Golpe a los narcopisos de Barcelona para atajar la oleada de delincuencia
Macroperación en el Raval: 700 ‘mossos’ y 55 detenidos
Alrededor de 700 Mossos d'Esquadra y más de un centenar de guardias urbanos han peinado esta mañana el barrio barcelonés del Raval para desmantelar los narcopisos (inmuebles donde se vende y se consume heroína). En uno de los mayores dispositivos vistos en la ciudad, la policía catalana ha detenido a 55 personas, acusadas de distribuir la droga y controlar los inmuebles. La operación intenta atajar la oleada de criminalidad que castiga a Barcelona, con un 19% más de delitos en lo que va de año. La alcaldesa Ada Colau, a quién la seguridad se le ha atragantado a las puertas de las elecciones, celebró la operación policial, que dejó a decenas de consumidores sin su lugar de compra habitual.
Las aspas del helicóptero empezaron a retumbar por las callejuelas del barrio del Raval poco después de las siete de la mañana. A esa hora, el Grupo Especial de Intervención (GEI) de la policía catalana ya había entrado en los domicilios más complicados. Como el de la calle de Santa Margarida, donde tras unos gritos ahogados, se hizo el silencio. Mientras amanecía, la luz azul de las furgonetas y los coches policiales fueron tomando el antiguo barrio Chino barcelonés. Los vecinos, por fin, asistían a una intervención simultánea en decenas de pisos vinculados a la droga (26 narcopisos y 14 pisos relacionados con la venta y la distribución de la droga).
Tras una investigación judicializada desde abril, los Mossos desmantelaron la red que supuestamente controlaba esos pisos, la mayoría personas de origen dominicano que habían ocupado inmuebles vacíos del barrio, algunos muy pequeños y deteriorados, y otros más grandes, similares a un coffeeshop, para ofrecer diferentes drogas, pero sobre todo microdosis de heroína. Entre los arrestados, constan también ciudadanos españoles, propietarios de narcopisos, con los que obtenían una rentabilidad, según fuentes policiales. El juzgado de instrucción 27 de Barcelona, que tutela el caso, emitió 10 órdenes de detención más contra personas huidas.
El concepto narcopiso se acuñó poco antes del verano del año pasado, cuando los vecinos del Raval lanzaron la voz de alarma: por sus escaleras circulaban a cualquier hora del día heroinómanos en busca de una dosis. Podían comprarla y llevársela, o bien consumirla allí mismo. Entonces, se localizaron unos 60.
La situación fue degenerando, con un incremento de los robos en los aledaños de los pisos. Muchos, pequeños hurtos por parte de heroinómanos que necesitaban los siete o incluso los cinco euros que cuesta la microdosis en el interior de los domicilios. Como un goteo, los Mossos y la Guardia Urbana fueron actuando en pisos de forma individual, con órdenes puntuales, que permitían incautar la droga, detener a quienes la vendían y expulsar a las personas de su interior.
Pero el problema se cronificó cuando los propios consumidores decidieron relevar a los camellos que iban siendo detenidos. Eso devolvía a la policía a la casilla de salida, que necesitaba una nueva orden para expulsarlos. Con esta operación más ambiciosa, con intervenciones telefónicas y meses de investigación, el juez ha dictado una orden de precinto para los narcopisos, por lo que si alguien entra de nuevo, estará quebrantando la ley y permitirá a los agentes actuar. De los 26 narcopisos, 13 han sido devueltos a sus propietarios, y 5 han sido tapiados.
Colau y el consejero del Interior, Miquel Buch, salieron juntos a celebrar la actuación de los Mossos y la Guardia Urbana. La rueda de prensa fue una forma de sellar la paz entre los dos líderes políticos. Colau ha solicitado de forma reiterada a Buch un refuerzo de Mossos en el distrito del Raval, Ciutat Vella, ante lo que se veía venir: un aumento notorio de la delincuencia en toda la ciudad: crecen los hurtos (19%), los robos violentos en la calle (19%), los robos violentos en establecimientos (22%), además de los delitos contra el patrimonio. En la última junta de seguridad de la ciudad, Buch le prometió un mayor patrullaje en las zonas conflictivas, que no un incremento de agentes, y una mejor colaboración con la Guardia Urbana.
“He llegado a contar 50 consumidores a la hora subiendo y bajando la escalera durante más de medio año. La escalera está rota del peso de soportar tanta gente. La salubridad en mi edificio era imposible”, explicó un vecino de uno de los narcopisos que registraban los Mossos, que pidió anonimato. Ángel Cordero, de la entidad Acció Raval, criticó abiertamente la operación de Mossos, con apoyo de Guardia Urbana, por llegar tarde: “Tan tarde que ha dejado muchas secuelas en el barrio. Ha habido vecinos que han tenido que abandonar la zona. Otros viven con la ansiedad y la angustia de tener encima o debajo de su casa un narcopiso donde entran y salen consumidores continuamente”.
“Yo tenía mi piso alquilado. El inquilino se fue de vacaciones, al volver se encontró con que habían ocupado el piso y lo habían transformado en un narcopiso. Denuncié en abril y hasta junio no conseguí que los Mossos echaran a los okupas de mí casa. Cuando pude entrar estaba todo destrozado, jeringuillas en la escalera, suciedad…”, recordó Sairica Rose, propietaria del 4º 1ª del número 7 de Sant Climent, donde los Mossos habían registrado un narcopiso. Acudió al lugar a “acompañar” a un vecino al que la policía catalana le devolvió su inmueble.
Carlos, uno de los vecinos autoorganizados en el proyecto Otro gato del Raval —integrado en una red vecinal contra los narcopisos con vínculos con diferentes barrios de Madrid, como Embajadores, Lavapiés o Vallecas—, celebró ayer el operativo porque, según dijo, “culminaba muchas demandas de seguridad y paz expresadas mediante firmas, caceroladas, manifestaciones, narcotours…”.
Fuentes policiales calculan que, tras la operación, todavía quedan una docena de narcopisos abiertos en Ciutat Vella. Las consecuencias del cierre de la mayor parte de ellos ya se dejaban notar ayer en las calles. “Mira, no saben adónde ir, van de aquí allá”, decía un vecino, señalando a uno de los toxicómanos que salían de los pisos registrados. Los Mossos les identificaban y les permitían marchar. El Ayuntamiento no previó ningún dispositivo concreto para atender a los drogadictos. “Ya hay recursos extraordinarios en esta materia”, zanjó Colau.
