¿Quién lanzó las bombas de Mussolini sobre Barcelona?

Como en un parte de guerra, el secretario judicial da cuenta de los últimos avances. Son escasos. El tono de su escrito, casi un desahogo personal, es apesadumbrado. Han pasado más de 14 meses y no hay noticias de Roma. “La actitud italiana es bastante triste, tratándose de países amigos”. Arturo Saforcada recuerda que España atiende sin pestañear las comisiones rogatorias de Italia sobre crimen organizado. Y lamenta que la escasa ayuda “impide avanzar” en la investigación abierta para hallar a los responsables de los bombardeos indiscriminados contra población civil que la Aviazione Legionaria de Benito Mussolini lanzó sobre Barcelona entre 1937 y 1939.

“La actitud italiana es bastante triste, tratándose de países amigos”, lamenta el secretario judicial

Italia torpedea una causa judicial que dura ya más que la contienda que la suscitó: cinco años y medio desde que se admitió la querella de la asociación Altraitalia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra 21 oficiales de la aviación asentada en Baleares durante la Guerra Civil al mando del general Vincenzo Velardi. En diciembre vence una nueva prórroga. La juez de Barcelona tendrá que decidir si la amplía, mientras la posibilidad de hallar a supervivientes se aleja. “Eso es lo que buscan: no contestan hasta que todos estén muertos”, afirma el abogado de Altraitalia, Newton Bozzi.

Bozzi logró dar con dos víctimas de los bombardeos. Anna Raya fue herida en la cabeza el 1 de octubre del 1937, en la primera incursión de la Aviazione, que llegó a reunir a 6.000 combatientes. “Tenía ocho años. Estaba en el colegio del barrio de la Barceloneta. Una bomba cayó sobre el colegio. Los aviones nos ametrallaron”. Con su relato, Bozzi se presentó en 2011 en la Audiencia Nacional, que rechazó investigar por falta de competencia y trasladó el caso a un juzgado de Barcelona, que lo archivó de plano. Hasta que la Audiencia de Barcelona obligó a indagar “una de las páginas más negras de nuestra historia”.

La primera petición de auxilio judicial salió rumbo a la Corte de Apelación de Roma en marzo de 2013. La juez pidió al Ministerio de Defensa que escarbase en su archivo central para averiguar la identidad de “todos los militares y civiles” que participaron en los bombardeos, que dejaron en Cataluña más de 4.700 muertos; solo en Barcelona, según los historiadores, cayeron más de un millón de kilos de bombas y más de 1.800 edificios fueron destruidos. La juez exigió saber si seguían vivos y, en tal caso, que se les tomase declaración como investigados.

El secretario Saforcada empieza a inquietarse. Es septiembre y la información no llega. Mueve hilos. Contacta con el magistrado de enlace español en Roma, a quien los italianos trasladan que “la información no es fácil de obtener”, aunque “están en ello”. La respuesta llega al fin, pero incompleta. El Ministerio de Defensa dice que solo ha podido identificar a cuatro aviadores del cuerpo expedicionario —alega que no consta nombre ni fecha de nacimiento del resto— y augura que “con toda probabilidad estarán muertos”. Son los oficiales Luise Guglielmo, Riccardo Emo Seidil, Paolo Moci y Gennaro Giordani, nacidos entre 1899 y 1911.

El magistrado que debe responder la petición de la justicia española fue senador de Alianza Nacional

Italia consultó la dirección de personal, pero no rebuscó en sus archivos —como había solicitado la juez— ni hizo “verdaderas diligencias de investigación”, lamenta Saforcada. El juzgado envía una segunda comisión rogatoria, a modo de recordatorio. Descontento ante la “muy negativa actitud de la justicia italiana”, el secretario escribe al Ministerio de Justicia para que haga “gestiones bilaterales” y contacta con Eurojust. La magistrada María Poza le comunica que “se ha suspendido” la tramitación porque el Ministerio de Justicia italiano debe “aclarar determinadas cuestiones”. En otro correo, añade que son “órdenes del presidente del tribunal de apelación de Roma”.

Bozzi, el abogado, recuerda que el responsable de la sección cuarta, penal —que se encarga de tramitar las comisiones rogatorias— es Alfredo Mantovano. Y que Mantovano fue senador por el partido posfascista Alianza Nacional. Ese contexto ayuda a entender, asegura, por qué una Italia aún incómoda con su pasado bloquea la investigación. Bozzi cita otro ejemplo que, además, cayó de pleno en la investigación: el homenaje de las autoridades italianas a un piloto que combatió en España, Luigi Gnecchi.

En abril de 2014, Gnecchi cumplió 100 años. La entonces ministra de Defensa, Roberta Pinotti, felicitó al “condecorado aviador” y alabó su “envidiable energía”. El jefe del Estado Mayor de la Aeronáutica Militar, Pascual Preziosa, destacó “la pasión, el coraje y la competencia” de Gnecchi. Las acusaciones pusieron el grito en el cielo y escribieron a la juez, que envió una nueva petición de auxilio para saber si había participado en los ataques.

Italia contestó, al fin, casi un año después. Tras alegar que la investigación de unos “hechos trágicos de hace 80 años” resulta difícil y que los archivos de la época están en papel, Defensa señala que ha hallado a “un único sujeto identificado con seguridad como posible partícipe de aquellos hechos bélicos”. Curiosamente, ése no es otro que Gnecchi, que había aparecido en los medios de comunicación por el polémico homenaje. Los médicos examinaron su estado de salud y los Carabinieri le interrogaron en Lecco (Lombardía). El aviador admitió que fue enviado a España en 1937 y que formó parte de una patrulla de “reconocimiento del territorio”, pero afirmó que nunca participó en los bombardeos de Barcelona y que ni siquiera sobrevoló la ciudad. Tras la Segunda Guerra Mundial, añadió, le licenciaron y se dedicó a ejercer de perito industrial.

Gnecchi, el único aviador citado a declarar, negó haber participado en los bombardeos. Murió en 2016

Agotada la vía Gnecchi —que murió en 2016— y a la espera de novedades italianas, las acusaciones pidieron acudir a los archivos militares españoles. Solo uno dio resultado. Un coronel del Ejército del Aire afirma que en su archivo hay un listado con los integrantes de la Aviazione Legionaria, aunque no se detalla quién pudo participar en los bombardeos de Barcelona. Esa información, advierte, podría estar en los “diarios de operaciones” del contingente de la aviación, ubicado en el edificio histórico de Aeronáutica Militar, en Roma.

Como la montaña no iba a Mahoma, hasta allí se desplazó, por encargo del Ayuntamiento de Barcelona —que también ejerce la acusación en la causa— un historiador. Prefiere no revelar su nombre, pero ha elaborado un voluminoso estudio sobre la operación militar España, aportado al juez, que detalla cómo la Aviazione estaba a las órdenes directas de Mussolini. El dictador envió en 1937 un telegrama en el que avisaba de que la escuadra debía “aterrorizar la retaguardia roja y especialmente los centros urbanos”, además de destruir el tejido industrial y las vías de comunicación.

Además del 1 de octubre de 1937 —cuando fue herida Anna Vinyals— Barcelona sufrió bombardeos especialmente virulentos en 1938, ya como capital de la Segunda República y cada vez más cercana a los escenarios bélicos. Una bomba mató a más de 40 niños que se habían intentado proteger en el refugio bajo la iglesia Sant Felip Neri. Entre el 16 y el 18 de marzo se produjeron las acciones más devastadoras: durante 41 horas hubo 21 incursiones en las que se arrojaron 44 toneladas de bombas para aterrorizar a la población. El historiador admite que es difícil dar con los autores porque a menudo no se escribían los diarios de operaciones. A los militares destinados en la Guerra Civil española, además, se les daba “identidades falsas”: se mantenía el nombre, pero se cambiaba el apellido. Aun así, a partir de los registros de vuelo y cotejando datos, el historiador ha ofrecido un listado de oficiales que participaron en el bombardeo naval desde el buque de guerra Savoia. Ya en 2016, la juez pidió a Italia que certifique si esas personas siguen vivas.

El tiempo pasa y el secretario sigue a lo suyo. Nadie dijo que fuera fácil, pero la actitud italiana le irrita. Los escritos se espacian en el tiempo. A finales de 2017 logra enviar una carta a Alfredo Mantovano: “Estamos seriamente preocupados por la falta de progresos. Es preciso seguir adelante por el gran número de víctimas”, escribe Saforcada, que invita al juez a superar “cualquier resistencia o reticencia” del Ministerio de Defensa. No recibe respuesta, pero vuelve a la carga con el nuevo magistrado de enlace español en Italia. Éste logra hablar con Mantovano, que le traslada malas noticias. “[Mantovano] resalta la dificultad de hacer la búsqeuda en los archivos de Defensa por antigüedad y escasez de los datos, o el hecho de que fueran tropas voluntarias y no regulares”. Mantovano, además, explicita al intermediario que la ley italiana rechaza extradiciones por salud o edad si pueden poner en riesgo al investigado. La última comunicación del juez de enlace al secretario es del pasado junio. “Ayer hablé con Mantovano y le volví a insistir (…) Quedamos en que iba a agilizar la tramitación. En cuanto tenga nuevas noticias te informaré”.