Neus Lloveras: “Hay que demostrar que las vías de diálogo se han agotado”

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) está integrada por cerca de 800 ayuntamientos y entidades municipales. Es unas de las tres principales entidades que apoyan el proceso independentista y hace unas semanas recibió una sentencia en contra de un juzgado de Tarragona que, por primera vez, anulaba el acuerdo de un pleno (de Reus) para adherirse a la AMI. Su presidenta, Neus Lloveras (Vilanova i la Geltrú, 1963), cree que está siendo víctima de una “operación pressing”.

Pregunta. ¿Han notado un cambio de interlocución desde que Enric Millo es delegado del Gobierno en Cataluña?

Respuesta. No hemos percibido ningún cambio ni para bien ni para mal. No hay operación diálogo sino una operación pressing y de judicialización de la política contra cargos electos y entidades. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium han sufrido multas exageradas y han sido embargadas por ello e, inmediatamente después, quizás por casualidad pero no creo demasiado en las casualidades, nosotros recibimos una sentencia muy política por la adhesión del Ayuntamiento de Reus. Un contencioso-administrativo no puede decir si la cuota que se paga a la AMI es constitucional o si nuestra entidad es ilegal.

P. ¿Se han visto con Millo?

R. Cuando asumió el cargo dijo que le parecía inadecuada la asamblea de cargos electos que impulsamos y que nos quería ver, pero no se ha sabido nada más.

P. ¿Qué le parece que el Gobierno plantee consejos de ministros y exposiciones de El Prado en Barcelona o transferencias de competencias a Cataluña?

R. Todo eso ya ha pasado. Intentan justificar in extremis una situación inaguantable.

“No podemos pedir a los Mossos que se tiren al vacío. Deben estar protegidos”

P. ¿Habrá referéndum?

R. Estoy convencida de la línea Puigdemont y contribuiremos al máximo. No nos planteamos no hacerlo, aunque somos conscientes de las dificultades.

P. ¿Durará la unidad?

R. La unidad es la fuerza. Somos partidos diversos y es normal que a veces haya cosas que se desencajen, pero compartimos la convicción.

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P. ¿Y si el Tribunal Constitucional lo anula?

R. Primero intentaremos pactarlo con el Estado pero ya oímos a Rajoy diciendo que no se hará nunca. El referéndum se hará en base a la legislación catalana.

P. Imaginemos que se celebra y gana el “sí”. ¿Qué pasará al día siguiente si no se reconoce el Estado o la Unión Europea?

R. Es importantísimo demostrar al mundo que Cataluña ha agotado todas las vías de diálogo para hacer el referéndum, que la participación sea correcta y el resultado claro. Si es así, al día siguiente no debe de haber ningún problema y tendremos el reconocimiento internacional.

P. ¿Quedará deslegitimada la consulta si los partidarios del no la obvian?

R. Toda la gente que defiende la democracia participará, así que consideramos que habrá participación de sí y de no.

P. El Gobierno flirtea con la suspensión de la autonomía. Para ese caso, ustedes proponen crear una asamblea de cargos electos.

R. La AMI está elaborando un registro de cargos electos, preparado pero inactivo, por si en algún momento hiciera falta convocar la asamblea en el caso de que se interrumpan las vías para celebrar el referéndum. De los 9.000 electos que hay en Cataluña, calculamos que entre 3.000 o 4.000 podrían estar en el registro. Una vez constituida la asamblea, ella misma decidiría qué acciones emprender.

P. ¿Es el modelo de Kosovo?

R. En Kosovo se inspira. Es uno de los ejemplos que hemos tomado para analizar, pero no es el modelo. No tenemos aún definido qué hará la asamblea ni cómo se organizará, porque sería la propia asamblea constituyente la que decidiría qué hacer.

P. ¿Cómo mantendrán la movilización permanente tras el 9-N?

R. Hasta final de marzo priorizaremos tener listo el registro de electos y a partir del 1 de abril haremos al 100% campaña por el referéndum animando a que la gente vaya a votar.

P. A la CUP le preocupa qué harán los Mossos d'Esquadra ante una orden judicial de retirar urnas. R. Los Mossos, como todos los funcionarios, deben estar protegidos y no podemos pedirles que se tiren al vacío. Ahí está el trabajo que debe hacer el Gobierno y el Parlament para tener unas leyes que les den cobertura.