Sabanés cree que Calle 30 se convirtió en una sociedad mixta para “enmascarar deuda”
Ahora Madrid sostiene que ese modelo es perjudicial para los intereses del Ayuntamiento
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, miembro del consejo de administración por IU durante la reforma de la M-30, ha sostenido este martes que se pasó de una sociedad municipal a una mixta (en un 80 % por el Ayuntamiento y en un 20 % por Emasa) en Madrid Calle 30 para "enmascarar deuda" inasumible para el Consistorio. El paso de un tipo de empresa a otra se debió, según Sabanés, para "intentar que no computara como deuda" municipal.
En la segunda sesión de la comisión de investigación sobre Madrid Calle 30, la edil ha subrayado que IU siempre denunció públicamente que "al final el coste de la obra correría a cargo del Ayuntamiento, que no podía asumir o que (se traduciría) en una inmensa deuda". Dicha deuda "condicionó no solo esos cuatro años de mandato sino muchos años después", que se pagó "con recortes en los recursos" municipales.
"Si el Ayuntamiento no hubiera arrastrado esa deuda, las políticas de ajuste no se hubieran producido porque habría podido soportar en mejores condiciones las crisis". Así, se vieron afectadas desde la compra de autobuses hasta la construcción de escuelas.
Gastos anuales
Durante la sesión, el jefe del departamento financiero de Madrid Calle 30, Jesús Jiménez Allen, ha concretado que apostar por una sociedad mixta supone unos gastos anuales de alrededor de 50 millones de euros, al tiempo que ha confirmado que durante los primeros años de constitución de este modelo mixto los consejeros recibieron regalos tecnológicos.
Por su parte, el subdirector general de Sector Público, Julio Hernanz Bodero, ha marcado distancias con respecto al modelo de Madrid Calle 30 porque, en su opinión, "no tiene sentido" que "por algo que podía costar treinta y tanto millones está costando cien".
Hernanz Bodero ha revelado que en este momento se están estudiando alternativas centradas en el modificado contractual de 2007. Una de las opciones que está en la mesa es cómo resolver el contrato, una medida que tiene un coste y que habrá que determinar si produce más perjuicios económicos que ahorros.
Moix archivó las denuncias
El exfiscal Anticorrupción Manuel Moix archivó, como fiscal jefe de Madrid, las denuncias interpuestas por el PSOE y por Izquierda Unida en 2005 contra las obras de la M-30 por la falta del informe de evaluación de impacto ambiental, talas de árboles o desaparición de zonas verdes.
La portavoz municipal del PSOE en Urbanismo, Mercedes González, ha revelado durante su intervención que el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix archivó, como fiscal jefe de Madrid, las denuncias interpuestas por el PSOE y por IU en 2005 contra las obras de la M-30.
Durante la comparecencia de Sabanés, González ha glosado una serie de denuncias interpuestas entonces tanto por su grupo como por IU, cuando la M-30 pasó a ser gestionada por una empresa mixta. IU denunció el fraccionamiento de las obras, las quejas vecinales y la desaparición de zonas verdes. Por su parte, el PSOE, denunció el impacto de las obras en el tramo de la Casa de Campo.
Un sobrecoste de 43 millones
El modelo de Madrid Calle 30 contempla un sobrecoste de 43 millones de euros porque hace que el Ayuntamiento siga pagando un interés del 5,5% a partir de 2027 pese a que habría finalizado la financiación de las obras de ampliación y soterramiento, financiadas a 20 años, según el jefe del departamento financiero de esta sociedad mixta, Jesús Jiménez Allen.
Jiménez Allen ha considerado durante su intervención que es un "error" del modelo financiero de la sociedad, a cuyo detalle ha tenido acceso hace "meses" pese a formar parte de la empresa desde 2004. "A partir de 2027 se debería disminuir el ingreso porque los importes de obras están financiados en 20 años, lo que pasa es que que en el gasto plurianual aprobado no hay disminución del importe, si nos dicen nada lo seguiremos facturando", ha detallado.
En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de Emesa, y tras la concesión quedó establecido el modelo económico financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040 y que Ahora Madrid considera perjudicial para los intereses del Ayuntamiento. "Todo el que ve el modelo financiero y sabe sumar ve que está mal, hay errores materiales", ha asegurado Jiménez Allen.
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