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CASO ALQUERÍA

Compromís destituye a Agustina Brines, la cogerente de Divalterra investigada en el caso Alquería

La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia asegura que no tenía constancia de ningún contrato ilegal en Divalterra

La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, María Josep Amigó, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.
La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, María Josep Amigó, a su llegada a la Ciudad de la Justicia.

La coalición Compromís ha cesado hoy a Agustina Brines, uno de los seis detenidos el pasado 27 de junio en la Operación Alquería, por la contratación presuntamente irregular de varios directivos en Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia. Brines fue arrestada, y luego puesta en libertad con cargos, junto al presidente provincial, Jorge Rodríguez, y otras cuatro personas más.

La cogerente -nombrada por Compromís- anunció que se apartaba del cargo pero no dimitía, pero pasados unos días, tras la dimisión del propio Jorge Rodríguez, la formación nacionalista la ha cesado. Esta se hará efectiva en la próxima reunión del consejo de administración de Divalterra, previsto el jueves. El consejo deberá decidir también sobre el funcionamiento de Divalterra, que ha quedado descabezado tras la operación policial y debe seguir prestando servicios a los ayuntamientos.

La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, de Compromís,  ha defendido, por otro lado, este viernes la legalidad de los contratos de alta dirección en la emmpresa pública Divalterra que son investigados por el juez instructor del caso Alquería. Amigó ha declarado ante el juez en calidad de testigo por los contratos junto a los también consejeros en Divalterra del PSPV-PSOE, PP y Ciudadanos.

"Los tribunales dirán si son legales o no pero nosotros en ningún momento hemos tenido constancia de la ilegalidad de ningún contrato que se haya hecho en Divalterra o en cualquier otra empresa de la Diputacion", ha manifestado Amigó a la salida del juzgado, advirtiendo que el caso está bajo secreto de sumario y no puede hablar de su testimonio.

Amigó se ha mostrado cauta en respuesta a las voces dentro de la Diputación que piden la posible disolución de Divalterra. "Tenemos que pensar en los derechos de los trabajadores de Divalterra y en mantener los servicios que los brigadistas prestan a los ayuntamientos, cuyo trabajo ha sido importante estos tres años. Luego habrá que reflexionar respecto a esta empresa pública y otras semipúblicas como Egevasa", ha declarado.

El representante del PSPV en el consejo de Divalterra, Pablo Seguí, ha defendido la honradez de los altos cargos investigados en el caso por presuntas irregularidades en las contrataciones de personal directivo. "Este equipo de gobierno no ha metido la mano de ninguna de las maneras", ha subrayado.

Jorge Ochando, consejero de Ciudadanos en Divalterra, ha pedido el cese de los cargos investigados. Ochando ha respondido, según ha declarado, a preguntas sobre los contratos investigados, y la denuncia que su formación presentó a la fiscalía dando cuentas de las posibles irregularidades.

El representante del PP, Rafael Soler, ha ratificado la denuncia de su partido sobre las supuestas irregularidades en los contratos de alta dirección de la empresa pública. Los populares insisten en que, tras las dimisión de Rodríguez, debe producirse el cese de los otros cuatro -Brines ha sido cesada hoy- detenidos en la Operación Alquería.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha defendido en la comparecencia pública posterior al pleno de los viernes que la respuesta a las detenciones fue contundente, pues se saldó con la dimisión del presidente Jorge Rodríguez. Según Oltra, el presidente de la Diputación de Alicante, "con una situación procesal idéntica" a la de Rodríguez, continúa en el cargo.

"Ha habido decisiones contundentes, tan contundentes como que ha dimitido el presidente de la Diputación de Valencia; no sé qué más contundencia se puede pedir", ha señalado Oltra.

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