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Sant Cugat, la capital del 3%

En la ciudad, el mayor feudo municipal de CDC en las últimas décadas, convergen todos los casos de corrupción del partido y se extiende la sombra de las comisiones ilegales

Vista de Sant Cugat con la Serra de Collserola al fondo.
Vista de Sant Cugat con la Serra de Collserola al fondo.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) mantienen desde hace tres décadas un idilio a prueba de cambios históricos. Ni el fin del pujolismo, ni el auge independentista, ni siquiera la refundación del partido han minado el poder de los nacionalistas en una plaza que arrebataron para siempre a los socialistas en 1987. La ciudad de mayor renta de Cataluña ha sido desde entonces el faro con el que CDC ha querido proyectarse al resto del área metropolitana de Barcelona y también su refugio en los tiempos difíciles, como la travesía por el desierto en la que entró tras perder la Generalitat en 2003.

Como tantas relaciones, sin embargo, la de CDC (hoy PDeCAT) y Sant Cugat también esconde secretos inconfesables. En este caso no se trata de traiciones ni de infidelidades, sino del protagonismo de la ciudad en las tramas de corrupción que en los últimos tiempos han llevado al partido a la peor crisis de su historia.

Sant Cugat es el único Ayuntamiento incluido en la sentencia del caso Palau por una obra (un pabellón deportivo) por la que la constructora Ferrovial pagó una comisión ilegal. Sant Cugat también está en el centro de las investigaciones del caso 3%, la otra gran trama de financiación ilegal de CDC. Y Sant Cugat es igualmente uno de los escenarios del caso ITV, la historia de favores políticos y comisiones opacas que acabó con la carrera de Oriol Pujol.

“Todo esto es el resultado de 30 años seguidos de alcaldes de Convergència, más tiempo del que Pujol padre presidió la Generalitat”, afirma Ferran de Juan, comerciante y miembro de la Asociación de Vecinos de Can Magí. “En el fondo, la historia de Sant Cugat es un poco la historia del partido, para lo bueno y para lo malo. Y la corrupción es una parte de ella”, añade.

El peso de la ciudad en el partido, y a la inversa, es evidente. La alcaldesa, Mercè Conesa —en el cargo desde 2011 y responsable de Urbanismo los ocho años anteriores—, es también presidenta de la Diputación de Barcelona. Su antecesor, Lluís Recoder, fue el hombre elegido por Artur Mas en su primer Gobierno para la cartera de Territorio, que gestiona toda la obra pública de la Generalitat. Y líderes del actual PDeCAT, como Jordi Turull, han crecido políticamente entre los despachos del Ayuntamiento, del que fue gerente entre 1999 y 2003.

El fallo del caso Palau ilustra con Turull los estrechos vínculos entre CDC y Sant Cugat. El fallo destaca su presencia en 2002 en la mesa de contratación del polideportivo del caso Palau y relata su trayectoria política cómo “concejal desde 1991 en otra localidad cercana, miembro de la Diputación de Barcelona desde el mismo año y diputado del Parlament desde 2003”. “La vinculación entre mesa de contratación y [...] CDC aparece diáfana”.

Una alcaldesa contra su partido

La alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, sorprendió a casi todo el mundo cuando anunció hace 12 días, tras la sentencia del caso Palau, que estudia denunciar a CDC por el “mal uso” que el partido ha hecho del nombre de la ciudad. Las reacciones a estas palabras —que todos interpretan como otro intento del PDeCAT de alejarse de su pasado— van de la chanza a la indignación. “Es una ocurrencia. Nadie representa mejor lo que ha sido Convergència que ella, que era la responsable de Urbanismo durante los hechos investigados en el caso 3%”,afirman desde ERC.

La oposición en bloque exige a Conesa que asuma responsabilidades y la acusa de no adoptar medidas para poner coto a la corrupción. “Tiene que levantar la alfombra, calcular la factura del robo y devolver hasta el último céntimo”, afirma la CUP. “Sant Cugat ha sido un coto donde CDC ha actuado con impunidad”, denuncia Ciudadanos. ICV exige a la alcaldesa “que lo explique todo y diga qué hará para que esto no vuelva a ocurrir”. Para el PSC “es difícil creer que todo esto pasara desapercibido, es evidente que aquí hay algo que chirría”.

El caso 3% puso el foco en Sant Cugat casi desde el principio de las investigaciones, cuando lo que era un episodio de corrupción local en Torredembarra (Tarragona) saltó a toda Cataluña tras el rastro de las adjudicaciones de la constructora Teyco. Fue en agosto de 2015 cuando la Guardia Civil irrumpió en el Ayuntamiento en busca del expediente de una obra —un edificio de viviendas sociales— adjudicado en marzo 2009.

Una funcionaria local, sin militancia política y que pide el anonimato, recuerda “el estado de shock” en el que quedó el personal municipal. “Sabíamos lo del caso Palau, pero todos queríamos creer que era algo puntual. Ese día muchos asumimos que aquí debía haber algo más”, explica. “Había un runrún”, admite Mireia Gallego, activista del Barrio del Monestir que coordina un grupo de Facebook con más de 1.000 vecinos. “Ahora ya son hechos demostrados y la pregunta es cuántos casos más hay, hasta dónde llega la corrupción”, se interroga.

Los siete años que van de la adjudicación del caso Palau a la del caso 3% (de 2002 a 2009) ilustran bien la crónica de corrupción del partido. CDC perdió la Generalitat, llegaron los Gobiernos tripartitos (2004-2010) y el expresidente Pasqual Maragall (PSC) alertó del “problema del 3%” en el Parlament, pero los fontaneros convergentes seguían ocupados en el discreto trabajo de cobrar comisiones ilegales, según han revelado ahora las investigaciones. Eran años en los que a las arcas de CDC aún llegaba dinero por las últimas grandes obras de la era Pujol —Ciudad de la Justicia y Línea 9 del Metro—, pero en los que las mordidas por adjudicaciones de los municipios gobernados por el partido fueron ganando peso.

Las fundaciones

Las donaciones a CatDem y Fòrum Barcelona a partir de 2008 —apenas ha trascendido documentación anterior— ofrecen muchas claves. En el caso de Sant Cugat, se hace evidente una repetición de muchos nombres entre la lista de contratistas y la de donantes al partido. Y se produce un llamativo efecto relevo, por el que algunas constructoras interrumpen sus donaciones al acabar las obras en el municipio y son sustituidas por nuevas adjudicatarias.

Una investigación de EL PAÍS revela que es en esos años —con CDC en la oposición en la Generalitat— cuando se repiten en Sant Cugat los casos de donaciones asombrosamente cercanas al 3% de las adjudicaciones. Pero no todos los casos son iguales. Hay empresas —por ejemplo Teyco y Grup Soler, ambas investigadas en el caso 3%— que abonan íntegramente sus donaciones tras la adjudicación del contrato.

Otras, en cambio, empiezan a pagar mucho antes, cuando el concurso sale a licitación o esta está en su inicio. En los dos casos observados —Tau Icesa y Construcciones Pai—, el importe coincide: 25.000 euros. Un constructor con una larga trayectoria en la obra pública, recuerda cómo “a veces, cuando una empresa quería entrar en un nuevo municipio, debía hacer cosas que no hacían las que ya llevan tiempo trabajando allí”. “Ese pago anticipado podía ser la forma de entrar en la rueda y coger algo de ventaja ante empresas que conocían mucho mejor la casa”, asegura.

La sentencia del caso Palau ha sentado muy mal en el Ayuntamiento de Sant Cugat, que incluso ha acusado a sus compañeros de CDC de ensuciar la imagen del municipio. El Consistorio defiende su gestión como “un modelo de transparencia y eficiencia”, una afirmación que —más allá del autoelogio— no está tan alejada de la percepción que tienen varios proveedores municipales consultados. “Sant Cugat es uno de los Ayuntamientos más serios con los que se puede trabajar”, afirma uno de ellos. Tan cierto es lo anterior, sin embargo, como la incomodidad que muestran los propios responsables municipales al conocer los resultados de la investigación realizada por este diario.

Aunque el fallo del Palau es muy reciente y el caso 3% está aún en investigación, las noticias sobre corrupción hace casi una década que planean sobre Sant Cugat. Y, por ahora, el coste electoral ha sido nulo. Juan Rodríguez Teruel, investigador de la Universidad de Valencia, sostiene que “la tolerancia con la corrupción es alta si los hechos reportan algo para los vecinos: los votantes ven primero el polideportivo y solo luego tienen en cuenta las irregularidades”. Teruel alerta también de “la gran distancia temporal entre los hechos y su esclarecimiento judicial, lo que permite diluir su responsabilidad a los partidos”.

Elena Costas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, añade a lo anterior razones relacionadas con la situación política que vive Cataluña: “El debate identitario y la gran polarización complican la rendición de cuentas. Para hacerlo, es necesario que exista una alternativa, algo difícil en estas circunstancias, y para un votante movilizado el coste emocional de abstenerse es muy alto”.

Tampoco los vecinos consultados creen que la corrupción vaya a cambiar mucho las cosas. “En Sant Cugat se vive bien. La renta es alta y el Ayuntamiento tiene medios para ofrecer unos servicios que, aunque siempre mejorables, no son malos. Eso la gente lo vive cada día, mientras la corrupción es algo más difuso”, opina Ferran de Juan.

Más información en: Pagos que enturbian ocho operaciones.

Investigacion@elpais.es

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