El Govern frenó la actuación de los Mossos hasta que no tuvo alternativa

La imagen del lunes de decenas de personas unidas, contando hasta tres para empujar a la vez e intentar derribar la puerta del Parlament, no se había dado jamás. Los Mossos querían evitar que las cosas llegasen a ese extremo, y cuando empezaron los lanzamientos contra la línea policial, que protegía el edificio, incluso de las vallas de seguridad, recomendaron a sus jefes políticos que se cargase contra los manifestantes para disolver la concentración y recuperar el control de la situación, según las fuentes consultadas. Pero Interior ordenó esperar, hasta el punto de que los antidisturbios, apoyados por agentes de seguridad ciudadana —sin formación en orden público— tuvieron que replegarse en el interior de la Cámara catalana.

En el CECOR (Centro de Coordinación), desde donde se dirigía el dispositivo policial, estaban los mandos policiales acompañados de la cúpula política: el consejero Miquel Buch, el secretario general, Brauli Duart, y el director de la policía, Andreu Joan Martínez. Su criterio político fue aguantar al máximo, según diversas fuentes policiales, para evitar en el aniversario del 1 de octubre la foto de los Mossos golpeando a manifestantes.

Más información

El Gobierno responde a Torra: “No aceptamos ultimátums”

Torra amenaza con retirar el apoyo a Sánchez si no hace una propuesta de autodeterminación en un mes

Los Mossos exigen a Torra que no interfiera en las labores policiales

Torra pide a los CDR que “aprieten” para hacer efectiva la república catalana

Algo similar pasó frente a la sede de la Jefatura de la Policía Nacional en Cataluña, donde se acumularon decenas de personas. “Lanzaron candados, piedras y de todo a la línea policial”, explican fuentes policiales, que aseguran que solicitaron en diversas ocasiones cargar. El criterio policial era que convenía hacerlo para ganar espacio y despejar el perímetro de seguridad. De nuevo, la decisión política fue aguantar, agravando el delicado equilibrio de los Mossos. Su cúpula técnica está enfrentada a los mandos por sus injerencias en la gestión de la seguridad, y a su vez, los jefes políticos están cuestionados por cada actuación de la policía catalana que afecta a las acciones convocadas por los Comités de Defensa de la República (CDR).

En un nuevo intento de mantener el equilibrio, el director de la policía catalana, Andreu Joan Martínez, echó un capote al presidente de la Generalitat, Quim Torra —que animó la mañana del lunes a los CDR a “apretar”— y desvinculó el episodio violento del Parlament de los CDR. “A las 21.38 hay la desconvocatoria de las acciones instadas, promovidas y organizadas por los CDR y es en ese momento cuando empiezan a producirse los altercados”, afirmó. Y atribuyó el intento de asalto a una minoría violenta.

Martínez, que compareció en rueda de prensa sin ninguno de los tres comisarios que forman parte de la estructura de mando — “el director general de la policía es suficientemente representativo de todo el cuerpo”— defendió que todas las decisiones que se tomaron el lunes fueron operativas, no políticas. También mantener abierto el parque de la Ciutadella, que alberga el Parlament y que se había cerrado en todas las últimas manifestaciones incluso sin previsión de altercados.

Lo sucedido y las explicaciones de Interior han extendido la crisis a la base de los Mossos. Los sindicatos exigen a los responsables de Interior una explicación por el dispositivo diseñado. El director de la policía mantuvo en rueda de prensa que “había la capacidad necesaria de intervención” y que estaba debidamente planificado. “Puede decir lo que quiera. Todo el mundo vio que hubo un momento en que el cuerpo de los Mossos fue desbordado”, criticó este martes el portavoz del Sindicat de Policies de Cataluña (SPC), David Miquel, que pidió la dimisión de la cúpula política. “Compañeros repartiéndose un escudo entre tres, un casco entre dos. Llamados a la zona limítrofe porque la situación se estaba desbordando. La realidad se impone”, se sumó Valentín Anadón, del sindicato mayoritario Sap-Fepol, que tachó de “gravísimo” lo ocurrido. “El asalto a una sede parlamentaria es una línea roja que en democracia no se puede pasar”, añadió.

Otro sindicato, USPAC, ha presentado una denuncia ante la inspección de trabajo porque los agentes de seguridad ciudadana se vieron obligados a ejercer una función para la que no están preparados. “Esto no puede ser. La opinión que me transmite la plantilla es que es una vergüenza, inadmisible. Hemos dicho hasta aquí”, advirtió Toni Castejón, del SME. El SindiCAT pidió dimisiones también. Para cerrar la brecha abierta, Interior ha convocado hoy a los sindicatos a una reunión sobre el operativo. En el Parlament, Torra anunció que el consejero del Interior, comparecerá a petición propia para rendir cuentas.