Carmena dio 20.000 euros a dedo a la experta de Podemos que auditó el PP

La economista Bibiana Medialdea, redactora del programa económico de Podemos, impulsó la "auditoría ciudadana" del Ayuntamiento de Madrid sobre los gobiernos de los exalcaldes Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón tras recibir 20.000 euros a través de un contrato menor —sin concurso abierto— estipulado entre el Consistorio y la Universidad Complutense. El Ayuntamiento invitó a concurrir a otro colaborador de Podemos y una investigadora afín a Ecologistas en Acción. Hasta ahora, el gasto para fiscalizar el PP suma 500.000 euros.

La "auditoría ciudadana" sobre los gobiernos del PP arrancó gracias a un contrato a dedo. Fue uno de los miles contratos menores asignado por el Consistorio, cuyo procedimiento permite, por razones de puntualidad y emergencia, evitar el concurso público y limitar las ofertas a tres elegidas por el propio Ayuntamiento. En ese caso, la adjudicataria fue Bibiana Medialdea, profesora de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense. Esta economista es conocida por haber asesorado al partido de Pablo Iglesias en temas económicos y está vinculada al colectivo ATTAC, en el que participa el ex concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, y que trabaja para la restructuración de la deuda.

Medialdea ganó a dos ofertas que eran 800 euros más caras que la suya. Estas fueron presentadas por otros investigadores cercanos a los partidos y grupos que conforman Ahora Madrid. Se trata, en concreto, de un profesor de la Universidad Carlos III, Juan Laborda, consejero del programa de Podemos para las elecciones generales. Este experto perdió el convenio para la creación de la auditoría ciudadanía, pero logró otro para redactar un informe técnico en ese ámbito. La segunda propuesta provino de otra investigadora de la Complutense, que pertenece al colectivo Fuhem Ecosocial. Ese colectivo es dirigido por Yayo Herrero, ex coordinadora de Ecologistas en Acción.

El contrato para la fiscalización de las políticas de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón supuso un desembolso municipal de 20.311 euros (IVA incluido). Medialdea se encargó de la "coordinación del diseño" y "puesta en marcha de la auditoría ciudadana". Además, decidió cómo conformar su consejo académico asesor. Ese órgano arrancó en 2016 y forman parte de él ocho expertos, algunos de ellos con experiencia académica y en su mayoría afines a las fuerzas políticas de Ahora Madrid (Podemos, IU, Ganemos y Equo).

El Ayuntamiento sostuvo que nadie del consejo, del que también forma parte Medialdea, cobraría por su servicio. Aunque ahora sí se sabe que esta logró un contrato de 20.000 euros. Este diario escribió al correo electrónico que figura en el perfil académico de la economista de la Complutense, pero no obtuvo respuesta.

Una portavoz del Área de Economía del Consistorio detalló a EL PAÍS que el contrato menor sirvió para la puesta en marcha del proceso de auditoría ciudadana y también para la redacción de dos informes: "Uno sobre el modelo de participación ciudadana en la auditoría, y otro era un mapa preliminar de casos de políticas públicas susceptibles de impactos negativos en los ciudadanos". Todo ese trabajo está publicado en la web municipal, remarcó la portavoz.

Uno de estos informes, de 45 páginas, fue presentado a los medios en marzo de 2017. El Ayuntamiento habló de posibles irregularidades en el endeudamiento del Consistorio por parte de Ruiz Gallardón. El ejecutivo dijo tener "indicios" de que Gallardón usó empresas públicas para eludir las limitaciones de endeudamiento. Una irregularidad que, sin embargo, nunca llevó a los tribunales.

La denuncia se quedó ante los medios. Lo mismo ocurrió en octubre de 2017, cuando el Ayuntamiento habló de "irregularidades" en un contrato del PP de 2014. Además de estos, el gobierno local entregó otros informes por valor total de 500.000 euros. Este dinero sirve para "estudios de impacto" sobre Economía, Medio Ambiente y Género, entre los cuales destaca el informe de impacto de género sobre la M-30. Según la hoja de ruta municipal, dichos estudios se presentarán en el primer trimestre de 2019, en plena campaña electoral de las elecciones municipales de mayo.

El edil del PP José Luis Moreno criticó en enero que el gobierno mantenga en vida la auditoría, creada, en su opinión, "para ajustar cuentas con los anteriores gestores". El grueso del dinero público, añadió Moreno, "se está adjudicando (...) a personas, empresas y cooperativas públicamente vinculadas al entorno del gobierno". Esas empresas, dijo, "en algunos casos no tienen capacidad técnica según el código nacional de actividades económicas".

En esa comisión, el delegado de Economía, Jorge García Castaño, argumentó que la subdirección de auditoría, creada ad hoc y que entrega los contratos, se creó por un acuerdo del pleno en 2015. Calificó a la auditoría de "estructura de evaluación de las políticas públicas", y añadió: "Nuestra idea es seguir con los trabajos" de la "auditoría ciudadana".