Absuelto el alcalde de Coslada de los delitos de prevaricación y malversación

Menos de una semana han tardado los magistrados de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid en dictar sentencia en el juicio que han seguido contra el alcalde de Coslada, Raúl López Vaquero, del PP. Los jueces entienden que no ha cometido los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación de los que había sido acusado tras haber sido denunciado por los concejales del PSOE.

La sentencia, contra la que cabe recurso, recoge que no ha quedado acreditado que Raúl López diera órdenes a sus subordinados, en especial a su jefe de alcaldía para que no tramitara los expedientes contra el entonces jefe de la Policía Local Ginés Jiménez Buendía, detenido en mayo de 2008 junto a 30 agentes, acusado de extorsión. “No hay ningún documento firmado por el demandado para que se desistiera de estas acciones”, recoge la sentencia. Los magistrados también entienden que “no ha quedado acreditado” que el alcalde tuviera conocimiento del estado del expediente y que éste habría prescrito a los seis meses de su inicio, con lo cual ya habría caducado a la llegada de López a la Alcaldía.

Un cobro de 21.000 euros

La acusación particular, ejercida por el PSOE, y la fiscalía pedían para Raúl López siete años de inhabilitación para ejercicio de cargo público. Los socialistas le sumaban además cuatro años de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos al no haber reintegrado el jefe de la Policía los más de 21.000 euros que supuestamente cobró de manera ilícita del Ayuntamiento.

La imputación del regidor de Coslada tiene como origen un expediente abierto en 2000 contra el que entonces era el oficial jefe de la policía local, que acabó con una resolución sancionadora al considerar el equipo de Gobierno anterior, del PSOE, que Ginés Jiménez había incurrido en seis faltas graves. Ginés Jiménez era objeto de una sanción de suspensión de empleo y sueldo por un periodo de 10 meses y quince días. La decisión del Ayuntamiento fue recurrida por el expolicía en los tribunales, que acabaron dando la razón al Consistorio.

Pero según el escrito de la acusación Raúl Vaquero, que había sido elegido como alcalde el 14 de junio de 2003, dio instrucciones por escrito para desistir de la ejecución de la sentencia, y no oponerse a la devolución del aval existente, “con el fin de evitar el cumplimiento de las sanciones impuestas”. Esta decisión generó, según la fiscalía, un beneficio para Ginés Jiménez, “de manera injusta y arbitraria”. El ministerio público también acusaba al regidor de no dictar ninguna resolución administrativa que ejecutara las sanciones impuestas por el decreto de la alcaldía socialista de fecha 23 de febrero de 2001, que imponía una sanción al expolicía, “impidiendo de manera efectiva que se cumplieran”.

El pasado día 12, el alcalde, reelegido en mayo de 2011, acudió a declarar y, a la entrada de la Audiencia Provincial, López aseguró: “Este es un juicio político, que solo pretende erosionar al PP de Coslada y la mía particular. Ese es el problema”. “El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que no ha conseguido en las urnas”, añadió. En su declaración, el alcalde se limitó a decir que él desconocía los problemas que había entre Jiménez y el Ayuntamiento y trasladó la responsabilidad al jefe de Alcaldía, el letrado Fernando Alonso Barahona, que fue nombrado por él.

También prestó  declaración el ex alcalde, Ángel Viveros (PSOE), quien destacó que el caso del exjefe de Policía Municipal era “un caso notorio” en Coslada, ya que acumulaba cinco faltas graves. Al día siguiente, Barahona insistió en que actuó sin comentar ninguna de sus decisiones a su jefe directo. El desestimiento para cobrar una deuda de 21.638 euros al jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, fue propuesto directamente por él, ya que se trataba de “un acto de mero trámite dentro del Ayuntamiento”.