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El conflicto con Hacienda pone en peligro la viabilidad de TV3

La cadena pública deberá pagar este año al fisco 20,4 millones de euros por el IVA de las subvenciones

Imagen de una sala de los estudios de TV3 en Sant Joan Despí
Imagen de una sala de los estudios de TV3 en Sant Joan Despí

El director de TV3, Vicent Sanchis, anunciaba hace unos días que la programación de este 2018 no está garantizada. Hacienda reclama a la cadena autonómica 20,4 millones de euros a final de ejercicio, debido a la modificación de la Ley del IVA del 9 de noviembre de 2017. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ya ha anunciado la retirada de algún programa. Un hecho que causa “temor” y “preocupación” entre las productoras externas, responsables de la mayoría de los programas de éxito como Polònia o Merlí. Los medios públicos españoles cifran la reclamación del IVA en 549 millones de euros. 

Desde su fundación en 1983 el organismo público audiovisual ha sido el paraguas de una gran parte de las producciones de medios de comunicación y el motor de la industria audiovisual de Cataluña. Ahora esto podría cambiar, debido a la posible pérdida de capacidad financiera de TV3. En un reciente cambio de interpretación de la Ley del IVA, Hacienda reclama a la CCMA — el ente público dueño de la cadena — 147 millones de euros de los años 2015, 2016 y 2017 que, de momento, se encuentran en litigio a la espera que un juez decida su resolución.

A finales de este año, sin embargo, la televisión catalana sí que deberá pagar 20,4 millones al Ministerio de Cristóbal Montoro. Este será el primer gran reto al que se deberá enfrentar la cadena que planificó sus contenidos de 2018 con la previsión de ese dinero. Con un déficit añadido en publicidad de unos seis millones y medio en 2017, según fuentes de la CCMA, el ente ya ha anunciado un “plan de contención” para reducir el presupuesto de este ejercicio en 39 millones de euros.

El martes pasado el director de TV3, Vicent Sanchis, disparaba todas las alarmas al poner en duda la continuidad de todos los programas de producción externa. Dos días más tarde, Sanchis anunciaba a sus trabajadores un “recorte” en la producción asociada. Desde el Comité de Empresa intentan tranquilizar a la plantilla asegurando que los 2.000 puestos de trabajo no corren peligro. Así lo asegura su presidenta, Roser Mercader, que explica que si el medio público prescinde de la producción externa, esos contenidos los deberán hacer los trabajadores de la casa.

La Ley del IVA afecta a todo el Estado

La Federación de Televisiones Autonómicas (FORTA) asegura que Hacienda reclama a la “mayoría” de medios españoles el IVA de las subvenciones que recibieron entre 2012 y 2015. Fuentes de esta asociación cifran el impacto negativo en 549 millones de euros.

Desde 2014, Hacienda ha ido cambiando de criterio sobre cómo aplicar la Ley del IVA a los medios. La modificación del 9 de noviembre de 2017 entiende que las aportaciones públicas tienen una finalidad comercial y que se deben practicar limitaciones a la deducción del IVA soportado por los operadores públicos. FORTA mantiene que estos criterios “ponen en riesgo la calidad del servicio, el empleo de miles de personas y la propia viabilidad de las cadenas”.

Mercader pide, como solución a este déficit imprevisto, una “aportación extraordinaria” en los siguientes presupuestos, que a falta de un nuevo gobierno se prorrogarán automáticamente. La presidenta del Comité apunta a la situación política en Cataluña con la “situación anómala del 155”, en alusión a la intervención de la Generalitat, como una traba adicional para “conseguir una partida extra”.

“Temor” entre las productoras

La Federación de productoras audiovisuales de Cataluña (PROA) discrepa de la medida de la CCMA para combatir esta pérdida de ingresos y desaprueba que se estén “parando programas que están en parrilla”. Su presidente, Raimon Masllorens, que representa a 172 productoras, reprocha a la Corporación su “precipitación” en el recorte de contenidos “sin un gobierno formado” en el Parlament y que, en cambio, sí haya aumentado, dice, el gasto en las “estructuras” del ente público.

Masllorens asegura que entre las productoras hay “mucha preocupación” y “temor” y no descarta exigir explicaciones por la situación actual de los medios catalanes. Este empresario también sostiene que a la CCMA “se la ha ayudado poco” desde el último Govern de Junts pel Sí.
El organismo público destina a la producción externa entre el 10 y el 20% de su presupuesto. Esta cifra podría reducirse drásticamente a causa del agujero que previsiblemente tendrá la cadena, que cuesta a cada catalán 30 euros anuales, según Comisiones Obreras.

La mayoría de los éxitos de TV3 y que llenan el prime time son espacios elaborados por este tipo de productoras como Polònia (Minoría Absoluta), o la serie Merlí (Veranda TV), que se podrían ver comprometidos. Tarda oberta, el programa magazín de las tardes dejará de emitirse durante este primer trimestre y le podrían seguir otros, como explicaba Sanchis el pasado martes en Catalunya Ràdio.

Las dificultades financieras para TV3 llegan en un momento en que la cadena lidera la audiencia en Cataluña con el 10% de la cuota de pantalla (13,2% si contabilizamos todos los canales de la CCMA), a pesar de algunas críticas que la acusan de manipulación por la cobertura del proceso independentista. Sanchis, ignorando que el conflicto afecta a todas las cadenas españolas, mantiene que la reclamación del IVA es una “maniobra para liquidar” TV3. Sus trabajadores, mientras, piden “dejar de estar en el centro de la bronca política”.

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