Ni ley de mecenazgo ni carné único para la Cultura

La cultura catalana ha vivido la gran mayoría del último año gracias a la inercia de la maquinaria del Departamento de Cultura que dirige Laura Borràs tras el cese de su antecesor Lluís Puig, algo que le ha permitido superar la situación, pese a la aplicación del 155, pero sin llegar a conseguir grandes avances ni logros relevantes. Son muchos los temas en el plano cultural que siguen pendientes de ponerse en marcha y otros están a medio desde hace años, como le recordaron los partidos de la oposición a la consejera esta misma semana en la Comisión de Cultura del Parlament que dieron un auténtico repaso a la consejería. Sobre todo tras el polémico nombramiento del exconsejero Puig como primer director del Programa para el desarrollo de proyectos culturales de ámbito internacional; un cargo por el que cobra 85.000 euros al año.

La consejera reconoció que, pese a las intenciones de sus antecesores, sobre todo las de Santi Vila, todavía no se ha encontrado la fórmula para contar con más recursos para la cultura (que sigue siendo el 0,7% del presupuesto de la Generalitat, lejos del 2% al que se aspira para codearse con otros países cercanos) vía mecenazgo y patrocinio; un problema que siempre se ha justificado alegando su ámbito español. Se podría avanzar en este asunto vía la Ley de acompañamiento de los Presupuestos y actuando sobre la parte del IRPF que corresponde gestionar a la Generalitat; pero no se ha hecho hasta ahora.

Siguen encallados el Plan Integral de la Música; en fase inicial desde que se aprobó en 2016; el Sistema de Archivos de Cataluña está por reorganizar, a punto de que se concluya el mapa de archivos catalanes. Está pendiente de aprobarse el estatuto del artista y del creador; aunque se está realizando un censo de artistas por recomendación del CoNCA, organismo consultivo de la Generalitat pendiente también de reforma y renovación de sus cargos; cambios bloqueados en el Parlament por la situación política actual.

Sigue pendiente, pese a que hace cuatro años, Ferran Mascarell, anunció la reforma de la Ley del cine y el desarrollo del reglamento. El sector está en caída crítica con unas dramáticas cifras de recaudación como que de los 63 millones de 2017 se han pasado a los 7 que van este año. Está por hacer un acuerdo marco para el fomento de la industria cinematográfica y la audiovisual, en el punto de mira desde que el Constitucional anulara la tasa que financiaba la producción de nuevas películas y series a partir de las conexiones a internet.

También es un proyecto largamente anunciado (Mascarell para 2016) la creación de un carné único para la Cultura a partir del de bibliotecas que tienen ya casi cuatro millones de catalanes. El Plan de Museos se presentó en septiembre de 2017 y se supone que se está trabajando en él, pero no se ha vuelto a tener noticia de él. Tampoco de la nueva ley de patrimonio, ni de la de patrimonio inmaterial, dándose la paradoja que algunos elementos tan catalanes como los castellers, la Patum o las fiestas del Fuego del Solsticio de Verano de los Pirineos no cuentan con una reglamentación catalana pero están reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.