Fitur, la feria de las irregularidades

Fitur, la principal feria turística española, que se celebra cada año en Madrid, es la protagonista de buena parte de la causa de financiación del PP valenciano que investiga el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la que hay una treintena de imputados, entre ellos diputados y cargos públicos en ejercicio de la Generalitat. La policía y la Intervención General del Estado han acreditado que las condiciones del contrato público de la adjudicación del diseño, construcción, montaje y desmontaje del pabellón valenciano en Fitur en el año 2005, el primero que ganó la trama Gürtel, fue redactada por la propia red, asegurándose así que se impondría a los competidores, tal y como prueba la documentación intervenida por la policía. Las empresas del grupo de Francisco Correa ingresaron cerca de cinco millones de euros entre esa edición y la de 2009, con Francisco Camps al frente de la Generalitat.

El informe de la Intervención General del Estado (IGE) también revela, sin embargo, que las irregularidades eran la tónica habitual en las adjudicaciones de Fitur en la etapa anterior a Camps, al menos desde el año 2001, cuando Eduardo Zaplana presidía el Gobierno valenciano.

La IGE señala que la Agencia Valenciana adaptó la redacción de las bases de la edición celebrada en 2005 que hizo la trama. El texto es prácticamente el mismo —incluida alguna errata— pero la Administración introdujo algún cambio. El más significativo es que la red pretendía que toda empresa que se presentase a la adjudicación tuviese que seguir el diseño realizado por Fernando Torres Manso, así, con nombre y apellidos, a quien la IGE describe como “apoderado de Special Events”, una de las sociedades de la red corrupta, “y colaborador y diseñador habitual del grupo” Correa.

El intento de la trama puede parecer excesivo, pero no lo era tanto desde la óptica de la Agencia Valenciana de Turismo. Porque en todas las ediciones anteriores a 2005 analizadas por la IGE, la Administración autonómica concedía a dedo el diseño del pabellón a la misma persona, Alejandro Guijarro, incumpliendo las advertencias de los técnicos jurídicos de la Agencia Valenciana de Turismo. La IGE subraya que la Sindicatura de Comptes también alertó reiteradamente de que Turismo infringía la ley.

Turismo incumplía regularmente la Ley de Contratos de las Administraciones

Como justificación para darle año tras año —al menos entre 2001 y 2004, que es el periodo investigado por la IGE— el diseño a la misma persona desoyendo las advertencias legales, la Agencia Valenciana de Turismo se limitaba a señalar: “Desde 1996 Alejandro Guijarro ha realizado para la Agencia numerosos proyectos demostrando una gran calidad en sus diseños tanto a nivel técnico como decorativo y con los que la Comunidad ha ganado un gran prestigio, consiguiendo numerosos premios como mejor stand en diversos certámenes”. El año 1996 fue el primero en el que la participación valenciana en Fitur corrió a cargo de una Administración autonómica gobernada por Zaplana, que había ganado las elecciones en 1995.

La IGE también destaca que en los años anteriores al desembarco de la trama Gürtel en Valencia, la Agencia Valenciana de Turismo incumplía regularmente la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, a pesar de que la Sindicatura de Comptes había alertado de ese incumplimiento repetidamente. La agencia está “financiada en su práctica totalidad por la Generalitat valenciana y [fue] creada para satisfacer necesidades de interés general que son competencia de esa Administración autonómica”, y por ello le era de aplicación la ley, insistía sin éxito la Sindicatura, según recoge la IGE.

La Administración de Camps no aceptó incluir en el concurso la obligación de contratar al diseñador de la trama. Pero la alternativa de Turismo le resultó igualmente favorable: decidió no mantener separados los contratos del diseño del pabellón por un lado, y el montaje y desmontaje por otro, y unificarlo en un único concurso que ganó año tras año Orange Market, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, hasta que fue detenido por la policía en 2009.

El informe de la IGE demuestra que El Bigotes aterrizó en un territorio, la Consejería de Turismo, que ya estaba abonado de irregularidades. Pero también que con el desembarco de la trama la cosa empeoró, tanto en la redacción de los concursos como en el importe que pagaba por ellos la Generalitat. Para Fitur 2005, el peso del criterio económico para decidir la adjudicación cayó del 50% al 15%, mientras crecía la importancia de los elementos subjetivos. El último informe de la UDEF prueba que ese cambio era una de las principales preocupaciones de El Bigotes como forma de asegurarse las adjudicaciones.