La Guardia Civil acusa de malversación al exalcalde del PP en Coslada por el ‘caso Púnica’

El caso Púnica de corrupción política vuelve a golpear a un cargo público del PP de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado en la Audiencia Nacional un informe en el que concluye que el que fuera alcalde popular de Coslada y hoy al frente de la oposición municipal, Raúl López Vaquero, cometió presuntamente delitos de malversación y tráfico de influencias al contratar a dos empresas de la trama con dinero público para mejorar su imagen en Internet. El documento policial apunta también a que cuando se produjeron las primeras detenciones, en octubre de 2014, López Vaquero había mantenido al menos un encuentro con dos implicados en la red de corrupción en los que, presuntamente, estos llegaron a ofrecerle una comisión por amañar un contrato de eficiencia energética. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con el político a través del grupo municipal del PP y de la sede del partido en la localidad para conocer su versión. López Vaquero no figura hasta ahora como imputado en la causa.

El informe de la UCO –fechado el 13 de junio pero que no había trascendido hasta ahora— analiza a lo largo de 52 páginas los contactos que entre 2012 y 2014, cuando López Vaquero era alcalde, mantuvo con el experto informático Alejandro de Pedro, imputado en varias de las piezas del sumario del caso Púnica por facturar a administraciones públicas trabajos personales de cargos públicos, en su mayoría del PP. De Pedro declaró tras su arresto que había conocido al exalcalde de Coslada a raíz de su participación en la campaña electoral del PP a las municipales y autonómicas de 2011. Así, entre ese año y el siguiente una de sus empresas, EICO, realizó trabajos de reputación online en favor de López Vaquero para alterar el resultado de los buscadores de Internet y conseguir que en los primeros lugares de las búsquedas no aparecieran las noticias relacionadas con la denuncia por malversación que contra él había dirigido los concejales de la oposición.

Para ello, la trama incluyó contenidos favorables a él en Noticias de Coslada –un diario digital creado expresamente por De Pedro con tal fin— y lanzaron multitud de mensajes en las redes sociales a través de perfiles falsos controlados por la red de corrupción. En los registros, la UCO ha localizado varios de los informes que el experto informático hizo llegar al alcalde para darle cuenta de los resultados y que remitía al correo particular del político.

Auditorías y 'banners'

El cobro por estos servicios se realizó presuntamente con cargo a las arcas municipales mediante varias facturas que los investigadores consideran falsas. Así, en diciembre de 2011 EICO cobró 5.800 euros por la “realización de auditoría y guía de normas y uso de las redes sociales y presencia en Internet del Ayuntamiento de Coslada”. Ya en 2014 cobraría una segunda partida, en este caso a través de otra empresa, Madiva, y por un importe de 4.537,5 euros. El concepto recogido fue la inclusión de banners de publicidad del consistorio en el diario creado, precisamente, para mejorar la imagen del alcalde. En total, la red de corrupción se embolsó 10.337,5 euros.

La Guardia Civil también destaca que De Pedro utilizó su cercanía con el alcalde –el informe recoge numerosos mensajes y varias llamadas cruzadas con él- para “interceder en favor de terceros”. Entre ellos, el constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama y que desde el verano de 2015 colabora con la Justicia. Según detalla el informe, fue el experto informático quien puso a Marjaliza y al alcalde de Coslada en contacto en septiembre de 2014 para que el primero ofreciera los servicios de eficiencia energética de Cofely al regidor.

El informe recoge como los tres se reunieron en una marisquería en la que supuestamente Marjaliza ofreció a López Vaquero una comisión a cambio de que este adjudicara el contrato a la multinacional energética. Tras aquel encuentro, el informe destaca que “los contactos se interrumpieron y poco después se produjo las primeras actuaciones contra la trama investigada lo que frustró cualquier continuidad en las gestiones que venían practicando”. El informe concluye adjudicando a López Vaquero los delitos de malversación y tráfico de influencias “por destinas fondos públicos al pago de servicios de reputación online a su favor”. También acusa a De Pedro de ambos delitos y otro de cohecho. A Marjaliza, únicamente el de cohecho por el supuesto ofrecimiento de una comisión al entonces alcalde de Coslada.