M-30

La gestión de la M-30, dañina para las cuentas de Madrid

Un informe de la Cámara de Cuentas encuentra ineficiencias, rentabilidad excesiva para la parte privada de la empresa Calle 30 y recomienda amortizar el préstamo del Ayuntamiento con tres constructoras

Alberto Ruiz Gallardón, entonces alcalde de Madrid, en la inauguración de los túneles de la M-30 en marzo de 2007.
Alberto Ruiz Gallardón, entonces alcalde de Madrid, en la inauguración de los túneles de la M-30 en marzo de 2007.CRISTÓBAL MANUEL

Deficiente y perjudicial para las cuentas públicas. Estas son dos de las ideas que la Cámara de Cuentas incluye en su informe sobre la gestión de las obras de la M-30. En un duro análisis, el organismo identifica falta de estudios técnicos, jurídicos y de viabilidad económica, un cobro excesivo de intereses de la gestora privada así como “diferencias importantes” entre los costes reales y los facturados al Consistorio en el que fuera el proyecto estrella del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular). El organismo recomienda amortizar el préstamo contraído con la parte privada de la empresa mixta así como regular los contratos de adjudicación subsidiarios de la misma. Los madrileños deberán pagar un total de 2.550 millones de euros hasta 2040. El actual equipo municipal (Ahora Madrid) “toma en consideración” el informe y lo quiere incluir en la comisión de investigación sobre Madrid Calle 30, empresa mixta que gestiona la vía.

Madrid Calle 30 es una sociedad mixta de la que forman parte el Ayuntamiento (80% del capital) y EMESA (constituida por Ferrovial, Dragados y API, estas dos últimas dentro de ACS). La empresa ejecutó las obras de la M-30 entre los años 2004 y 2007 y actualmente se encarga de la gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la vía así como de las infraestructuras y su entorno. “El Ayuntamiento destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 [única fuente anual de ingresos de la sociedad], de los cuales solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura”, explican desde el Consistorio. “El resto, si bien una porción revierte en el reparto de dividendos al Ayuntamiento, se destina al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos al socio privado, pago de IVA e impuestos de sociedades. Una gran parte de estos gastos podría eliminarse si se optara por otro modelo de gestión más eficiente”, añaden desde el Consistorio.

La Cámara de Cuentas, en un informe avanzado por ElDiario.es, cuestiona el cambio de modelo, de gestión pública a mixta (con colaboración privada) porque, en base a su documento de un centenar de páginas, esa modificación no vino acompañada de los apropiados estudios financieros, técnicos y jurídicos. “Eso ya ha costado al Ayuntamiento 554 millones de euros”, dice en un comunicado el Consistorio.

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El organismo independiente, que fiscaliza la gestión de las administraciones públicas de la región, observa también “diferencias importantes entre la realidad y las cifras de modelo”. Es decir, un desfase económico por una incorrecta aplicación del índice de precios al consumo (IPC) así como entre los gastos y los ingresos de la empresa: “el activo y el pasivo del balance económico está sobrevalorado”. El texto apunta que en la operación, los riesgos de construcción se derivan al Ayuntamiento a la vez que, por contrato, se aseguran unos beneficios a la empresa adjudicactaria.

“La remuneración de los servicios de Madrid Calle 30 no está calculada en función de un estudio económico, sino en función de la rentabilidad que el socio privado debe obtener del contrato (establecida en el 7,053% de la suma de la aportación de capital y el préstamo subordinado aportado por dicho socio privado). En la práctica, la rentabilidad es muy superior porque en el cálculo no se tiene en cuenta la retribución que EMESA percibe del Ayuntamiento por la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación, que se incrementaron en el año 2007 pasando de 12 millones a más de 23 millones de euros. La empresa que resultó adjudicataria en el proceso de licitación planteaba la rentabilidad más elevada de los cuatro ofertantes”, dicen desde el Ayuntamiento.

Multas a las constructoras

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El pasado 11 de noviembre, durante una reunión del consejo de administración de la empresa, se abrió seis expedientes por incumplimientos graves en el contrato por parte de EMESA. Lo hizo el Ayuntamiento, a instancia de Ahora Madrid, usando su mayoría. En esa decisión contó con el apoyo el PSOE. El Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron. El Ayuntamiento ha comprobado que EMESA no cumple varios de los requisitos del contrato y por los que se está pagando a la empresa privada como son, entre otros, el mantenimiento en los túneles, el número de operarios dedicados a incidentes y emergencias o deficiencias en el sistema antincendios. Además, el informe de la Cámara de Cuentas dice que el Consistorio financia el coste del suministro eléctrico cuando, por contrato, debería hacerlo la adjudicataria.

En base al estudio, la Cámara de Cuentas recomienda amortizar el préstamo que asumió EMESA para que no contara como deuda pública; regular las condiciones de licitación de contratos de mantenimiento de la vía así como revisar los datos de facturación ya que “existen grandes diferencias entre lo facturado por EMESA, por conservación y mantenimiento, a Madrid Calle 30 y lo facturado por Madrid Calle 30 al Ayuntamiento”.

Cronología de una obra faraónica

  • Las obras de la M-30 comenzaron en 2004 y duraron hasta 2007.
  • La empresa Madrid Calle 30 se creó para ejecutar las obras. Es una empresa mixta formada por el Ayuntamiento (80%) y EMESA (20%), formada por tres constructoras: Ferrovial, Dragados y API, (estas dos úlitmas, propiedad de ACS).
  • Cuando las obras finalizaron, Madrid Calle 30 se hizo cargo de la conservación y mantenimiento de la vía; EMESA licita los contratos.
  • En un informe anterior, la Cámara denunciaba la ineficiencia del modelo de contratación de EMESA.
  • La alcaldesa Carmena ha denunciando sobrecostes en la gestión de Calle 30 y ha abierto seis sancione contra las tres constructoras.
  • El Ayuntamiento invirtió en torno a 5.000 millones de euros en las obras de la M-30. A lo que se añadieron 2.500 millones de euros a pagar en 30 años. Las constructoras adjudicatarias ejercieron de finacieras de esa partida con un rendimiento garantizado del 7,05%.
  • Hasta 2040, el Consistorio tendrá que pagar un total de 2.550 millones de euros.

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Sobre la firma

Pablo León

Periodista de EL PAÍS desde 2009. Actualmente en Internacional. Durante seis años fue redactor de Madrid, cubriendo política municipal. Antes estuvo en secciones como Reportajes, El País Semanal, El Viajero o Tentaciones. Es licenciado en Ciencias Ambientales y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Vive en Madrid y es experto en movilidad sostenible.

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