El Síndic insta a las instituciones a actuar ante los “abusos” de las aerolíneas en El Prat

Los constantes retrasos y cancelaciones de vuelos que hay este verano en el Aeropuerto de El Prat no están teniendo una traducción en sanciones o reclamaciones por parte de la Administración. Es por eso que el Síndic de Greuges ha decidido este miércoles actuar de oficio e interpelar a la Generalitat (concretamente a la Agència Catalana del Consum) y al Estado (vía la Delegación del Gobierno en Cataluña) para que den una "respuesta contundente" a las "prácticas abusivas" de las compañías aéreas, en especial Vueling y Ryanair, cuya impuntualidad lastra al Aeropuerto de El Prat y lo coloca entre los más ineficientes de Europa en plenas vacaciones.

El Síndic ha recordado que la Agència Catalana del Consum, que depende del departamento de Empresa de la Generalitat, tiene la función de orientar, informar y asesorar a los consumidores y a los usuarios sobre sus derechos y la forma de ejercerlos. Pero no solo: "también es el organismo responsable de las tareas de inspección y sanción en el ámbito del consumo", mediante las acciones judiciales pertinentes. Por otro lado, el Ministerio de Fomento (mediante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) tiene, entre otras, la competencia de velar por el cumplimiento de las normas relativas a la protección del usuario del transporte aéreo.

A pesar de tener estas competencias, las instituciones no han emprendido las acciones "contundentes" que reclama el Síndic. Solo el Ministerio de Fomento está estudiando abrir un expediente y convocar a las aerolíneas a una reunión.

Las cancelaciones de vuelos las protagonizó Ryanair a finales de julio por la huelga de su personal de cabina. Sin embargo, la previsión de esta protesta permitió a la aerolínea reubicar a la gran mayoría de sus pasajeros, con lo que la huelga no conllevó problemas extraordinarios. Mientras tanto, los retrasos en las operaciones de Vueling han hecho mella en el día a día de El Prat. En julio, el 41% de los vuelos de esta aerolínea sufrieron retrasos, y el tiempo de espera ascendió a los 61 minutos.

El Síndic considera justificada su decisión de actuar de oficio por el Código de Consumo de Cataluña, que estipula que el transporte es un servicio básico y necesario para la vida cotidiana.