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OPINIÓN

El ‘ferragosto’ de la Generalitat

El 'procés' cada vez se asemeja más a la política de siempre, con el exótico hecho diferencial del recurso al radicalismo verbal

Escrache de los CDR ante la sede del PDeCAT
Escrache de los CDR ante la sede del PDeCAT

El mes de agosto viste de invierno en lo que la actividad política catalana se refiere. Es como si el emperador Augusto y sus consejeros, incapaces de respetar el ferragosto, cada día estuvieran dispuestos a desvelar a la ciudadanía nuevas pistas de esa república que dibuja el independentismo en el horizonte y que, en lo inmediato, no tiene nada que envidiar a lo que ofrece cualquier vetusta monarquía.

Cada día que pasa hay un nuevo afán, pequeños anticipos que permiten intuir hacia dónde va el viaje. A la suspensión de un pleno del Parlament en julio por desacuerdo entre los grupos independentistas —debido a una “línea roja” llamada Puigdemont—, se ha sumado en agosto un nuevo veto a la creación de una comisión de investigación para averiguar si los Mossos d’Esquadra espiaron a medio centenar de políticos, periodistas y abogados contrarios al procés. Cierto es que, comparado con la actuación de las cloacas del Estado central respecto al soberanismo catalán, la cosa es caza menor, pero no deja de ser una señal de que tal vez con una buena estructura de Estado surgirían por doquier discípulos aventajados del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

La democracia se demuestra andando y el artículo 67.3 del reglamento del Parlament es claro cuando asegura que se debe crear una comisión cuando lo soliciten una tercera parte de los diputados —lo piden 65 de 135— o tres grupos parlamentarios y lo han hecho Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú y el PP. O sea que en este caso la cosa va de falta de democracia y de transparencia. Y eso es lo que también falta en la pugna por el control de TV3 y Catalunya Ràdio que están librando Junts per Catalunya y Esquerra. Los trabajadores lamentan la existencia de “acuerdos privados para repartirse TV3” y que siga pendiente la reforma de la ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales pactada hace más de un año.

<TB>La batalla por el control de los medios públicos en Cataluña se asemeja a las habidas en la denostada España. Es como si en cada acto cobrara vida esa vieja política que una parte del independentismo asegura detestar. Como recuerdan los trabajadores de TV3, lo que sucede no deja de ser una vulgar “pugna partidista”.

Los horizontes van perdiendo su halo épico en cada colada. El procés cada vez se asemeja más a la política de siempre, con el exótico hecho diferencial del recurso al radicalismo verbal. El uso de expresiones como “ventana de oportunidad”, “no renuncia a la vía unilateral” o “mandato del 1 de octubre y del 21 de diciembre” forman parte del universo semántico-mistérico que manejan los exégetas Puigdemont y Torra. Entre tanta confusión de liturgias no tiene nada de extraño que los Comités de Defensa de la República se reivindiquen como guardianes de la ortodoxia y pidan por medio de ocupaciones y manifestaciones que el Gobierno catalán desobedezca las leyes o dimita. Era lo prometido. Y algunos se han cansado de que la República catalana sea un estado mental, más allá de los juegos terminológicos que les brindan los émulos domésticos del obispo Berkeley.

Vivir en Barcelona es un 25% más caro que en la media de las ciudades españolas. Cataluña es una nación donde el 25% de los asalariados cobra menos de mil euros al mes. Esos dos datos recientes serían suficientes para evitar que los grandes temas sociales queden fiados al tsunami que comportará —según ellos— la independencia. De momento y a modo de viático prosaico, los ex consejeros refugiados en Bélgica con el president Puigdemont gozan de un mullido cojín salarial. El último de ellos es el ofrecido a Lluís Puig, ex titular de Cultura, que cobrará 85.000 euros anuales por promover la cultura catalana desde Bruselas.

La gran cualidad del procesismo ha consistido en revestir de solemne estrategia lo que no pasa de ser táctica vulgar. Y todo para mantener el poder. En esa línea, el president Torra trata ahora de aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2019. Con Artur Mas y con Puigdemont en la presidencia, las cuentas eran tan fundamentales para poner en marcha las “estructuras de Estado” y cimentar el camino a la independencia que incluso la crítica CUP les dio su apoyo. Ahora Torra persigue la misma suerte con el poder de la palabra como arma, contando con la fe de sus seguidores.