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Los partidos esquivan la regulación de los pisos turísticos en sus programas

Solo Catalunya En Comú-Podem, la CUP y el PSC proponen medidas

Protesta contra Airbnb en Barcelona.
Protesta contra Airbnb en Barcelona.

Los partidos que las encuestas apuntan con más opciones para vencer el 21-D — Junts per Catalunya, ERC y Ciudadanos— eluden comprometerse con medidas concretas para regular los pisos turísticos que en Barcelona han generado una fuerte disputa entre el Ayuntamiento de Ada Colau y las plataformas digitales que los gestionan. Solo Catalunya En Comú-Podem, la CUP y, en menor medida, el PSC, analizan la situación y proponen acciones para frenar la proliferación de pisos. Estos partidos proponen más identificaciones e inspecciones de estos alojamientos y la CUP plantea “cerrar” los que no tengan licencia.

Las protestas sobre la llamada turismofobia de este verano en hoteles y terrazas barcelonesas colocaron la gestión del turismo en la agenda pública. Con 17.339 millones de euros ingresados hasta octubre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Cataluña lidera el gasto de turistas en España en un sector que supone el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán, según la Generalitat.

Los partidos que las encuestas sitúan mejor posicionados para ganar (Junts per Catalunya, ERC y Ciudadanos), sin embargo, no definen en sus programas electorales un modelo claro que aborde asuntos como la “masificación turística” denunciada por movimientos vecinales ni la regulación de las plataformas que alquilan viviendas turísticas. Catalunya en Comú-Podem y la CUP sí cargan las tintas contra empresas como Airbnb o Homeaway.

Catalunya en Comú-Podem cree que estas plataformas suponen “una enorme destrucción de trabajo” y “favorece nuevas formas de economía sumergida”. Por ello, los comunes apuestan por “poner freno a la presión de los usos turísticos sobre la vivienda” y por “regular” sus actividades “en relación con el trabajo”, aunque no detallan cómo hacerlo.

La coalición de Xavier Domènech y la CUP apuestan por políticas encaminadas al “decrecimiento” del número de turistas que visitan Cataluña, que en 2016 se cifró en 17 millones, la comunidad con más llegadas. Los anticapitalistas proponen “identificar”, realizar “inspecciones y si hace falta cerrar” los alojamientos de uso turístico sin licencia que, en el caso de Airbnb, el Ayuntamiento de Barcelona estima en el 40%. El partido antisistema quiere “clausurar” los cerca de 50 albergues juveniles o hostels que hay en el territorio. También “combatirá” los parques temáticos y proyectos como Barcelona World y plantea subir el impuesto del juego del 10 al 55%.

La CUP apuesta por destinar la tasa turística, que en 2016 recaudó 47,6 millones, a “políticas de acceso a la vivienda”. El PSC quiere que los municipios tengan más protagonismo y ERC propone que sirva para financiar y mejorar productos y espacios turísticos.

Ni ERC ni Junts per Catalunya, antes socios de gobierno, mencionan los pisos turísticos en su programa. Tampoco lo hace Ciudadanos, que centra su argumentario en “recuperar la imagen de Cataluña como destino turístico de referencia”, señalando los hechos del referéndum ilegal del 1 de octubre como el causante del descenso de turistas de las últimas semanas. Los socialistas sí prometen que “agotaran la capacidad normativa e inspectora en la calidad y el cumplimiento legal y fiscal” de estas plataformas y a “regular la oferta ilegal de apartamentos turísticos” con los municipios. El PP no contempla ninguna medida sobre turismo, excepto la promesa de incentivar el “turismo de pesca”.

 

La CUP y los ‘comunes’ reivindican mejores salarios

Con mayor o menor concreción, todos los partidos, excepto PP y Ciudadanos, plantean que los beneficios del turismo, que en Cataluña genera el 14% de ocupación, sirvan para mejorar los salarios de los trabajadores del sector, pero son los comunes y la CUP los que denuncian con más intensidad la precariedad laboral. Catalunya En Comú-Podem propone un “sello de calidad social” para los establecimientos “respetuosos con los derechos laborales” y un “plan integral contra el abuso y la explotación laboral” que incluya campañas para detectar estas situaciones. La lista de Xavier Domènech sugiere la creación de un “Observatorio Laboral del Sector Turístico” para evitar condiciones laborales como las que exponen las kellys, las trabajadoras de la limpieza que denuncian que cobran 2,15 euros por limpiar una habitación de hotel. La CUP quiere “garantizar la dignidad en las profesiones del sector y, para ello, propone “impedir” que haya trabajadores fuera del convenio.

La lista anticapitalista promete “revisar los privilegios de las empresas turísticas”, así como “mantener el IVA reducido” y “proteger” el turismo comercial frente a las grandes organizaciones. La gestión de los equipamientos culturales públicos “ha de ser pública”, dice la CUP, que es partidaria del acceso “gratuito” y “precios populares” para las entradas a los vecinos. También proponen cerrar los consorcios turísticos y “devolver” sus funciones a la Administración.