josep Costa; diputados de JxCat y de ERC; el presidente del PDeCAT, David Bonvehí; las exconselleres Neus Munté y Joana Ortega, y los presidentes de la AMI y la ACM, Josep Maria Cervera y David Saldoni, entre otros.

Ambos exlíderes de las entidades municipalistas soberanistas están investigados por un delito de desobediencia, ya que el TSJC descartó que se les pueda imputar malversación y prevaricación por su papel en el 1-O, como pretendía el ministerio público. La Fiscalía presentó en vísperas del referéndum su querella contra Buch y Lloveras por emplazar a los alcaldes a facilitar locales para celebrar el 1-O.

Cuando el Supremo asumió la causa por rebelión contra los líderes independentistas, el TSJC le remitió la investigación sobre Buch y Lloveras, para evitar "resoluciones contradictorias" y posibilitar "la investigación y enjuiciamiento conjunto" del caso relativo al procés. Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el juez Pablo Llarena rechazó incluir en su causa por rebelión las diligencias contra Buch y Lloveras y las devolvió al TSJC.

La defensa de Lloveras critica que haya sido citada por “los mismos hechos” por los que ya acudió ante el Supremo. En un escrito, la abogada Judit Gené recuerda que el juez Pablo Llarena ya dictó que esos hechos “no eran penalmente relevantes” y excluyó a Lloveras de la causa del procés.

El tribunal catalán, sin embargo, ha rechazado la petición de la alcaldesa e insiste en que el archivo del Supremo no le vincula. Admiten los jueces que parte de los hechos son idénticos y que podría alcanzarse “la misma resolución de sobreseimiento”.