Cuatro imputados por la trama alicantina de Fitur durante el mandato de Ripoll

Un juez ha citado a declarar el próximo 16 de marzo a cuatro imputados por una supuesta trama de corrupción relacionada con la Feria Internacional de Turismo (Fitur) durante el mandato del presidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. Los investigados son dos exaltos cargos del Patronato de Turismo Costa Blanca -organismo público que depende de la corporación provincial-, Miguel Juan Baldó y la exalcaldesa de Dénia Ana Kringe, y dos empresarios, según han informado hoy fuentes judiciales.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción hace justo un año por el grupo de Compromís en la Diputación alicantina. Su portavoz, Gerard Fullana, cifró entonces este “fraude masivo“ en 3,2 millones de euros y lo bautizó como una “Gürtel paralela“, en alusión a las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market, la empresa liderada por Francisco Correa y Álvaro Pérez El Bigotes, para el montaje de los expositores autonómicos de varias ediciones de Fitur.

Compromís aportó a Anticorrupción setenta facturas a las que accedió durante la comisión de investigación constituida esta legislatura para auditar los últimos 12 años de gobiernos del PP en la corporación provincial. Los contratos bajo sospecha recayeron en Exporigging SL y Stands Molinos SL, controladas por un matrimonio vasco compuesto por Mercedes Lasa y Javier Molinos.

Ambos cónyuges han sido imputados ahora en esta causa, pero están también pendientes de juicio en Orihuela por el montaje del pabellón de ese ayuntamiento en las ediciones de Fitur celebradas entre 2008 y 2011. En esa causa está acusada también la expresidenta del PP de la Vega Baja Pepa Ferrando como presunta cooperadora en cuatro delitos de prevaricación y otros tantos de fraude, y se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años de prisión.

Ripoll, que vive ya ajeno al mundo de la política, debe ser juzgado en los próximos años por su implicación en la 'Operación Brugal', en concreto por la rama relativa a la adjudicación de un macrovertedero en la Vega Baja. Ripoll fue detenido y dimitió en 2009 de sus cargos institucional y orgánico. Ahora se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 16 años de prisión y 44 de inhabilitaciónpor cinco delitos.

Fue durante su mandato cuando Exporigging SL y Stands Molinos SL, dos empresas sin ninguna experiencia en el sector turístico y dedicadas en exclusiva al mundo inmobiliario, facturaron al Patronato Costa Blanca por servicios y trabajos para Fitur. Según Compromís, el supuesto fraude siguió un modus operandi similar al que empleó la Generalitat con Orange Market, la sucursal valenciana de la 'trama Gürtel', para adjudicarle el montaje de los stands de la Comunidad Valenciana en Fitur.

El grupo parlamentario dirigido por Fullana sostiene que la Diputación incurrió en un fraccionamiento ilegal de contratos, sobrecostes injustificados y una manipulación de los concursos públicos para beneficiar al matrimonio Lasa-Molinos. La Fiscalía Anticorrupción ampara esas sospechas y cree que hay indicios de criminalidad suficientes para investigarlas.

De la misma opinión es el titular del juzgado de Instrucción 7 de Alicante. El magistrado José Luis de la Fuente ha practicado diversas diligencias y ha citado ahora a declarar como imputados por un delito contra la Administración Pública a los dos empresarios citados y a dos ex directores económicos del Patronato de la Costa Blanca, Ana Kringe y Miguel Juan Baldó.

Las pesquisas se centran en las adjudicaciones de la Diputación para Fitur en los años 2007 y 2008, pues los hechos anteriores estarían prescritos. Sin embargo, van a desglosarse en investigaciones que afectan a otros municipios de la provincia. De hecho, el instructor ha remitido parte de la causa a dos sedes judiciales para que investiguen las facturas abonadas a Exporigging SL y Stand Molinos SL por los ayuntamientos de Benidorm, Altea, Benissa, El Vergel y Teulada por sus respectivos expositores municipales en Fitur.