A cuatro euros la crónica por jugarte la vida
Dos reporteros mexicanos amenazados de muerte relatan desde Barcelona los peligros del periodismo en el país
Jacob Morales saca el móvil de su bolsillo y muestra las imágenes del episodio. Decenas de agentes de la policía estatal y federal de México abren fuego contra su objetivo, un grupo de policías comunitarios (civiles armados, reconocidos por el Estado como parte de la seguridad pública). Morales, periodista del diario El Sur de Acapulco, narró este tiroteo el pasado enero, causado por un largo enfrentamiento a favor y en contra de la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota en el sureño Estado de Guerrero. Ser testigo de unas actuaciones “anormales” de la policía del Estado le puso en peligro.
En marzo, un mensaje de WhatsApp confirmó sus sospechas. “Me dijeron que dejase de apoyar al portavoz de los opositores al proyecto”. La amenaza fue clara. “De lo contrario, te vamos a matar”, leyó en su pantalla. Ese mismo día, Morales, de 30 años, avisó a sus jefes, hizo la maleta y se desplazó a Chilpancingo, la capital de Guerrero.
Sentado en el sofá de un céntrico piso de Barcelona, Morales relata el riesgo constante de su oficio. Desde 2000 hasta hoy, 118 comunicadores han sido asesinados por denunciar la violencia del narcotráfico y sus vínculos con el Estado, según la organización internacional Article 19. Morales comparte piso con Luis Daniel Nava, corresponsal del mismo diario en el municipio de Chilapa. Tras sufrir robos, amenazas y agresiones, este redactor de 35 años se acogió, junto a su compañero, al Programa de Acogida Temporal para periodistas amenazados de la asociación Taula per Mèxic, que denuncia la vulneración de derechos humanos en un país que ha registrado hasta mayo de este año 13.298 asesinatos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tras dos experiencias en una prueba piloto, son los primeros reporteros que se benefician de este programa que financia el Ayuntamiento de Barcelona.
Con 2.529 homicidios en 2017, Guerrero es uno de los estados con más asesinatos del país. Nava aprovecha estos tres meses en Barcelona para leer libros pendientes, tomar fotografías, darse un respiro. “Es una válvula de escape a la presión laboral, la violencia”, comenta. Le costó salir de la vorágine de violencia en un municipio, Chilapa, de 31.000 habitantes, que llegó a sufrir 150 asesinatos en un año. “Te refugias con una cerveza, al día siguiente vuelves al trabajo y no te das cuenta cuando sube el nivel de violencia”, señala. Morales prefiere asumir el riesgo de cubrir los crímenes “impunes” del narco que dejar sin voz a sus víctimas. Su familia le ha pedido que deje el oficio. No lo hará, aunque ha decidido trabajar en radio o televisión, donde “no se profundiza tanto en los temas”, mantiene.
En Acapulco los periodistas han dejado de publicar el nombre de la banda responsable del asesinato o la extorsión. “Para reportear has de estar vivo”, reflexiona Nava. Medios destacados, según Morales, como Televisa o Televisión Azteca, evitan hablar de la violencia, salvo que afecte a políticos o instituciones. En la sección de sucesos de los diarios ya no hay exclusivas. “Lo primero es saber si está la autoridad presente en el lugar del crimen”.
Nava se considera un “privilegiado” al cobrar 200 pesos (ocho euros) por crónica. “Hay compañeros que cobran 100 (cuatro euros) por una nota en la que se juegan la vida”, comenta. Solo el 10% de los periodistas tiene contrato y cuando son amenazados los dueños de los medios se desentienden. Tampoco el Gobierno garantiza su seguridad. El último asesinado, Rubén Pat, el 24 de julio, contaba con la protección del Estado. Existe un programa de protección para periodistas sujeto, sin embargo, al trabajo del cronista. "Si investigas en contra del Gobierno o le criticas te quitan ese derecho", apunta Nava. Tampoco se fían de los guardaespaldas. Pueden llegar a delatarles.
Ambos periodistas disfrutan, de momento, de la “tranquilidad” de las calles barcelonesas. En octubre regresarán a Guerrero para seguir, como apunta Nava, con su “misión”: Denunciar el asesinato de 115 compañeros, la mayoría de ellos, aseguran, impunes y sin ser investigados.
