Los funcionarios critican el uso político del retorno de la paga extra

Los funcionarios se sienten en medio de una pelea política a expensas de la paga extra que les debe la Generalitat. El Parlament tenía que validar este jueves el decreto ley del Gobierno central para pagar el 20% que aún se adueda de la retribución de 2012. Este trámite ha caído del orden del día porque Junts per Catalunya, ERC y la CUP recordaron que el reglamento de la cámara establece que el Govern debe comparecer y, por el artículo 155, esta obligación recae en el Ejecutivo central. Los partidos y la Generalitat inisisten en que la paga se abonará, pero funcionarios y oposición lamentan la “motivación política” de lo ocurrido.

El Gobierno catalán todavía debe a los funcionarios catalanes el 20% de la paga extra de 2012 y la totalidad de las correspondientes a los años 2013 y 2014, que no cobraron debido a los recortes impulsados bajo el Gobierno de Artur Mas. Los empleados públicos, tras años de reivindicación, conseguirán este año recuperar lo que todavía les debe la Administración desde 2012, o al menos así lo asegura el portal de Función Pública del departamento de Gobernación. Sin embargo, lo que este jueves debía ser ya una realidad, se ha vuelto a retrasar.

El pago del 20% de la paga extra de 2012 debía abonarse el pasado 30 de marzo, según el acuerdo al que llegó la mesa de negociación y que fue aprobado en el Parlament. El pago se retrasó por la aplicación del 155: faltaba un trámite parlamentario para dar luz verde al decreto ley del Gobierno central. Este trámite, que debía superarse en el pleno de este jueves, ha quedado en el aire y si no se realiza antes del 26 de abril no se podrá abonar el dinero. Junts per Catalunya, ERC y la CUP han aprovechado su mayoría en la junta de portavoces para retirar esta cuestión, argumentando que la no comparecencia del Gobierno implicaría un posible defecto de forma. Los sindicatos han obtenido el compromiso de que a finales de abril se abonaría la cantidad a los 180.000 funcionarios.

De acuerdo con el reglamento del Parlament, las convalidaciones de estos decretos ley las tiene que hacer un miembro del Govern ante el pleno. Bajo la aplicación del 155, esta obligación recae sobre alguien del Ejecutivo central. Desde Esquerra explican que hoy el Parlamento ha recibido una carta en la que se notificaba que ningún miembro del Gobierno vendría a defenderlos. El diputado de Junts per Catalunya Marc Solsona ha garantizado que dicho decreto se aprobará antes de que expire el margen.

“Estamos hartos de que nos usen como moneda de cambio”, ha lamentado Joan Maria Sentís, responsable de Área Pública de CC OO. Sentís ha considerado que los funcionarios están “en medio” de una pelea política, cuando es precisamente en este momento de recuperación económica cuando se deberían empezar a negociar las pagas del 2013 y 2014. “Lo del Parlament ha sido un postureo, y nosotros somos víctimas de una falta de respeto”, ha destacado Carlos Villalante, secretario de Política Institucional de UGT.

Los grupos de la oposición en el Parlament también se han mostrado contrarios a la decisión. “Se hace para mantener la estrategia de tensión con el Gobierno”, ha asegurado el diputado del PP, Alejandro Fernández, mientras que Eva Granados, la portavoz socialista, ha considerado que la no comparecencia de un miembro del Gobierno es solo una excusa, puesto que ya se han convalidado decretos similares en el marco de la diputación permanente de la Cámara. “El procés es bloqueo”, ha espetado el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. El bloque independentista ha solicitado un informe jurídico para determinar si se puede realizar la votación sin que haya una exposición del Gobierno sobre el texto.