Juicio a 12 exdirectivos de banca por complicidad en un fraude de 150 millones

Doce exdirectivos de sucursales bancarias de Vigo de La Caixa, BBVA, Banesto y Banco de Galicia serán juzgados a partir de este lunes en el juzgado de lo penal número 1 de Vigo, acusados de haber dado cobertura a la mayor trama de facturas falsas descubierta en Galicia. La supuesta complicidad de los bancos se ciñe al período 2007 a 2011 que no ha prescrito, frente a una estafa que se ha cifrado en 150 millones de euros y que fue diseñada por José Manuel Costas, el dueño del grupo de empresas de carpintería Las 5 Jotas, detenido en junio en Portugal después de estar dos años fugado y que se sentará en el banquillo por última vez.

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El fiscal de delitos económicos solicita para los acusados condenas de prisión de dos años y nueve meses por delito continuado de falsedad en documento mercantil al haber supuestamente permitido al empresario José Manuel Costas que realizara centenares de operaciones fraudulentas. Después de una larga investigación, la Fiscalía de Vigo estima que hay más bancos y empleados que colaboraron en el entramado por decisión de sus entonces directivos, pero no pudo acusarles al haber prescrito los delitos. Así, la investigación en las oficinas bancarias solo ha podido documentar cerca de 200 operaciones irregulares de cargos y abonos, ingresos de cheques, pagarés y transferencias de diferentes importes, desde 470 euros a 100.000, aunque la cifra del fraude es muy superior.

De La Caixa, el fiscal incide que “se hizo constar inverazmente la intervención de terceras personas de lo que los acusados eran conscientes, sin efectuar ninguna clase de comprobación sobre la veracidad de las firmas que aparecían en los documentos que entregaba José Manuel Costas”. La fiscalía acusa a la antigua directora, Nieves E.C.G., al que ejercía como subdirector e interventor de la entidad, Juan Antonio R.O., y a la empleada del puesto de caja, M.S.C.

En otra sucursal del entonces Banco de Galicia, la fiscalía ha presentado cargos contra su antiguo director, Javier V.I., y el interventor, Carlos Manuel C.M., por una operativa similar en la que también aparecía como autorizado de las cuentas el dueño de Las 5 Jotas.

Otra de las oficinas que participaron en la presunta falsificación es del BBVA. Su entonces director, Adolfo Manuel L.C., y la empleada Raquel T. R. también fueron acusados por el fiscal Juan Horro González. Respecto al banco Banesto están procesadas las que fueran directoras de la sucursal investigada, Almudena V.P., y Sandra M.A., además de interventora Julia María V.L.

Según el fiscal, los bancos actuaron como colaboradores necesarios en la trama del carpintero en la que 200 sociedades mercantiles se valieron para defraudar a Hacienda. Costas “se ocupaba personalmente de las operaciones bancarias y de la emisión de facturas inveraces”, señala el fiscal. Para ello utilizaba los nombres de personas físicas que trabajaban para sus empresas y que estaban dados de alta como trabajadores autónomos. Todos ellos, la mayoría rumanos, desconocían que estaban siendo utilizados hasta que uno descubrió que tenía a su nombre varias cuentas bancarias y lo denunció a la Agencia Tributaria en 2009.

La trama se descubrió un año antes, cuando Costas fue detenido por la policía mientras salía de una sucursal bancaria con una bolsa con 380.000 euros. Después de declarar en comisaría, el empresario pudo demostrar que el dinero lo había retirado de dos entidades el mismo día y que formaba parte del método empleado para facturar y cobrar durante años a través de los bancos, a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se habían comprometido con el empresario a proporcionarle trabajo.

Pero no sería hasta el 30 de abril de 2009 cuando Hacienda registra las oficinas del grupo Las 5 Jotas y destapa el verdadero alcance de la estafa que se venía perpetrando desde al menos 2005. Simulando ser clientes del grupo, las empresas desgravaban el IVA y reducían el impuesto de sociedades, pagando las facturas a través de varios bancos que luego le devolvían el importe en dinero negro. La causa matriz derivó en 91 procesos contra las 200 empresas implicadas. La mayoría se resolvieron con la atenuante de confesión y el pago de una multa a Hacienda.