Junts reclama usar el empadronamiento para endurecer el acceso a un piso de protección

Junts per Catalunya irrumpe en el debate sobre el acceso a la vivienda con una propuesta que urge a endurecer las condiciones para optar a un piso de protección oficial, condicionándolo a que se pueda acreditar un arraigo mínimo de diez años en un municipio. La demanda es de corte proteccionista y flirtea con la idea de identidad: “Impedir que nuestros jóvenes tengan que marcharse fuera para optar a un piso público”, argumenta Josep Maria Vallès, en un vídeo en el que aparece al lado de Carles Puigdemont, presidente de la formación. Vallès es el alcalde de Sant Cugat del Vallès, ciudad cercana a Barcelona y que figura en los primeros puestos de la clasificación de municipios con renta más alta, y ha difundido su petición en unas imágenes colgadas en las redes sociales y donde exhibe un encuentro reciente con Puigdemont. “Es una de las demandas que tenemos en cartera”, asiente el expresident, en relación con la pretensión de limitar el acceso a la vivienda protegida.

Sant Cugat del Vallès aparece a menudo como ejemplo de las escasas ventanas de poder que conserva Junts en Cataluña, donde no gobierna ninguna de las grandes ciudades y la única Diputación que controla es la de Girona. Vallès es una figura de peso en la esfera municipal de Junts y en el mensaje que ha divulgado aparece en el domicilio de Puigdemont en Waterloo (Bélgica). Subraya que se ha encargado personalmente de darle “traslado” al expresidente catalán, y actual presidente de Junts, de una petición germinada en la agrupación local de Sant Cugat y elevada a la dirección del partido para que defienda, lo mismo en el Parlament que en el Congreso de los Diputados, un endurecimiento de las condiciones para poder optar a un piso de protección oficial.

El nudo de la demanda estriba en que “actualmente son solo tres años” de empadronamiento el mínimo tiempo que se exige para poder optar a un piso de protección oficial. La idea es triplicar el requisito: “Consideramos que tendrían que ser diez años como mínimo”, considera Vallès, y argumenta que la razón es “priorizar” a aquellos que llevan más tiempo viviendo en Sant Cugat.

La Agencia Tributaria entiende que el plazo de tres años es válido, por ejemplo, para darle a un domicilio la consideración de vivienda habitual, pero Junts sostiene que los diez años ya habían sido en el pasado un mínimo exigible, hasta que se relajó el criterio.

Su plan no tiene un efecto estrictamente local, dice Vallès, porque “muchos otros municipios catalanes también se beneficiarán de este cambio”. La demanda llega en un momento en que el mercado de la vivienda está altamente tensionado y se han multiplicado las dificultades, y los costes económicos, para acceder a un piso de alquiler o de propiedad. Vallès sostiene que hay un fin que justifica su plan: “Impedir que nuestros jóvenes tengan que marcharse fuera para optar a un piso público”.

La propuesta ha recibido el aval público de Jordi Puigneró, quien fue vicepresident de la Generalitat y que actualmente es teniente de alcalde y responsable del área de relaciones institucionales en Sant Cugat. “El arraigo es la clave”, ha sostenido Puigneró.

En las imágenes difundidas por Vallès, el alcalde aparece teniendo una conversación cómplice con Carles Puigdemont en su casa de Waterloo y pidiéndole que hay que “revertir” las condiciones del padrón para “priorizar y beneficiar” a la gente que está arraigada en un municipio.

Junts, azuzado por el auge de la extrema derecha identitaria en Cataluña, ha endurecido su discurso contra la inmigración, e incluso ha mezclado la multirreincidencia con las personas migrantes: ‘’Si se expulsa o no a multirreincidentes se tiene que poder decidir desde Cataluña”, ha manifestado Jordi Turull. El partido muestra datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para afirmar que un 22,4% de los 8 millones de catalanes han nacido en el extranjero. En la ponencia política aprobada durante el congreso de Calella (Barcelona), en octubre pasado, la formación expone que “la Administración de referencia para todas las personas que llegan tiene que ser la Generalitat y la policía de referencia, las policías locales y los Mossos d’Esquadra”.