PNV y EH Bildu discrepan en el diseño del Poder judicial del nuevo Estatuto
El texto que va al documento de bases da al Supremo la capacidad de unificar la doctrina sobre la legislación estatal y de aplicación en Euskadi
PNV y EH Bildu también discrepan en la Ponencia de Autogobierno. Tras hora y media de trabajo han acordado el capítulo de poderes para un nuevo Estatuto vasco, pero con diferencias. La coalición abertzale ha introducido un voto particular al reclamar un poder judicial propio e independiente que culmine en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Con esa salvedad los dos grupos nacionalistas, con mayoría en el Parlamento vasco, han avanzado en solitario en la redacción de la propuesta a la que un grupo de expertos deberán darle forma de texto articulado. En esta ocasión, al igual que ocurrió con el Preámbulo, el Título Preliminar, y con el articulado sobre competencias PNV y EH Bildu han avalado los capítulos sobre los poderes y la organización territorial del nuevo sujeto político y sobre hacienda y patrimonio.
No obstante y por primera vez en este proceso se ha producido una discrepancia entre ambos y la coalición abertzale ha presentado un voto particular al articulado referente al poder judicial vasco, ya que considera que tiene que culminar en el Tribunal Superior de Justicia Vasco. En declaraciones a los periodistas, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Uriarte, ha reivindicado un "poder judicial propio que no esté sometido al Tribunal Supremo" y en el que "todos los procedimientos empiecen y terminen aquí".
Tribunal Supremo
En el texto acordado se sostiene que el Tribunal Supremo tendrá la capacidad de unificar la doctrina sobre la legislación estatal y de aplicación en Euskadi, de conformidad con lo pactado con el Estado conforme a la relación bilateral y de naturaleza confederal que se propugna. El órgano de gobierno de los jueces será el Consejo General Judicial Vasco y la Ertzaintza será "a todos los efectos" la policía judicial. El documento señala que el nuevo estatus partirá de la actual arquitectura institucional interna y será una ley la que actualizará en su caso el reparto competencial entre las instituciones comunes y los territorios históricos.
En este sentido, se señala la autonomía financiera y tributaria de estos, pero se reconoce que existen posturas distintas sobre el alcance de esta competencia y sobre los mecanismos de coordinación en materia de gasto público. Los municipios se configuran como "verdaderos poderes territoriales" y se avanza la posibilidad de conformar un nuevo nivel en el ámbito supramunicipal en el que enmarca la cuadrillas, las comarcas y las mancomunidades. Se introduce un apartado sobre la participación ciudadana en el que se alude a consultas y referendos cuya competencia se reconoce en el nuevo estatus a las instituciones vascas.
En cuanto al capítulo de hacienda y patrimonio, se defiende la preservación del Concierto Económico como "pilar fundamental" del autogobierno vasco y se recoge la necesidad de que se asegure el respeto institucional a esta figura. Se define como un "universo cerrado que regula tanto los tributos de exclusiva competencia estatal como los de competencia foral, sean convenidos o no" y se aboga por establecer "garantías jurídicas" que aseguren que el Estado negociará cada vez que sea necesario un "acuerdo evolutivo" del Concierto para asegurar sistemas de "bilateralidad efectiva".
El nuevo sujeto político podrá participar en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin) y en los grupos de trabajo relacionados con sus competencias. Atribuye al nuevo sujeto político las competencias en materia de fiscalización y control de gastos públicos, en tesorería y en endeudamiento. La propuesta también contempla competencias exclusivas en materia de relaciones labores y de proyección y seguridad social, "sin menoscabo de los mecanismos de solidaridad y de cooperación con el sistema vigente en el Estado". La ponencia volverá a reunirse el martes y el viernes de la semana próxima, con la intención de culminar sus trabajos y de cerrar la propuestas que se remitirá al grupo de expertos. Quedan por redactar los apartados de derechos y deberes, de política exterior y las disposiciones adicionales.
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