La oposición denuncia ante la Cámara de Cuentas la gestión del PP en Galapagar

Los grupos de la oposición de Galapagar (34.000 habitantes) Cambiemos Galapagar y En Común IU han presentado un escrito ante la Cámara de Cuentas en el que denuncian supuestas irregularidades en la gestión del equipo de gobierno, del PP. Entre ellas, se encuentran la duplicación en la contratación de prestaciones, la existencia de servicios sin cobertura contractual, la realización de obras sin autorización del órgano competente, la omisión de información a la Cámara de Cuentas, el reconocimiento extrajudicial de créditos de manera innecesaria, y el abuso de reuniones retribuidas por la junta de gobierno.

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Fuentes municipales replican que se trata de una denuncia falsa, como otras que se han interpuesto en la fiscalía, la Guardia Civil o el Defensor del Pueblo. “Todas ellas archivadas”, puntualizan desde el Ayuntamiento.

Los contratos menores, dice la oposición, se usan para necesidades periódicas a las que correspondería, por su importe, otro tipo de licitación que cuenta con mayores controles. De esta forma, se eluden las normas de publicidad y procedimiento, mantiene la denuncia. Entre el año 2015 y 2018 se destinaron más de 4 millones y medio de euros a este tipo de contrataciones, muchas de ellas destinados a las mismas empresas, que tienen ya contratos mayores en vigor con el ayuntamiento, añade el documento.

Además, desde el inicio de la legislatura hasta finales de 2017 se celebraron en Galapagar 251 juntas de gobierno local, 132 de carácter ordinario y 119 extraordinarias. La cantidad excesiva de estas últimas se debe, en su opinión, a que de esta forma dos concejales del PP que no tienen asignado sueldo por no contar con dedicación exclusiva y que solo perciben dietas, se embolsan por cada junta 300 euros. Al celebrarse dos sesiones cada semana, podría estar encubriéndose una retribución a dichos ediles, afirman.

Otra de las irregularidades detectadas afecta a las máquinas expendedoras de café, refrescos y aperitivos que se encuentran en los edificios municipales, en algunos casos desde hace 10 años. Su instalación, afirman, "carece de un soporte contractual y, por tanto, no ha seguido una licitación previa, autorización o concesión".

En cuanto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, consideran que existe "ocultación de datos" desde 2017. Esta figura, aclaran, permite justificar el pago a los proveedores por un servicio prestado o un suministro entregado sin contrato alguno, pero son una figura excepcional para casos muy concretos. En Galapagar, sin embargo, es un procedimiento que se utiliza en demasiados casos, "presuntamente" para eludir "la normativa de contratación", concreta el escrito a la Cámara de Cuentas.