La Generalitat concede otra prórroga a Iberpotash para sus vertidos

La montaña de sal del Cogulló, en Sallent (Bages), seguirá acumulando la sal vertida por la empresa minera Iberpotash, filial de la compañía israelí ICL. El departamento de Territorio y Sostenibilitat ha anunciado este martes que concede a la empresa una nueva prórroga de un año para desarrollar su actividad minera, que consiste en extraer potasa y otros minerales, lo cual deja una sal residual que se vierte en el Cogulló, generando un problema medioambiental sobre el que han alertado desde activistas hasta la propia Unión Europea.

El litigio entre los vecinos y activistas, por un lado, y la empresa y los sindicatos por el otro, empezó en 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó que Iberpotash debía dejar de verter residuos. La sentencia, que ponía como plazo el mes de junio de 2017, fue respaldada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, ante la presión de los sindicatos, el TSJC otorgó el año pasado, in extremis, una moratoria de un año con la opción de ampliarla un año más.

Iberpotash pidió una prórroga de dos años para completar las obras urbanísticas necesarias para trasladar la producción de Sallent a Súria, pero el Tribunal la limitó a un año, aunque dejó la decisión de la ampliación a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central. Con el argumento de la modificación urbanística, la Generalitat le ha concedido la ampliación de la moratoria, que termina el 30 de junio de 2019. Para justificar la petición, durante los últimos meses la empresa ha aportado informes bimestrales sobre el progreso de la construcción de una nueva rampa de acceso en la mina de Cabanasses, en Súria, y sobre medidas medioambientales para la gestión de los residuos salinos.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción de la CUP, aprobaron hace un año una resolución que pedía “dar apoyo a las medidas transitorias que propone la industria minera”. La compañía se comprometió a hacer más inversiones, a ofrecer 3 millones de euros como aval, y a poner fin a los residuos del Cogulló en 2021, momento en el que, según la empresa, la sal se vendería a la industria química. Los sindicatos también apoyan la presencia de la empresa en el territorio, que genera 1.200 puestos de trabajo.

A pesar de tener el apoyo insititucional, la compañía está bajo la presión de la justicia y de la Unión Europea. La Comisión Europea envió en enero un ultimátum a España para poner fin a los vertidos, y amenazó con llevar el caso de los residuos salinos al Tribunal de Justicia de la UE, algo que todavía no se ha producido.