La guerra de las basuras
El cierre del vertedero de Alcalá está provocando un duro enfrentamiento entre la Mancomunidad del Este (con pueblos del PP) y el Gobierno regional
Según se acerca la clausura del vertedero de Alcalá de Henares, prevista por los técnicos de la Mancomunidad del Este para el primer trimestre de 2019, sin que esté construida la planta que lo sustituirá en Loeches, el enfrentamiento entre los municipios y la Comunidad de Madrid sube de tono. El problema se encuentra en qué hacer con las basuras que generan los 31 pueblos (700.000 personas) agrupados en la mancomunidad cuando se colmate Alcalá. Desde su apertura en 1984 se han enterrado allí más de 6,7 millones de toneladas de basura sin recibir ningún tratamiento. El Gobierno regional calcula que el periodo para el que hay que encontrar una solución es de un año.
El desencuentro ha llegado a tal punto que Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente, recordó ayer miércoles al alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la mancomunidad, Javier Rodríguez (PSOE) que, teniendo en cuenta la ley, es a él “a quien le compete tomar una decisión”. “Y si no es capaz de hacerlo lo que tiene que hacer es presentar su dimisión en la mancomunidad y dejar paso a otra persona”, aseveró. En opinión de la Comunidad, la mejor opción sería ampliar la capacidad del quinto vaso del vertedero de Alcalá para que pudiera seguir recibiendo las basuras hasta la inauguración de Loeches.
Una alternativa que no está dispuesto a considerar Rodríguez. “Nos oponemos frontalmente al recrecimiento del vaso”, advierte, al mismo tiempo que amenaza con actuaciones legales y movilizaciones sociales para impedirlo. Izquierdo entiende que la cerrazón del regidor se debe al compromiso electoral que adquirió con los alcalaínos de cerrar el vertedero. “No tiene que priorizar sus decisiones políticas y personales, lo importante es actuar en favor de los municipios, del medioambiente y de los vecinos”, atacó de nuevo el consejero.
Pero la oposición a adoptar semejante solución, traspasa las fronteras complutenses. La alternativa no entra dentro de los planes de la mayor parte de los asistentes a la asamblea de la mancomunidad que se celebró ayer miércoles. A ella acudieron representantes de 19 municipios del total, que representan a unos 600.000 habitantes. El 98% de los presentes apoyó el envío de una carta a la Comunidad de Madrid para manifestar su disconformidad con el incremento de la capacidad del vertedero o a cualquier instalación que se pueda situar allí, explica el regidor de Alcalá.
La apuesta del Ejecutivo regional no convence ni a miembros de su propio partido. El concejal de Medio Ambiente de Torrejón de Ardoz, Valeriano Díaz (PP), se sumó al rechazo Un portavoz de Comunicación de ese Ayuntamiento matizó ayer miércoles a EL PAÍS que la oposición de Torrejón no es “frontal”. “Consideramos es que es necesario mantener una reunión con la Comunidad y contemplar todas las posibilidades antes de tomar una decisión”, puntualizó. Pero Javier Rodríguez esgrime cinco informes técnicos municipales que “acreditan que es imposible optar por recrecer el vaso”.
El único que se manifestó en contra del contenido de la misiva fue el alcalde de Loeches, Antonio Notario (PP), cuyo municipio representa un 1,4% de la mancomunidad y Torres de la Alameda se abstuvo. Notario reconoce con humor que “se quedó solo” en la defensa de sus planteamientos. El regidor insiste en que no le parece la mejor opción cerrar de golpe alternativas y poner límites “sin una discusión previa”.
El alcalde añade que no entiende la airada reacción que provocó en Alcalá de Henares el envió de una carta desde la Dirección General de Medio Ambiente a la mancomunidad la semana pasada. “En ella se plantean varias opciones”, dice. Es cierto que el Ejecutivo regional propone otras alternativas, aunque con peros. El consejero de Medio Ambiente indicó ayer miércoles que los residuos se podrían trasladar a Valdemingómez, momento que aprovechó para atacar al Consistorio madrileño. “Si son un Ayuntamiento comprometido con el medioambiente se pondrán de la mano con el alcalde de Alcalá de Henares”.
Otras opciones serían la planta de Pinto, “pero está más lejos y tiene más costes, y habría que construir un nuevo vaso”, o la de Colmenar Viejo, “que está a punto de colmatarse”. En la quiniela entran instalaciones de Guadalajara o de Toledo.
En todo caso, el traslado a otras instalaciones, advierte el consejero, supone una subida de los gastos. Construir la planta de transferencia necesaria para compactar los residuos supone un coste de 3,2 millones de euros. Su ubicación constituye otro motivo de fricción porque tanto Alcalá como Loeches se oponen. A este importe se suma el incremento en el precio que se abona por tratar cada tonelada de basura. “Ahora son 6,4 millones, que subirían a 13,4. Pasamos de 27 euros la tonelada a 57 euros la tonelada, para todos los municipios de la mancomunidad”, advierte al alcalde de Alcalá.
Loches pide que le paguen las tasas para dar la licencia
Antonio Notario (PP), alcalde de Loeches, está resignado a que la nueva instalación que sustituirá al vertedero de Alcalá de Henares se ubique en su municipio. “No hay muchas opciones”, comenta. Aunque todavía están pendientes de la resolución de un recurso de casación contra el plan especial de la planta. “Pero eso no paraliza su construcción”, indica.
A lo que no está dispuesto el Ayuntamiento es a otorgar la licencia de obra sin recibir los impuestos que les corresponden por tasas e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En total, Notario estima que serían unos cuatro millones de euros “a los que el pueblo no tiene porqué renunciar”. La Mancomunidad les envió una solicitud de licencia con la exención de los tributos. Cuando reciban la petición con esos importes, comenzarán la tramitación, que seguirá el mismo procedimiento que cualquier otra. “Más allá de que estamos en contra de la planta, tenemos que seguir los trámites administrativos”, afirma.
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