Las “auditorías ciudadanas” al PP costarán medio millón de euros
El Ayuntamiento mantiene que los informes externos servirán para investigar el "expolio del patrimonio público"
El Ayuntamiento de Madrid ha encargado 14 informes para auditar los gobiernos anteriores del PP en el marco de la llamada "auditoria ciudadana", con un gasto que alcanza los 421.500 euros, a los que hay sumar otros 90.000 para otros siete estudios previos. El Consistorio ha adjudicado los 14 contratos a través de concursos públicos entre julio y agosto. Se prevé que los trabajos estén listos a principios de 2019, poco antes de las elecciones municipales de ese año. El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, cree que estos informes servirán para investigar el "expolio del patrimonio público".
La segunda fase de la llamada auditoría ciudadana sobre los gobiernos de Alberto-Ruiz Gallardón y Ana Botella (PP) costará al erario público municipal casi cuatro veces más que los informes preliminares, encargados a dedo a través de contratos menores (por un total de 90.000 euros). El objetivo de estas nuevas adjudicaciones es "la elaboración de estudios de análisis de las principales políticas municipales desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid en las últimas legislaturas [sin contar la última], y su impacto, desde una perspectiva integral, en la ciudadanía", reza el pliego de los contratos al que ha accedido EL PAÍS.
La partida prevista es de 367.708 euros. A ello, hay que añadir otros 53.768 para elaborar el informe Estudio cualitativo sobre los servicios externalizados en el Ayuntamiento de Madrid. El plazo previsto para la entrega de casi la totalidad de estos estudios es de 13 meses a partir de noviembre. Es decir, que sus resultados casi coincidirán con la campaña electoral de 2019.
A diferencia de la primera tanda de contrataciones, los nuevos informes se están adjudicando a través de contratos abiertos y públicos. Los plazos para participar acabaron el pasado 18 de agosto, 47 días después de la publicación del concurso en los diarios oficiales (el 6 de julio).
El delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, sostiene que el trabajo de su área no se detiene en verano y que la contratación de estos informes sirve "para determinar el expolio del patrimonio público". Añade que se estimó "necesario" para la redacción de los documentos unos 13 meses. Y en cuanto al objeto de los informes explica: "Los contratos sirven para evaluar y analizar las principales políticas desarrolladas por el Ayuntamiento, así como las actuaciones más significativas, tanto por su impacto presupuestario como por las externalidades generadas a la ciudadanía en materia social, económica, de género y medioambiental".
La "auditoria ciudadana" arrancó en 2015 por mandato del pleno, para instituir un mecanismo permanente de control sobre las actuaciones municipales. El equipo de Ahora Madrid avaló el instrumento y ha encargado investigaciones externas sobre los últimos gobiernos, de 2003 a 2015. Estas investigaciones han llevado al anuncio del descubrimiento de algunos supuestos casos de sobrecostes en gestiones de los anteriores gobiernos.
En el actual pliego el Ayuntamiento confirma el estudio de ese periodo ("el ámbito temporal objeto de los informes será el de las legislaturas 2003 y 2015") y divide la contratación en seis lotes. Estos abordan diferentes materias: cuidados, protección social básica y género; modelo urbano; políticas de prestación de servicios y financiación; territorial, cultura y deportes; medioambiental y económica y vivienda.
La adjudicación de los contratos pasa por un organismo ad hoc, la Subdirección de la Deuda, adscrita a la Concejalía de Economía. Con él, colaboran ocho expertos (investigadores y profesores de Economía, Antropología y Sociología) que asisten desde el punto de vista metodológico al organismo, sin recibir remuneración. Una mayoría de estos expertos aparece vinculada a algunos de los partidos que conforman la coalición de Ahora Madrid (Podemos, IU, Equo y Ganemos). El Partido Popular, cuyos últimos gobiernos están siendo analizados por la auditoría, cuestiona la legitimidad de este organismo.
Almeida: "Las competencias deben ser de la Intervención"
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, censuró este lunes la actividad de la "auditoría ciudadana" por carecer, en su opinión, de independencia. Se trata de una "pandilla de amiguetes" del concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, dijo en referencia a la vinculación de algunos miembros del consejo asesor —como la coordinadora, Bibiana Medialdea— a partidos como Podemos.
El portavoz del PP insistió en la necesidad de que se fiscalice la actividad municipal. Pero que sean los funcionarios quienes la lideren: "Las competencias le corresponden a la Intervención del Ayuntamiento de Madrid, pero como la Intervención es un organismo independiente, Sánchez Mato prefiere a su pandilla de amiguetes con la adjudicación de contratos a dedo para ver si puede sacar un lío".
El concejal de Economía y Hacienda niega que los asesores de la "auditoría ciudadana" sean sus "amigos" y "una pandilla". "Se trata de eminencias en el campo de la defensa de las políticas públicas y es una pena que el PP no pueda tener a gente que lo defienda —me refiero a lo público— después de años de expoliarlo y demonizarlo", agregó Sánchez Mato.
La "auditoría ciudadana" ha servido en los últimos meses para denunciar supuestos casos de sobrecostes en las gestiones de los anteriores ejecutivos. En octubre, por ejemplo, se detectó irregularidades en un contrato de 2014. Martínez-Almeida cree, sin embargo, que el fin de este organismo es propagandístico: "El día que se aprueba el plan económico [con recortes] el Ayuntamiento saca el tema de la auditoría", afirma.
