Una auditoría municipal dice que el PP usó empresas públicas para eludir el límite de la deuda

Los gobiernos municipales del PP utilizaron entre 2003 y 2015 las empresas públicas del Ayuntamiento de Madrid como un vehículo para eludir las limitaciones de endeudamiento de la ciudad. Estas operaciones generaron costes innecesarios y desequilibraron más la deuda, según figura en el primer informe de la auditoría municipal elaborado por el equipo que encabeza Manuela Carmena. El documento preliminar sobre la Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas, consta de 45 páginas y ha sido presentado este jueves. El encargado de la presentación ha sido el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, junto a la coordinadora del Consejo Asesor, Bibiana Medialdea, y el subdirector general de la auditoría, Álvaro Sánchez Martí.

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El proceso tiene como objeto analizar las políticas públicas y las actuaciones municipales entre 2003 y 2015. En el estudio inicial se señala que hubo subcontratación inadecuada en ámbitos como la atención a las víctimas de violencia de género, la falta de control y transparencia en empresas públicas e inversiones no justificadas.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid se multiplicó por siete en una década, al pasar entre diciembre de 2002 y diciembre de 2012 de 1.136 millones de euros a 7.732 millones. Esto conllevó a que el gasto financiero municipal pasase de un 3,3 % en 2002 al 36 % en 2014. Este incremento de la deuda se debe en parte a la asunción por parte del Consistorio de las deudas de Madrid Calle 30 (2.226 millones), la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (233 millones) y Madridec (265 millones).

De hecho, según señala el informe encargado por el Gobierno de Ahora Madrid, en las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento se urdió una estrategia que conllevaba la realización de gastos municipales a través de formas societarias complejas. Estas últimas estaban diseñadas exclusivamente con la finalidad de eludir los límites al endeudamiento, que determinaban, solo por la realización de gasto elegida, unos costes significativamente más elevados de lo que hubiese supuesto la asunción directa del gasto por parte del Ayuntamiento.

En concreto, el informe destaca la forma de gestión elegida para soterrar la M-30, que llevó al Consistorio a asumir sobrecostes de unos 313 millones de euros por IVA y 128 millones por el pago del impuesto de sociedades, además de sobrecostes en obras realizadas por Madrid Espacios y Congresos o la construcción de aparcamientos en los que hasta 2015 se perdieron 2,5 millones de euros.

Asimismo, el informe hace mención a arrendamientos "en condiciones claramente desfavorables", unido a que pagaba en 2015 hasta 39 millones en alquileres cuando tenía edificios propios en desuso. Uno de los casos indicados es el del área de Economía y Participación, en Alcalá 45, que se vendió para después ser alquilado por 18.000 euros al día. Algo similar ocurrió en el Edificio APOT, por el que el Ayuntamiento paga 3,5 millones anuales.

La falta de cuidado en el patrimonio quedó de manifiesto, por ejemplo, con la desaparición de un cuadro de Antonio de Felipe, que reapareció en un sobre enviado a El País por un anónimo. El informe hace especial mención a ventas como la del 75 por ciento de las acciones de Metro en 2011 a la Comunidad, junto a la sede de Urbanismo y parte del Canal para aliviar las arcas municipales por las obras que se estaban ejecutando desde hace años.