La Fiscalía pide dos años de cárcel para el arquitecto de Canalejas por daños al patrimonio

El Fiscal delegado de Medio Ambiente acusa al arquitecto de la Operación Canalejas, Carlos Lamela y de Vargas, de dañar el patrimonio histórico con las obras en los edificios de la manzana —declarados bien de interés cultural (BIC)— y pide para Lamela dos años y tres meses de cárcel, así como cuatro años de inhabilitación para ejercer su profesión. El escrito de la Fiscalía, fechado en noviembre de 2016 y adelantado por OK DIARIO, hace responsable al arquitecto de “pérdida y destrucción de gran parte de elementos constructivos, estructurales y espacios incluidos en la declaración de los BIC, no recuperables sin pérdida de su autenticidad”.

Según la instrucción, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, "no obstante las claras limitaciones impuestas en los informes vinculantes del organismo competente en patrimonio histórico [...], el acusado decidió apartarse de dichas prescripciones, imponiendo sus propios criterios arquitectónicos sobre aquellas, de modo que ordenó la ejecución de actuaciones no autorizadas", entre las que destaca la demolición de los pilares de la primera crujía del edificio de Alcalá, 14 y del de la plaza de Canalejas, 1.

El arquitecto de Estudio Lamela ha explicado a EL PAÍS que se siente tranquilo ante su actuación: “Hemos hecho las cosas bien, ajustadas a derecho y cumpliendo los requerimientos de la licencia”, ha dicho. El profesional ha comentado que todas las actuaciones “estaban dentro de la licencia de obras” y que ninguna de ellas “es grave ni irreversible, ni se ha realizado sobre elementos protegidos”. En cualquier caso, "en un proyecto de esta complejidad, la licencia nunca es nítidamente clara", ha dicho, tras recordar que se trata de un proyecto muy complejo que ha pasado más de 30 veces por la Comisión Local de Patrimonio, dependiente de la Comunidad de Madrid.

"A nuestro entender, la primera crujía no comprende la segunda línea de carga (vigas y pilares)", ha continuado, para recordar que "las fachadas, los forjados y los elementos protegidos se mantienen ahí inalterados". Por último, el arquitecto ha señalado que todavía se encuentran a la espera del señalamiento de fecha para el juicio oral por estos hechos.

Defensores del patrimonio

Desde la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), entidad defensora del patrimonio histórico que impulsó la denuncia que inició la investigación, explican: “Es una satisfacción saber que estos delitos contra el patrimonio no quedan impunes y esperamos sirva la petición del fiscal para que los responsables de acciones como esta tengan la debida cautela en el futuro”.

"Somos perfectamente conscientes de que el arquitecto ha sido el brazo ejecutor de una serie de concesiones, por una parte municipales, modificando el plan general para permitir la unificación de parcelas y la descatalogación de los edificios hasta entonces protegidos y por otra parte de otras concesiones, más graves si cabe, de la Comunidad de Madrid, eliminando la protección de unos edificios considerados bienes de interés cultural y declarando en un nuevo acto administrativo, únicamente las fachadas de uno de ellos", añaden.

La asociación continúa: "Esta irresponsable e incomprensible actuación, sin antecedentes conocidos en la aplicación de la legislación de patrimonio, se ejecutó precisamente por quienes tenían en sus competencias la protección de este Patrimonio. Si después se ha quebrantado durante la obra la escueta conservación de unos elementos constructivos de estas fachadas protegidas, no es algo que nos sorprenda pues el auténtico quebranto patrimonial, el de la esencia arquitectónica de los edificios, fue propiciado por la propia Administración". Por ello, piden que los responsables políticos asuman responsabilidades.