Piden nueve años de prisión para la expresidenta del PP de Orihuela

La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para la expresidenta del Partido Popular en Orihuela (Alicante), Josefa Ferrando, por hasta cuatro delitos de prevaricación administrativa y otros tantos de fraude. Junto a la política, actual concejal en Orihuela por Foro Democrático, Anticorrupción pide además diversas penas de prisión contra seis empresarios en un caso de presuntas irregularidades en la contratación de servicios para las ferias turísticas de Fitur y de la Comunidad Valenciana. El perjuicio causado a las arcas municipales fue de 149.695 euros.

La diligencia del fiscal Pablo Romero es el colofón a un mandato extinguido el pasado 24 de mayo y en el que la mitad de los concejales del PP han estado imputados. También es el enésimo escrito presentado por Anticorrupción en los juzgados de una ciudad de apenas 90.000 habitantes y que ostenta el dudoso honor de ser la que más casos de corrupción concentra en toda la Comunidad Valenciana. En la capital de La Vega Baja, conocida peyorativamente como la Sicilia valenciana, se acumulan las presuntas corruptelas ocurridas en lo que prácticamente ha sido un feudo del Partido Popular desde finales de la década de los años 80 del pasado siglo. 

Si bien las cantidades son menores, el proceso guarda similitudes con el caso Fitur, que esconde también presuntas adjudicaciones ilegales e inflados sobrecostes por servicios prestados por la trama Gürtel. A Ferrando se le acusa de fraccionar facturas como concejal de Cultura y Turismo para evitar la concurrencia pública en las ediciones de Fitur celebradas entre 2008 y 2010, así como en otras citas de la Fería de Turismo de la Comunidad Valenciana. Las facturas suman un total de 329.981 euros bajo los que se oculta un quebranto a las arcas públicas de 149.695 euros.

El menoscabo de las arcas oriolanas pudo ser mayor. El fiscal pide abrir otro procedimiento penal contra Ferrando. En fechas inminentes a su nombramiento como concejal en 2007, fue administradora única durante seis meses de Pepa Ferrando Protocolos&Eventos, empresa que facturó 97.825 euros contra los reparos del interventor.

El procesamiento de esta política, hasta hace seis meses presidenta del PP en uno de los graneros de votos históricamente más cuidados del Partido Popular, es uno más en los que se han visto envueltos numerosos políticos de la comarca valenciana más meridional. Aquí nació el caso Brugal, un entramado de intereses político-empresariales entorno a la gestión de residuos y el urbanismo por los que están siendo investigados del expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, hasta tres exalcaldes oriolanos o los dos últimos alcaldes electos de Alicante.Está imputada incluso una exdirectora de Canal 9.

Extrañas contrataciones del PP

Durante la investigación, denominada por la policía caso Spa, no solo se encontraron pagos un tanto surrealistas que superan con creces el precio del mercado; como los 8.262 euros desembolsados para transportar, montar y almacenar un olivo tipo bonsái. La Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la policía también destacó en uno de sus informes que las siete empresas que gestionaron todos los servicios, del entorno del País Vasco, contrataron con municipios del Partido Popular siempre en administraciones alejadas de su ámbito de influencia geográfica.

La información policial apunta a una trama de empresas. Estas facturaron servicios por tres millones de euros en Palencia, Valladolid y en instituciones de la Comunidad Valenciana como la Diputación de Alicante o la Agencia Valenciana de Turismo, también en los ayuntamientos de Torrevieja, Dénia, Benidorm, Xàbia o La Vila; entidades controladas entonces por el Partido Popular.