El fin del 155 en Cataluña coloca a Sánchez ante su primer gran desafío

Apenas media hora después de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, hacía lo mismo en Barcelona el Ejecutivo de Quim Torra. Los dos Gabinetes comienzan a andar al mismo tiempo con una agenda radicalmente opuesta en los objetivos pero con intereses comunes que les obligarán a hablar. “Se abre una oportunidad que merece la pena ser explorada”, dijo Sánchez en referencia a Cataluña durante el debate de la moción de censura el pasado jueves en el Congreso. Torra respondió este sábado con la mirada puesta en los políticos encarcelados: “Esta situación que vivimos no puede alargarse ni un día más”.

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Nadie, ni en Barcelona ni en Madrid, espera una revolución en lo que a políticas territoriales se refiere. Pero la simple apertura de una vía de diálogo después de dos años de absoluto bloqueo es una novedad que fácilmente puede contribuir a rebajar la tensión.

Sánchez tendrá, al menos a corto plazo, que convivir con una realidad incómoda y que sigue envenenando la vida política en Cataluña: la prisión preventiva de los principales líderes del procés, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Nada de lo que se diga o se haga en Cataluña los próximos meses podrá hacerse sin tener en cuenta esa situación y la de los políticos huidos.

No será fácil revertir el escenario, pero los caprichos del calendario han querido que el mismo día que Sánchez tomaba posesión como presidente se levantase la intervención que pesaba sobre el autogobierno catalán desde el pasado octubre. Una vez que este sábado tomaron posesión todos los consejeros de Torra, la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya es historia. No obstante, la gravedad de los delitos que se imputan a los exdirigentes del procés —rebelión, sedición, malversación— hace que nadie, ni siquiera en el independentismo, piense en una pronta salida de prisión. Ambos Gobiernos, duren lo que duren, tendrán que convivir con su compromiso de mantener un diálogo —ya se verá sobre qué— con el desarrollo de un proceso judicial que marcará la agenda política.

El nuevo presidente del Gobierno asegura que no ha pactado nada con los independentistas catalanes para conseguir sus 17 imprescindibles votos para la moción de censura. Y que el soberanismo le haya votado sin apenas rechistar tampoco implica que vaya a dar oxígeno al Ejecutivo cuando se produzca la escalada de previsibles procesamientos, inhabilitaciones y eventuales condenas que comenzará en pocos días y que durará al menos un año.

Sánchez, como Rajoy, ha sido vilipendiado como pocos por el independentismo los últimos meses por su apoyo a la aplicación el artículo 155. Pero no comienza en una mala situación si su objetivo es abrir un diálogo en Cataluña y sentar las bases —que no culminar— una reforma territorial. Las dos veces que Sánchez ha llegado a la secretaría general del PSOE lo ha hecho con guiños al catalanismo moderado que le han abierto puertas en Cataluña y le han brindado el apoyo del PSC incluso a costa de abrir grietas internas en el PSOE. En 2017 defendió que “Cataluña es una nación” dentro de una España que veía como “una nación de naciones”.

El Gobierno no podrá reformar la Constitución, como tantas veces ha prometido Sánchez. Ni el PSOE tiene claro qué modelo territorial defiende ni el PP, y mucho menos Ciudadanos, están por la labor de sumar la mayoría cualificada que se requiere. Tampoco en el independentismo existen ni el liderazgo ni el valor político que requeriría en estos momentos una operación de tal calibre.

Sin embargo, el hecho de que Sánchez no cuente con una mayoría clara en el Parlamento no excluye que intente llevar a cabo durante su mandato una serie de gestos que permitan destensar la situación. Así, en cuanto comunique el organigrama de su Gobierno se sabrá si finalmente acaba por crear un ministerio específico de Política Territorial, con el objetivo de que su titular sea el encargado de entablar el diálogo prometido. Sería una señal clara de que para Sánchez el problema catalán es una prioridad. También se espera que el presidente revitalice la subcomisión parlamentaria que durante los últimos meses ha estado estudiando el modelo territorial. Ese foro arrancó el pasado 15 de noviembre a petición del propio Sánchez, que lo puso como condición para apoyar a Rajoy en la activación del 155. La idea inicial era que esa subcomisión pusiera las bases para que más tarde la comisión constitucional del Congreso de los Diputados empezara a debatir una posible reforma de la Ley Fundamental.

Sin embargo, ni Sánchez puede afrontar esa reforma con solo 84 diputados ni a día de hoy los partidos independentistas parecen dispuestos a contentarse con esa solución, ya que siguen secuestrados por el discurso del “cuanto peor mejor” que Carles Puigdemont se encarga a diario de mantener vivo desde su morada berlinesa. No obstante, el discurso de Sánchez puede tener efectos balsámicos no solo en las élites catalanas que han visto en el procés una oportunidad para vehicular sus frustraciones, sino también en ese 20% o 30% de independentismo coyuntural que se ha pasado a la secesión básicamente como respuesta a las políticas de Rajoy.

No será fácil. Cataluña está gobernada en este momento por el Gobierno con menos cintura política de su historia reciente. El discurso de Torra, a quien Sánchez recibió tildándolo de xenófobo y supremacista, se ha basado hasta ahora en el extremismo. “República”, “presos políticos”, “exiliados” e improperios contra España han sido la tónica dominante y no lo tendrá fácil para corregir el discurso mientras Puigdemont esté al frente de la cocina catalana desde Alemania. Al fin y al cabo, al expresidente catalán no le queda otra opción que seguir gesticulando desde Berlín si no quiere pasar a la más absoluta irrelevancia política. Y Torra es el único dirigente que le ha garantizado lealtad absoluta.

La irrupción de Sánchez ha venido acompañada de algunos cambios en la correlación de fuerzas en el independentismo. La vida política catalana lleva dos años secuestrada por el ala más radical, personificada en los dirigentes de la CUP y en Puigdemont. Pero esta última semana, por primera vez, no se ha impuesto el criterio de estos, que maniobraron para abortar la moción de censura con el argumento de que Sánchez y Rajoy tienen la misma visión sobre Cataluña. Ha ganado la opinión de quienes, dentro del independentismo, creían que lo prioritario era echar al PP del Gobierno. No es un cambio menor. De alguna forma se han impuesto los sectores posibilistas que, sin renunciar al independentismo, creen que ahora es más importante organizar una resistencia en favor de los políticos encarcelados y de la recuperación del autogobierno antes de volver a las andadas.

Por este motivo, ante el cambio de caras que ya se ha dado en el Gobierno central, habrá que estar alerta ante la nueva correlación de fuerzas que se establezca en la Generalitat. Torra será presidente mientras lo quiera Puigdemont, pero en su sottogoverno y al frente de los partidos independentistas se consolidan figuras que habrá que seguir y que no están por la labor de acrecentar el enfrentamiento. Son los posibles aliados de la operación diálogo de Sánchez. Se trata de Pere Aragonès y Roger Torrent en Esquerra Republicana y de Marta Pascal en el PDeCAT. Los tres están muy verdes políticamente, pero su presencia es mejor que nada en una política catalana que hoy se asemeja más a un páramo que a cualquier otra cosa.