Bajo el gobierno de los jueces

Fue nada menos que el ex presidente Felipe Gonzalez quien advirtió en marzo que con el enjuiciamiento por el Tribunal Supremo del anterior Gobierno de la Generalitat y su presidente, Carles Puigdemont, se entraba en una etapa de "gobierno de los jueces". Precisó además que cuando eso sucede, la política queda en suspenso. Una drástica reducción en el margen de maniobra política para actuar sobre el conflicto más grave. Esta es la parte más envenenada de la herencia que Mariano Rajoy dejó a su sustituto.

Debe ser por esta razón que, un año después del choque frontal entre el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont por el pretendido referéndum o consulta en Cataluña del 1-O, la situación política ha registrado muchos y muy importantes cambios pero la crisis constitucional que está en el origen del problema no haya sido abordada ni lleve camino de serlo. Y siga complicando el debate político.

El cambio de Gobierno en España ha permitido una evidente descompresión política en Cataluña, a la que solo se resisten el propio PP y Ciudadanos y, en el otro lado, los independentistas partidarios de la agitación permanente. Se ha entablado el diálogo entre las dos administraciones y se han reabierto vías de colaboración que llevaban años cerradas. El diálogo versa sobre asuntos muy importantes, desde el financiero hasta el de las grandes infraestructuras férreas, pero no alcanza al núcleo de la cuestión: el desajuste constitucional.

Resulta obvio que al presidente Sánchez le está resultando imposible abordar de manera creativa esta parte del problema. A lo más que ha llegado es a retomar la posición del presidente Rodríguez Zapatero: legislar para convertir en legales algunas partes del Estatuto catalán de 2006 que el Tribunal Constitucional anuló en 2010. O abordar una nueva reforma del Estatuto. Pero Sánchez no dispone de una base parlamentaria que permita avanzar en propuestas de este tipo. Requieren unas mayorías cualificadas en el Congreso y el Senado de las que el PSOE y sus aliados no disponen. No digamos ya la inconcreta reforma constitucional en clave federal de la que siempre hablan los socialistas. Al revés, tanto el PP como Ciudadanos presionan constantemente en dirección contraria y reclaman una nueva intervención de la Generalitat por el Gobierno central para limitar el poder institucional de los independentistas.

Los partidos independentistas argumentan que mientras haya presos en las cárceles y persista la persecución judicial de Puigdemont no es posible encarar acuerdos políticos de fondo. Reclaman al Gobierno de Sánchez que mueva los mismos resortes utilizaba Rajoy contra el independentismo, singularmente la abogacía y la Fiscalía del Estado, pero ahora para rebajar las peticiones de pena a los dirigentes soberanistas. En este punto, entra en juego la advertencia de Felipe González: el gobierno de los jueces significa la suspensión de la política. Las decisiones judiciales son un ámbito vedado, con su curso y sus reglas propias. Sánchez no parece disponer siquiera de medios para orientar las decisiones de la Fiscalía General en este asunto. En el periodo de Rajoy nunca estuvo en duda que la Fiscalía y la abogacía del Estado actuaban en plena sintonía con el ministro de Justicia.

El ritmo de las actuaciones judiciales permite augurar, además, una posible coincidencia o gran proximidad entre el juicio y las elecciones del mes de mayo de 2019. El clima preelectoral está empezando a calentarse y una de las consecuencias es que los partidos tienden a endurecer sus respectivas posiciones. Se está viendo ya con la precampaña para las elecciones autonómicas de Andalucía, previstas para este otoño. La crisis catalana está siendo utilizada allí por el partido de Albert Rivera como argumento para acusar al PSOE de favorecer la desigualdad entre territorios y de tolerar que Cataluña permanezca como territorio fuera de control de los partidos españoles.

La tensión acumulada por esta crisis amenaza la estabilidad de las mayorías parlamentarias que sostienen al Gobierno de Sánchez y al de Quim Torra. Se cruzan advertencias. Los diputados del PDeCat y de ERC advierten a Sánchez que si no se producen gestos en favor de los detenidos es difícil apoyar los presupuestos generales de 2019. Sánchez advierte que si no hay estabilidad parlamentaria, habrá elecciones generales. En Cataluña, la alianza independentista tiene serias dificultades para retener el apoyo de la CUP, cuyo apoyo parlamentario es también necesario para aprobar los presupuestos y la garantizar estabilidad de ejecutivo. Cualquier incidente puede hacer saltar los equilibrios. Unas cargas de los Mossos d'Esquadra el sábado pasado en Barcelona han provocado que la CUP exija la dimisión del consejero de Interior. Todo pende de un hilo.