La Guardia Civil registra la Generalitat en busca de pruebas de uso de dinero público el 1-O

El juez de Barcelona que investiga el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre ha ordenado este jueves nuevos registros. Agentes de la Guardia Civil se han presentado a primera hora de la mañana en el Palau de la Generalitat en busca de documentación que acredite, entre otras cosas, si el Gobierno catalán empleó dinero público para organizar la consulta. Los registros se han llevado a cabo en el Departamento de Presidència de la Generalitat, en la sede de Òmnium Cultural y en el domicilio particular del secretario de Difusión y Atención Ciudadana, Antoni Molons, que ha sido detenido y puesto en libertad horas más tarde acusado de malversación y desobediencia.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, no ha ordenado de forma expresa ninguna detención. La Guardia Civil, sin embargo, ha acudido al piso de Molons, en Sant Joan Despí, no solo para practicar el registro, sino para comunicarle su detención. Se ha tratado de una medida técnica cuya única finalidad ha sido que asista al registro que otros agentes han llevando a cabo, desde primera hora, en el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.

Los tres registros buscan encontrar pruebas de que el Gobierno de Carles Puigdemont empleó dinero público para costear el referéndum. En los últimos meses, la causa abierta por el juez -en la que están imputadas una treintena de personas, incluidos ex altos cargos del Govern- se ha centrado precisamente en acreditar el supuesto delito de malversación de fondos públicos.

La Guardia Civil ha emitido dos informes en los que detalla esos gastos. En uno de ellos, acusa al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a otros cuatro exconsejeros, haber tramitado las facturas que se pagaron a la empresa Unipost para que distribuyera las cartas necesarias para la consulta. El coste ascendió a casi un millón de euros, al que hay que sumar otro medio millón que, según la Guardia Civil, gastó en campañas de publicidad en medios de comunicación para promover la participación.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado que la Guardia Civil no encontrará “ninguno tipo de vinculación económica” con la Generalitat y ha defendido que su entidad se financia con aportaciones privadas. Mauri ha criticado los registros, que ha tachado de “show”, vulneración de derechos”, “humillación” y “represión”. “Basta ya”, ha repetido, en declaraciones a los medios frente a la sede de la entidad cultural. Y ha llamado a una concentración de protesta a las 18 horas en plaza de Sant Jaume. El vicepresidente ha detallado que los agentes están requiriendo información económica así como correos electrónicos y comunicaciones de algunos trabajadores. También ha asegurado que la comitiva judicial ha advertido a algunos de ellos de las posibles consecuencias penales si se producen concentraciones en la calle similares a las de los registros del 20 de septiembre llevados a cabos en diversos departamentos por parte de la Guardia Civil.

El papel de las entidades independentistas Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural, impulsoras de las multitudinarias Diadas de los últimos años, también está en el punto de mira del juez. Una de las líneas de investigación abiertas es determinar si los fondos recibidos estos últimos años por las dos entidades sirvieron, en parte, para sufragar gastos del referéndum del 1-O, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. De ahí los registros que la Guardia Civil también está practicando hoy en la sede de Òmnium, en la calle Diputació de Barcelona.