El consejero de Madrid Calle 30 redactó el dictamen de la investigación municipal sobre su empresa
Samuel Romero, nombrado por Carmena, intervino como compareciente en la comisión sobre la M-30 y elaboró las conclusiones de la misma
Samuel Romero, consejero apoderado de Calle 30, la empresa que gestiona la M-30, había acudido en octubre a la comisión municipal de investigación sobre la M-30 como compareciente, y este viernes se descubrió que fue también autor (o coautor) del dictamen final. El delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, ha replicado que él había redactado el documento, pero luego ha admitido que Romero colaboró “no solo como compareciente”, y evitó cuestionar las pruebas aportadas por el PP que revelaron la presencia de la firma electrónica de Romero en la auditoría. Los populares piden la destitución de Mato.
La comisión municipal sobre la M-30 ha tomado este viernes un giro inesperado. El PP ha denunciado que el consejero apoderado de la empresa que gestiona la autovía, y que acudió como compareciente en las investigaciones previas, es también el redactor de las conclusiones del organismo. El dictamen final se envió en PDF a los miembros de la comisión sin firma, pero, según consta en la documentación aportada por el PP, el nombre de Samuel Romero aparece como “autor” del archivo (cuando se elabora un documento queda guardado el nombre del redactor). Este diario pudo comprobar que su firma electrónica aparece también en las recomendaciones oficiales enviadas por el Ayuntamiento sobre este asunto.
Sin embargo, Romero no es miembro de la comisión municipal, que está presidida por el socialista Chema Dávila y formada por otros ediles. Fue nombrado en 2016 por el ejecutivo de Manuela Carmena. Su elección fue muy criticada por la oposición municipal por ser el hijo de una de las candidatas a las primarias de Ahora Madrid, la formación que encabeza Carmena.
Propuesta de una nueva licitación
Entre las recomendaciones del dictamen de la comisión de investigación sobre la M-30 aparece la remunicipalización de Madrid Calle 30, pero también la "licitación del nuevo contrato de conservación de la infraestructura". Según se desprende del documento, el Ayuntamiento podría tramitar un nuevo pliego de prescripciones técnicas para la "licitación de un nuevo contrato de conservación de la infraestructura que garantice los mecanismos de control y supervisión adecuada". La comisión también propone encargar una auditoría sobre el cumplimiento del contrato.
Durante su comparecencia, el pasado mes de octubre, habló de duplicidad de facturas, sobrecostes y presuntas irregularidades en la gestión de la M-30 durante la época de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) como alcalde. Todas sus sugerencias aparecen en las conclusiones de la comisión.
“Juez y parte”
Tras desvelarse la autoría del informe, el concejal de Economía ha dicho ser él el redactor del dictamen. Pero ha admitido: “El consejero apoderado ha colaborado no solamente como compareciente. Está colaborando todos los días para ahorrarle dinero a la ciudad; por ejemplo, haciendo que se cumplan los contratos que están firmados. Evidentemente, entiendo que a alguna persona o a algún medio de comunicación le importe quién ha redactado una enmienda o un documento. A mí me parece necesario que la ciudad sepa la enorme cantidad de dinero que se está ahorrando simplemente por hacer que se cumplan los contratos firmados”. No obstante, el edil no ha cuestionado las pruebas aportadas por los populares.
El concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna ha acusado a Romero de no estar actuando con independencia: “Es juez y parte a la vez”, ha afirmado. Y ha denunciado a Sánchez Mato: “No todo vale en política; es algo impresentable. Sabemos que [Romero] tiene vinculación política con Ahora Madrid, pero debe actuar de manera independiente”, ha sostenido. El edil ha tachado de “muy graves” los hechos y exigió a la alcaldesa que “destituya inmediatamente” a Sánchez Mato.
El dictamen de la comisión sobre la M-30 recoge muchas recomendaciones, entre ellas la remunicipalización de la empresa mixta (el 80% es municipal y el 20% está en manos de ACS y Ferrovial). Además, condena supuestas “ilegalidades” en las obras encargadas por Gallardón, y concluye que las obras de prolongación de los túneles de la M-30 se realizaron sin una valoración de impacto ambiental para “acercar los plazos a las elecciones de 2007”. También detecta “sobrecostes”, “falta de transparencia” y “modelo de gestión lesivo”. Y considera que existen responsabilidades políticas de Ruiz-Gallardón (PP) en estas “ilegalidades”.
La socialista Mercedes González ha señalado este viernes que las obras en la M-30 se resolvieron en una “connivencia de la derecha política con la económica de las constructoras”. La edil ha cifrado en 9.400 millones el gasto final de la ampliación de los túneles y ha lamentado la ausencia de Gallardón en la comisión.
Según Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos, las obras en la M-30 fueron un “desastre para los bolsillos de los madrileños”. Pero tras desvelarse que Romero fue el autor del dictamen, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha criticado la gestión de la investigación por parte de Sánchez Mato.
El próximo miércoles el pleno votará el texto definitivo. Este viernes, Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos avalaron el dictamen, pero la vinculación de Romero con ese documento podría mover los equilibrios en la última votación.
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