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Los municipios exigen 16 millones por los recortes en guarderías

Tras las sentencias favorables a Cornellà, L'Hospitalet y Sant Joan Despí, otros 26 ayuntamientos esperan el fallo a sus demandas

Una guardería de Barcelona.
Una guardería de Barcelona.

Cornellà: 2,4 millones de euros. L’Hospitalet: un millón. Sant Joan Despí: 1,4. Estas son las tres indemnizaciones que la Generalitat tendrá que pagar por haber recortado su aportación a las guarderías públicas. Son las tres primeras sentencias que se conocen de las demandas de 31 municipios contra Enseñanza, cuando la consejera era Irene Rigau. En total, sumando todas las demandas la indemnización podría superar los 14,7 millones.

En 2011, con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat e Irene Rigau al frente de Enseñanza, se emprendieron unos duros recortes que también afectaron a la financiación de las guarderías. Según un acuerdo firmado durante el antecesor de Rigau, Ernest Maragall, el coste de las guarderías públicas, mayoritariamente de titularidad municipal, se repartiría a partes iguales entre Generalitat, Ayuntamientos y familias, lo que se traducía en que cada parte pagaba unos 1.800 euros por plaza anualmente.

Denuncia por la “inactividad” del Govern

Los Ayuntamientos esperan la sentencia de la demanda conjunta, ya que va más allá de la reclamación de la deuda y se centra en denunciar la “inactividad” de Enseñanza. Si el fallo les da la razón, “obligaría a la Generalitat a volver a cofinanciar las guarderías, aunque no fijaría ningún importe”, apunta la abogada Elena Moreno. De momento, las diputaciones siguen destinando partidas a este cometido: 24 millones la de Barcelona, por ejemplo, para el próximo año. Unos fondos que deberían destinarse, entre otras, a las políticas de empleo.

Este modelo saltó por los aires con los recortes y la Generalitat rebajó, de forma retroactiva, su aportación a 1.600 euros para el curso 2010-11 y 1.300 euros para el siguiente. Posteriormente el importe se fijó en 875 euros, pero la Generalitat decidió que no sería ella la que asumiría el recibo y endosó el pago a las diputaciones.

Rigau argumentó entonces que los recursos de la Generalitat eran limitados y se debían destinar a las etapas educativas obligatorias, y las guarderías no lo son. Además, acusaba al Gobierno central de eliminar sus ayudas a la educación infantil. Con todo, Enseñanza reservaba una partida de 40 millones para financiar estos centros infantiles, hasta que en 2015 la fulminó. Posteriormente, el Govern ha admitido que parte de esas partidas —que no se utilizaron porque pagaban las diputaciones— se destinaron a las nóminas de los profesores de la escuela concertada, a pesar de que también había consignada una partida para este personal. Enseñanza defiende que “son ajustes internos del Presupuesto”. “La Generalitat podía decir que no tiene dinero, pero al menos podía habernos citado a sentarnos y negociar un nuevo convenio. Pero la decisión del recorte de la aportación fue unilateral”, se queja la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín.

La sentencia reconoce a los ayuntamientos el derecho a recibir las subvenciones correspondientes a los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-15 porque considera que “la Generalitat mantiene la responsabilidad financiera respecto a las guarderías gestionadas por la Generalitat”, en base a lo que dictamina la ley 5/2004 de creación de guarderías. Sobre la delegación de pago en las diputaciones, el juez considera que “no hay base para considerar que estas ayudas provinciales se hicieran a cuenta y en sustitución de la Generalitat”.

En 2015, un grupo de ayuntamientos de izquierdas, organizados en el Foro de Alcaldes y Alcaldesas por la Educación de Cataluña, liderados por L’Hospitalet, deciden reclamar 11,2 millones —875 euros por plaza y año— a la Generalitat por el impago de las subvenciones de las guarderías. Antes de finalizar el año esta deuda se saldó, pero decidieron llegar a los tribunales para reclamar la diferencia hasta los 1.300 euros.

Cinco municipios (Cornellà, L’Hospitalet, Sant Joan Despí, Esplugues y Sabadell) presentaron demandas, mientras 26 ayuntamientos más (entre ellos, Tarragona y Lleida, aunque la mayoría son municipios pequeños y medianos) tramitaron un contencioso de forma conjunta. Esperan el fallo en breve.

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