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Un fraude de 150 millones deriva en 91 causas con 200 empresas implicadas

El grupo vigués Las Cinco Jotas emitió facturas falsas a 50 adjudicatarias públicas

El Grupo Puentes admitió 2,5 millones de pagos ficticios

Sede de la constructora Puentes y Calzadas en el ayuntamiento coruñés de Oroso.
Sede de la constructora Puentes y Calzadas en el ayuntamiento coruñés de Oroso.

La denuncia en 2009 de una empleada del Grupo Las Cinco Jotas, fabricante de casas de madera con sede en Vigo, que descubrió que habían utilizado su nombre para abrir varias cuentas en una sucursal del BBVA, fue el origen del mayor fraude fiscal descubierto en Galicia —ronda los 150 millones de euros— y uno de los más importantes de España por el número de empresas implicadas, más de 200. Al menos 50 de las compañías salpicadas son conocidas adjudicatarias de obra pública, entre ellas Sercoysa Proyectos y Obras, Puentes y Calzadas y Movexvial. Simulando ser clientes del grupo, las empresas pagaban las facturas a través de los bancos, desgravaban el IVA y reducían el impuesto de sociedades; luego el importe les era devuelto en dinero negro.

El administrador de Las Cinco Jotas, José Manuel Costas, aportó al juzgado un listado en el que la factura más pequeña es de 2.500 euros y la mayor supera los 200.000. Hacienda halló centenares emitidas a una sola empresa por importe de 10,2 millones: Darzal, Consultoría y Prevención, SL, que coordina la seguridad y salud de obras públicas, cuyo juicio no se ha celebrado todavía aunque su gerente está imputado. La firma pelea para desviar el asunto a Madrid aunque la Audiencia de Vigo lo ha desestimado.

La siguiente por la cuantía del importe en las supuestas facturas falsas es la constructora Sercoysa Proyectos y Obras, con tres millones, también pendiente de juicio. Le siguen dos firmas del Grupo Puentes —Puentes y Calzadas Infraestructuras, SL y Construcciones Exisa, SA—, con 2,5 millones, y Movexvial, con 2,2 millones. Los gerentes de estas últimas empresas ya reconocieron los hechos y fueron condenados de cuatro a seis meses por delito fiscal y falsificación y al pago de una multa superior al millón de euros. Las sentencias fijan “la prohibición de contratar durante 15 días con Administraciones públicas”. Todavía en instrucción se encuentran otras empresas que encabezan el ránking como Talleres Ganomagoga, una firma viguesa de montajes, o el Grupo Caamaño, con dos millones por trabajos ficticios.

Costas hizo el 24 de noviembre de 2011 su primera declaración ante la juez, el fiscal, el abogado del Estado y letrados de las empresas implicadas. Sus explosivas denuncias se recogieron en 74 folios después de seis horas explicando la mecánica de la trama y denunciando una por una a las mercantiles para las que había hecho las falsificaciones en cadena. Aunque fue citado a posteriores comparecencias, el empresario volvió a declarar con nuevos datos en noviembre del pasado año.

La motivación de Costas para actuar así —unas promesas incumplidas de trabajo por parte de las empresas— pusieron a los investigadores en actitud reticente. El abogado del Estado, en su interrogatorio inicial, le dijo al denunciante: “Yo admito que usted al principio, con algunas empresas, embistiera al trapo, ya que le iban a dar choio, pero claro, si usted luego veía que ni oro ni moro (…), ¿cómo siguió con esta mecánica si no sacó nada económicamente, si se está metiendo en un follón de mil pares de estrados?”.

Costas puso en marcha un ventilador que, según él, “se fue desinflando” con el paso del tiempo, después de haber comparecido en 33 juicios de las 91 causas abiertas por cada uno de los delitos de fraude fiscal denunciados por Hacienda, mientras más de una docena de sus denuncias han prescrito. El empresario arrepentido y uno de sus hermanos han sido condenados en cada juicio por delito continuado de falsedad documental aunque no cumplirán más de dos años. Queda por ver la cuantía del delito fiscal.

Costas cree que “la justicia no ha llegado al fondo, porque la implicación de los bancos y las gestorías se ha pasado por alto, y las empresas, que han sido las beneficiarias de todo esto, han pagado una multa, han admitido las facturas con una condena de mínimos y punto”. “Tampoco han llegado al fondo de la financiación ilegal de los partidos a pesar de que entregué en el juzgado un listado de 14 empresas que me reconocieron que una parte del dinero era para pagar comisiones por adjudicaciones de obra pública”, comenta Costas. “Y en esto estaban todos, el PP, el PSOE y el BNG. Incluso di el nombre de tres grupos importantes que me pedían que no les entregara el dinero en billetes pequeños, sino de 500 euros”.