Carmena abre las conversaciones para remunicipalizar la M-30

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, ha iniciado las gestiones para hacerse con el control de la M-30. El gobierno municipal ha admitido a EL PAÍS que mantiene conversaciones con los socios privados de Emesa (Ferrovial, Dragados y API), que tienen un 20% de las acciones de Madrid Calle 30. Oficialmente, nadie habla del precio de la operación, pero algunos concejales la cifran off the record en 200 millones de euros. El Consistorio asegura un ahorro de 45 millones anuales.

La empresa mixta Madrid Calle 30 se creó durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) para ejecutar las obras de los túneles de la M-30, que comenzaron en 2004 y se prolongaron hasta 2007. Ahora se ocupa de la conservación de la vía. La coalición que gobierna la capital, Ahora Madrid —compuesta por Podemos, IU, Equo y Ganemos—, cree que la gestión público-privada es lesiva para las arcas públicas.

El año pasado, el equipo de Carmena convocó una comisión municipal de investigación sobre Madrid Calle 30. Después de varias sesiones y una decena de comparecientes, el gobierno local, apoyado por el PSOE y Ciudadanos, aprobó un dictamen que apostaba por la municipalización de Calle 30. Solo el PP se desmarcó, y denunció que el dictamen llevaba la firma digital de Samuel Romero Aporta, consejero apoderado de Calle 30 nombrado por el gobierno de Carmena, y que fue uno de los comparecientes en la comisión.

El pleno avaló la remunicipalización y, aunque la parte privada de la empresa recurrió a los tribunales para anularla, el equipo de Carmena se considera legitimado para avanzar en ella. "Queremos que el proceso para municipalizar Madrid Calle 30 sea de mutuo acuerdo" con los accionistas privados, explican fuentes oficiales del Área de Economía, dirigida por Jorge García Castaño. Y añaden: "Lo importante es hacerlo bien y de común acuerdo. Vemos a la parte privada en la posición de mejorar aspectos en la gestión. Y queremos avanzar con tranquilidad, discreción, respeto y colaboración".

De momento, el Ayuntamiento habla más de "conversaciones cordiales" que de negociaciones. Según fuentes conocedoras de la operación, se han celebrado ya "dos o tres reuniones" con Emesa, que han servido de "toma de contacto" y han resultado "positivas". Pero todavía no se ha hablado de costes, el punto clave de la remunicipalización.

Según estimaciones no oficiales, el 20% de las acciones de Emesa podría valer unos 100 millones de euros. A los que habría que añadir otros 100 millones de la deuda subrogada, que el Ayuntamiento adquiriría tras obtener el visto bueno de los bancos que concedieron los créditos.

A los 200 millones resultantes habría que sumar el coste de hacer públicos a los 200 empleados de Calle 30, actualmente en la plantilla de Emesa. Todo apunta, además, a que el Consistorio seguiría externalizando el mantenimiento de los túneles, del cual, por razones técnicas, podrían encargarse sus ahora socios en Calle 30.

Preguntado sobre el coste de la municipalización, el Consistorio evita confirmar ni desmentir cifras: "Lo que podemos decir al respecto es que estamos en un momento todavía incipiente del proceso y de las conversaciones con Emesa, por lo que aún no hay números cerrados", afirma el Área de Economía. En la última sesión del pleno, el concejal de Ciudadanos Sergio Brabezo preguntó sobre ese punto. Castaño le recordó que Ciudadanos votó a favor del dictamen de la comisión, y añadió: "Hay que comprar las acciones, y ¿qué cree, que los privados las van a regalar? Esto es lo que acordamos por mayoría en esta cámara".

Cifras cambiantes

Calcular el gasto municipal en la actual gestión mixta no es sencillo. Las cifras cambian dependiendo de quién las ofrezca. Nada más llegar al gobierno, el entonces concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, habló de un desembolso anual de 126 millones, y achacó al modelo indirecto el "desequilibrio" entre ingresos y gastos en el mantenimiento. Sin embargo, el año pasado fue el propio Consistorio quien recortó su aportación sobre lo establecido (un 57% menos), retrasando mejoras en el alumbrado exterior, las radiocomunicaciones y el centro de control. Ahora, el Ayuntamiento afirma que, de recuperar la gestión directa, ahorraría 45 millones anuales en impuestos hasta 2025.

Otro asunto relevante son los tiempos de la operación. El calendario es muy apretado. Las próximas elecciones municipales se celebrarán en mayo de 2019, y lo lógico sería sellar un acuerdo antes de los comicios. Algunas fuentes dudan de que Carmena pueda alcanzar ese pacto en ocho meses, aunque admiten que dependerá mucho de la disponibilidad de las partes involucradas. El Consistorio reivindica el espíritu colaborativo: "Se trata de un proceso administrativo muy complejo y hay que ir paso a paso. Una vez que el tema administrativo esté más despejado, comenzará la negociación propiamente dicha", señala el Área de Economía.

La apuesta por la "cordialidad" pasa también por reconducir las relaciones con Emesa, después de que el Ayuntamiento abriera seis expedientes contra las firmas privadas por supuestos incumplimientos de los compromisos —todos recurridos por estas—. Algo inédito en la historia de la sociedad y que no coincide con los resultados de las auditorías externas, que arrojan grados de cumplimiento muy elevados.

En el trasfondo de la operación hay, también, un argumento electoral. Ahora Madrid prometió en su programa "fijar una estrategia de recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a las grandes empresas y grupos económicos". Y la recuperación de la M-30, revirtiendo una decisión de los gobiernos del PP, sería una importante bandera electoral a la que añadir la compra de la Funeraria y de BiciMad. Todas estas iniciativas son criticadas por algunos partidos de la oposición, pero el equipo de Carmena las reivindica como positivas.

"Los beneficios de la municipalización, además del considerable ahorro económico y de que Madrid Calle 30 sería mucho más eficientes económicamente, es que una empresa con un modelo de gestión 100% público será más transparente y puede jugar un papel mucho más amplio en el sector público municipal", asegura el gobierno de Carmena.