El pueblo que frenó un ejército de camiones de basura

Un río de camiones cargados con residuos de toda Galicia ha alimentado desde hace una década la gran boca negra abierta en Grixoa (Santiago), a apenas cuatro kilómetros de la residencia oficial de Monte Pío y a seis de la tumba apostólica hacia la que caminan cientos de miles de peregrinos cada año. Estas fauces que despiden una poderosa halitosis forman parte del llamado Complejo Ambiental Miramontes, una UTE que hasta principios de año estaba integrada por una cantera de áridos de cuarzo, un vertedero de residuos calificados oficialmente como "no peligrosos" que rellena el viejo cráter agotado y una planta de tecnosuelos (o terrenos restaurados con desperdicios urbanos tratados) que hoy permanece clausurada por la Xunta después de que los análisis revelaran parámetros muy superiores a los permitidos para metales contaminantes y nitratos. De todas estas empresas, según denunciaron la semana pasada en rueda de prensa los vecinos, solamente la cantera de áridos cuenta con permiso municipal para circular con vehículos de más de 5,5 toneladas por la carretera rural, de cuatro metros de ancho y sin pintar. Los demás, según la Plataforma de Afectados polo Vertedoiro de Santiago, lo han hecho siempre de manera "ilegal", cargados con toneladas de basura en cantidades "prohibidas", superiores a las que permite la señal de limitación que hace tiempo llegó a desaparecer.

Hasta después de denunciar los hechos públicamente, según la plataforma la frecuencia era de "50 o 60 tráileres diarios, a veces ciento y pico". Pero ante la "insoportable inactividad de las autoridades", "en especial la Guardia Civil de Tráfico de Santiago" aunque también el Ayuntamiento, la lucha en solitario de residentes en las aldeas que rodean el vertedero, una de ellas a 400 metros, ha frenado ese trasiego de desperdicios. "A pesar de los obstáculos y connivencias", tal y como expresaron este martes en un comunicado los miembros del colectivo de afectados, desde la semana pasada la vieja cantera reconvertida en vertedero ya no recibe esos residuos que engullía desde 2008. Mientras, en otra nota de prensa el Complejo Ambiental Miramontes advertía el domingo sobre la insostenibilidad de su situación: "Miles de toneladas se acumulan, en decenas de empresas, sin alternativa de tratamiento adecuado".

La insistencia de los vecinos (que cuentan cómo el intenso tráfico de camiones causa "grietas en las casas", "vómitos y malestar por el insoportable olor" y "destrozos" en un vial incapaz de asumir vehículos pesados para los que nunca estuvo previsto) ha cambiado la suerte del "complejo ambiental" que las Administraciones autorizaron tan cerca de las casas y de un arroyo que da de beber al Tambre. Entienden que fue por su movilización que la Xunta acabó llevando a cabo las inspecciones que condujeron a la clausura de la planta de tecnosuelos justo cuando la Sociedade Galega de Historia Natural denunció la "peligrosidad" de la instalación. Y fueron sus continuas visitas al consistorio y sus sucesivos intentos con la Guardia Civil los que vetaron el paso a los camiones rotulados con nombres de empresas muy conocidas, o cargados con rechazos de importantes "plantas de tratamiento de residuos de Galicia como Nostián", que recurrían a la capacidad gástrica del vertedero para deshacerse de los indigestos desperdicios que genera la sociedad. Ahora, igual que se hizo con la planta de tecnosuelos, la plataforma de afectados pide que "la Xunta compruebe lo que han metido ahí dentro", en la cantera rellenada.

En su nota del domingo, desde un punto de vista diametralmente opuesto la UTE también criticaba la "inacción" del gobierno municipal compostelano, "agravada por la desinformación de la Consellería de Medio Ambiente". Los gestores de la planta, explicaban, "se han visto obligados" a suspender la actividad de la instalación como consecuencia de una acción de la plataforma vecinal que pide el cierre del vertedero y que llegó a "cortar la carretera". Se trata, puntualizaba la empresa, de un "cierre temporal" motivado en "los cambios unilaterales" y "de dudosa legalidad" llevados a cabo por el Ayuntamiento, que brinda así "argumentos a unas actuaciones vecinales ilegítimas". El Complejo Ambiental anunciaba además "acciones legales" para "depurar responsabilidades" y la "subsanación de los perjuicios causados", y criticaba que la Xunta estuviese "más preocupada por evitar los costes de imagen de un enfrentamiento con una plataforma parcialmente integrada por vecinos": "Se está poniendo en riesgo el conjunto del sistema de gestión de residuos de Galicia, dilatando en el tiempo decisiones y poniéndose de perfil ante eventuales polémicas políticas".

Los vecinos aseguran que supuestamente la escorrentía de lixiviados ya ha contaminado un abastecimiento de agua que "ha dejado de ser potable" y que en aquel camino que fue trazado para el uso de las aldeas, no para el tránsito de "2.000 toneladas diarias", se han producido "numerosos incidentes" como la "invasión de fincas e incluso el vuelco de un camión". "Nosotros solo queremos que se cumpla la ley", protestan miembros de la plataforma, "pero hay un garantismo exagerado para las empresas y ninguno para las personas". Según ellos, la Guardia Civil solo se presentó en dos ocasiones desde noviembre de 2017, por eso la semana pasada el colectivo vecinal  "adoptó la decisión" de presentarse en el camino e "informar a los conductores de camiones destinados al vertedero de que serían denunciados a título particular" si transgredían la señal de limitación de tonelaje.

La campaña duró dos días, en vísperas de las fiestas patronales de la Ascensión, y según la plataforma desde entonces ya no han cruzado este Camiño da Igrexa de Grixoa más tráileres que los de la cantera de áridos, con permiso desde 1991. Estos "llegan vacíos y marchan llenos", al contrario que los que abastecían de residuos y lodos de depuradora, respectivamente, el vertedero y la planta de tecnosuelos cerrada. La victoria provisional en esta guerra declarada que ha condicionado la vida de los habitantes de aldeas de Grixoa como Miramontes o Vilas ha coincidido con la publicación del documental Vivir ao pé do lixo, de Lentes Diverxentes, donde varios miembros del colectivo de afectados relatan su lucha en primera persona. No es un problema de 900 vecinos, "es un problema de país", defiende en el vídeo David Martínez, uno de los integrantes más activos del grupo al que ya han pedido asesoramiento algunos pueblos de Galicia que ven cómo sus antiguas canteras planean rentabilizar el obligado proceso de "restauración" como vertederos. El vecino avisa a los compostelanos: "El aire es imparable, y el agua llega a todas partes".