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El antídoto contra la opacidad

Transparencia Internacional España trabaja para que las instituciones públicas informen y rindan cuentas al ciudadano de su gestión

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.

La corrupción es uno de los problemas que más preocupan a los españoles, según el barómetro del CIS, y la transparencia de las instituciones públicas y privadas es un herramienta potente para prevenirla. La organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), creada en Berlín hace 25 años por el mítico Peter Eigen —un exdirectivo del Banco Mundial— se instaló en España hace 12 años para actuar en las dos caras de la misma moneda: “combatir y prevenir la corrupción y favorecer la transparencia”, explica su presidente, Jesús Lizcano. La asociación llegó en 2006, hizo su primer índice al año siguiente y en 2008 publicó su primer rankingsobre transparencia en los ayuntamientos españoles. Al principio fue difícil pero a día de hoy, el índice evalúa a 110 consistorios que concentran más de la mitad de la población española.

El indicador más popular de TI, es, sin embargo, el Índice de Percepción de la Corrupción que se publica cada año a nivel mundial. España, salpicada de casos de corrupción desde hace años, sale malparada en las últimas ediciones: “Hemos bajado en la serie histórica del puesto 21 o 22 al 42 y 45 y eso no es bueno”, subraya Lizcano. En el entorno europeo pasa tres cuartos de lo mismo: “De los 28 países de la Unión Europea, casi todos los del Este (excepto Hungría) y del sur (excepto Chipre) han mejorado su puntuación los últimos años”. España, sin embargo, ocupa el puesto 20, con solo ocho países que son percibidos como más corruptos, lo que significa que la alarma de los ciudadanos ha ido creciendo con los años.

“La corrupción aquí”, continúa Lizcano, “es principalmente política, no administrativa. Va más de la actuación de los representantes políticos y de la connivencia de algunas empresas”. “Creo que no hay nuevos casos de corrupción pero como salen constantemente —se tarda años en substanciarlos—, la gente está enfadada y la percepción es que es muy alta”, puntualiza el presidente de la organización.

“Hay un frente social importante para acorralar la corrupción”

TI no se ha detenido solo en sus índices de percepción de la corrupción o de transparencia en los ayuntamientos; también analiza a los gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales e incluso clubes de fútbol. Las últimas evaluaciones al Gobierno valenciano arrojan subidas importantes en términos de transparencia. Si en 2010, la Generalitat Valenciana tenía un 56 de puntuación, en los años siguientes la ha ido mejorando: 63 (2012), 92,5 (2014) y 94,4 (2016). “Ha subido mucho en este periodo y ha creado una Consejería de Transparencia lo que indica que es una materia que les preocupa”, apostilla Lizcano.

La participación de las entidades es voluntaria, solo tienen que demostrar que cumplen con entre 60 u 80 parámetros establecidos por la ONG como importantes: si publican los informes de auditoría, si cumplen con los criterios de la ley de Transparencia, si dan publicidad a los contratos y otros parámetros parecidos. Si no colaboran, TI los incluye igualmente en sus índices.

“La corruptela en España es sobre todo política, no administrativa”

La principal vacuna contra la corrupción es, en opinión de Lizcano, “disponer de un marco legal institucional que prevenga la corrupción. En España se ha mejorado bastante en el Código Penal, donde se intensificaron las penas para los delitos de corrupción. Luego hay una ley de Transparencia y Buen Gobierno, aunque cinco años después de su aprobación carece todavía de reglamentación. Hay leyes también de altos cargos, de financiación de partidos políticos, la ley Omnibus... Lo importante es que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo porque hay por debatir muchas cosas. Se ha mejorado bastante pero hay que seguir por esta senda”, prosigue este catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Según Lizcano, son precisas leyes de protección de los denunciantes de la corrupción o leyes que regulen los lobbies. Las unidades policiales de investigación de este tipo de delitos —UDEF y UCO— tienen cada vez más medios; y los jueces, fiscales y medios de comunicación son cada vez más beligerantes. “Hay un frente social importante para acorralar entre todos la corrupción”, concluye.

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