Las entidades ocupan un ático y un local de los 46 que subasta la Generalitat

La Generalitat tiene previsto este jueves subastar 46 pisos, locales, solares y aparcamientos cuyos propietarios murieron sin herederos (lo que se conoce como intestados). Pero la jornada ha empezado con incidentes Por una parte, la Plataforma Aturem la Subhasta, que considera que las propiedades deberían pasar a ser vivienda social, ha ocupado dos de las propiedades, un local en el barrio del Farró y un ático en el Clot. Por otra, un centenar de manifestantes intenta impedir la celebración de la puja en una sala de las dependencias del CTTI, en el polígono Pedrosa de L’Hospitalet. La subasta ha empezado sobre las 11.30 con una hora y media de retraso. 

Los activistas han protagonizado varios forcejeos con los más de 100 licitadores que quieren optar a los pisos y con los agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra que custodian los accesos al edificio. Entre los licitadores hay un 60% de particulares y un 40% de empresas, asegura la Generalitat.

En las puertas del CTTI han explicado su caso desde un hombre que representa a una empresa que invierte en reformar y alquilar pisos hasta una familia de Barcelona que son solicitantes de vivienda social y quieren pujar por un piso de Ciutat Vella. También hay un grupo de compradores de procedencia asiática que están interesados en aparcamientos y una familia paquistaní que asegura que busca un piso económico en el área metropolitana.

Desde la plataforma, Barbara Roch, ha explicado que los dos inmuebles ocupados han sido elegidos porque en el caso del local lo utilizarán entidades y el ático se cederá a alguna familia que lo necesite. “Queremos mostrar que no se puede vender el patrimonio público y que si la Generalitat lo hace, haremos lo posible para que vuelva al pueblo”, ha afirmado Roch.

De las 46 propiedades, 14 están en Barcelona, media docena en el Área Metropolitana y otra media docena en las comarcas de Tarragona. También hay pisos en Girona, el Pirineo o Castellón. Su precio oscila entre 1.300 euros de una propiedad en Ager o 311.000 de una casa en Molins de Rei.

Ante las acusaciones de los activistas por el derecho a la vivienda, la Generalitat siempre ha contestado que las propiedades que se vende no se ajustan al perfil de los pisos sociales: por sus características o porque necesitan reformas o arrastran deudas que serían más costosas para la administración que utilizar el dinero que saque en comprar pisos. Contra la controvertida subasta también se ha pronunciado el Ayuntamiento de Barcelona.